martes, 17 de agosto de 2010

La Guardería ABC

Nacional
El proyecto responsabiliza a 14 funcionarios de violar los derechos humanos
La Guardería ABC
Por: Carlos Damián 11 de Agosto, 2010
Miembros de la corte consideran que se debe incluir todos los informes
México.- Un año y días después que ocurrió la tragedia en la Guardería ABC, nadie es culpable y las cárceles esperando ser ocupadas por los responsables del asesinato de 49 niños y sus padres aún esperan justicia de parte del estado, aunque sea tarde. Ahora interviene el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emprende hoy la discusión del dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, en el que responsabiliza a 14 funcionarios de la violación grave de garantías individuales en el caso.

El primer tema que discutirán los ministros será si la investigación sobre el asunto fue suficiente. Trascendió que algunos ministros consideran que después de que se hizo público el dictamen de un especialista estadounidense, según el cual el incendio en la estancia infantil fue provocado. Tal tema se incluirá en el debate. Si prospera la idea, implicaría aplazar la discusión del asunto al menos unos días. En cambio otros ministros han expresado en privado a sus colaboradores que la aparición del nuevo peritaje no tiene por qué influir en la decisión que adopte el máximo tribunal.

Violación de los derechos humanos
Porque su encomienda es determinar si los funcionarios involucrados violaron las garantías individuales de los 49 niños que fallecieron y de los 104 que resultaron heridos. De esto dependería si los juzgadores consideran suficientes para señalar la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados. Particularmente de Juan Molinar Horcasitas, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y actual secretario de Comunicaciones y Transportes: Daniel Karam, director del IMSS, y Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, como lo plantea el dictamen.

Una vez superado el tema, hay ministros que incluirán en la discusión dos asuntos que el dictamen de Arturo Zaldívar no contempla. Ministros consultados señalaron que aun cuando apoyan en términos generales el dictamen de Zaldívar, este juez dejó un tema fuera ladinamente en el cual la Corte debe pronunciarse: la constitucionalidad del sistema de subrogación de guarderías a particulares. Llamaron la atención la Comisión de Magistrados sobre un documento que dice que en las pasadas tres décadas el IMSS otorgó contratos para guarderías subrogadas sin tener facultades constitucionales para ello.

Lo anterior porque la Ley Federal del Trabajo (LFT) no prevé que el IMSS delegue en particulares la responsabilidad de cuidar a los hijos de los trabajadores. La legislación señala que los patrones pueden abrir guarderías en los centros de trabajo nada más; en estos temas distractores de los ministros, también serían acusados los funcionarios públicos de violentar las garantías individuales.

En concreto, la idea es que los dueños de la guardería ABC: Gildardo Urquides, ex secretario de finanzas del PRI en Sonora, y las señoras Marcia Gómez del Campo –familiar de Margarita Zavala, esposa del presidente de México- y Sandra Téllez Nieves también respondan por la violación grave de garantías, al igual que los funcionarios involucrados. Esto independientemente de las posibles sanciones penales y civiles que se hagan responsables los culpables de acuerdo a la averiguación previa que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) sobre esos hechos.

Fallo de la Corte no anula pesquisas sobre guarderías
El fallo de la Corte fue unilateral y miserable porque no acusa a todos los funcionarios involucrados. Los peces gordos fueron exonerados porque fueron a cabildear. El presidente de la Comisión especial para analizar los esquemas de tercerización de servicios en el sector público de la Cámara de Diputados, Emilio Serrano, anunció que denunciará a los ministros de la SCJN José Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Valls Hernández por prevaricación –delito que consiste en que una autoridad, juez o funcionario dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que ésta es injusta- ante la procuraduría general de la República (PGR), y demandó a la PGR dé entrada a la denuncia penal.

Serrano adujo, el delito de los ministros se configuró, porque votaron en contra del dictamen del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, cuando sabían que tenían conflicto de intereses en el tema. “Los miembros de la SCJN que votaron en contra del dictamen del ministro Zaldívar Lelo dieron a entender que en México no pasa nada”. El legislador del PRD añadió que en el caso de la guardería “tal parece que se hizo una componenda: prepararon muy bien el terreno, después del cabildeo de secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont que hizo con los jueces de la corte.

Después del cabildeo que hizo Juan Molinar Horcasitas, le siguió Eduardo Bours, ahora resulta que prepararon muy bien la diferencia de votos, seis en contra del proyecto de dictamen y cinco a favor, lo que fue reconocido y aplaudido por la sociedad mexicana. La justicia llega tarde pero ya no es justicia. (La Jornada, política, p. 20, 14 de junio, 2010).

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