El poder de las trasnacionales

Nacional
Funcionarios reciben bonos de las petroleras según el número de licencias expedidas
El poder de las trasnacionales
Por: Carlos Damián 5 de Agosto, 2010
El Congreso podría imponer a BP in límite compensatorio mas elevado que el vigente de 75 mdd
México. –El servicio de manejo de minerales (MMS), la agencia del gobierno estadounidense encargada de regular las operaciones de perforación petrolera en el mar, ignoró informes científicos sobre potenciales riesgos ambientales al extender nuevos permisos para esas actividades. El terrible desastre ecológico en el Golfo de México se encuentra envuelta la British Petroleum (BP), comenzó el 20 de abril con la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, se menciona que funcionarios de la agencia con frecuencia manipularon documentos y desacataron normas legales destinadas a proteger el ambiente marino.

Se destaca que funcionarios del MMS suelen recibir bonos en efectivo de las petroleras sobre la base del número de permisos de perforación expedidos, por lo que se apunta que todas estas prácticas debilitan “drásticamente” la capacidad de supervisión científica como se establece en la Ley de Protección de Mamíferos Marinos y la ley Nacional de Política del Medio Ambiente. Tanto durante el actual gobierno de Barack Obama, como en el anterior de George W. Bush fueron ignoradas las alertas emitidas por científicos de la Administración Nacional Oceánica y del Medio Ambiente (NOAA), y de la Comisión de Mamíferos Marinos en medio de una “guerra entre los biólogos y los ingenieros.”

Hay un creciente malestar popular contra las operaciones petroleras de las trasnacionales frente a las costas, mientras que el presidente Obama se ha visto obligado a detener los planes para abrir nuevas zonas a la exploración mar adentro, en espera de que se resuelva los que se considera ya como uno de los mayores derrames en la historia del país.

El poder de las Compañías petroleras
El vertido del petróleo en las aguas del Atlántico , no solo es un desastre ambiental, sino también político, y se ha convertido en un quebradero de cabeza para la administración federal actual, a quién se le acusa por los afectados directos –Alabama. Luisiana, Misisipí y Florida- de no haber actuado en forma eficiente y enérgica ante la crisis.

El jefe de estado, ha anunciado una serie de acciones para deslindar responsabilidades por el accidente, y ayer la Casa Blanca anunció que exigirá a la trasnacional que deposite en una cuenta manejada por un tercero los fondos que paguen los daños que ha causado la fuga. Aunque las intenciones de Obama hacia la petrolera: BP. No han transitado, de lo retórico al terreno de los hechos, sus regaños han causado tensión en las relaciones entre Washington y Londres: el primer ministro británico, David Camerón, manifestó hace unos días el respaldo de su gobierno al presidente de la petrolera, Carl-Henric Svanberg, a quien el mandatario estadounidense ha criticado acremente por su torpeza en el manejo de la crisis.

La situación económico – política pone de relieve el enorme poder fáctico que poseen los grandes conglomerados industriales, financieros y comerciales en el mundo contemporáneo. En la situación presente, el gobierno de Estados Unidos se ha limitado a pedir, con perspectivas inciertas, que la firma británica garantice el pago de los daños causados por el estallido de la plataforma Deepwater Horizon y el consiguiente derrame de crudo en el mar, pero nadie hasta ahora, ha puesto sobre la mesa la necesidad de ir más allá de acciones relativas y de implantar medidas preventivas de control de las actividades de los consorcios trasnacionales.

Es significativo que estas acciones no las hayan hecho los gobiernos de los países sedes de tales consorcios y menos pueden hacerlo las naciones en desarrollo, cuyas instituciones políticas tienen una capacidad disminuida de velar por la integridad ambiental y por la soberanía. Como antecedente en el caso de México, cabe recordar que los riesgos o los daños ambientales introducidos por empresas mineras han sido soslayados por el gobierno, y es claro que éste carece de la capacidad para hacer frente al vasto poderío de una trasnacional como BP en una circunstancia semejante a la del accidente de la plataforma Deepwater Horizon.

La consideración no es ociosa, pues hace dos años la actual administración se empeñó en modificar el marco legal de la industria petrolera para permitir que consorcios semejantes a BP, pudieran incursionar en aguas profundas del mar territorial. Los argumentos en torno a la campaña oficial era, que esas trasnacionales poseían tecnología petrolera igual a la accidentada plataforma frente a las costas de Luisiana. Que este episodio resulte en un escarmiento para los sectores gubernamentales y privados que proponen la explotación petrolera a pesar de estos hechos devastadores mar adentro, en insistir y aferrarse a la idea de pozos petroleros porque la tecnología “es muy avanzada y segura” , a pesar de los hechos. (La Jornada, opinion, p. 4, 14 de Junio, 2010).