Los indígenas americanos

Nacional
Ellos continúan su protesta por la decisión de la SCJN de liberar a asesinos
Los indígenas americanos
Por: Carlos Damián 30 de Agosto, 2010
Las indígenas dicen que las amenazan de muerte por “chismosas”
México.- En Oaxaca, Oaxaca. Este domingo 16 de mayo, cerca de las 10 de la mañana, los pistoleros de la Unión de Bienestar social de la región Triqui (Ubisort), que retenían por la fuerza a seis mujeres indígenas del municipio del municipio autónomo de San Juan Copala y a seis niños (dos de ellos bebés), permitieron que el grupo continuara su camino y regresara a su comunidad. El virtual secuestro duró cerca de 10 horas, desde las siete de la tarde del sábado.

A su llegada al pueblo las mujeres aseguraron que el grupo armado las amenazó de muerte y les robó dinero que les entregó el Programa Oportunidades, además de los víveres que habían comprado en la cabecera de Juxtlahuaca. Desde San Juan Copala, una de las indígenas Xola de la Cruz del grupo denunció que el sábado, a primeras horas de la tarde fueron encañonadas por 15 hombres encabezados por los dirigentes de Ubisort, Rufino y Anastasio Juárez, caciques locales. Cerca de 20 mujeres que iban en el grupo lograron escapar.

Las seis retenidas fueron obligadas a permanecer arrodilladas hasta que anocheció, encañonadas por los hombres que cortaban cartucho y disparaban al aire cerca de ellas y los niños. Dijeron que fueron forzadas a pasar la noche en un cuartel militar abandonado a pocos kilómetros de San Juan Copala. Según la denuncia de Xola que posteriormente sería presentada en el Ministerio Público siempre y cuando hubiera garantías de protección para salir del pueblo, Rufino Juárez se presentó ante ellas el domingo por la mañana preguntándoles: “Quién de ustedes fue la chismosa que avisó a Oaxaca”.

Por su parte Ubisort se deslindó de la agresión y desaparición de las mujeres que fueron a recibir los recursos del organismo social mexicano, Oportunidades. En la capital del estado, la Comisión de justicia y Paz de la Arquidiocesis de Antequera denunció que desde la noche anterior la retención del grupo de mujeres que se aventuraron a acudir a Santiago Juxtlahuaca y recibir ahí los apoyos de Oportunidades. Por su parte el Comisionado de Derechos Humanos del municipio autónomo. Jorge Albino, dio a conocer los hechos. Después de amagarlas nuevamente y advertirles que si los pobladores de Copala “no se afilian al PRI los vamos a matar a todos”, les permitieron continuar su camino una a una. Donde algunas de ellas no denunciaran los hechos por temor a que las maten.

Los asesinos se pasean por comunidades y caminos
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Unos 200 indígenas de la organización civil Las Abejas marcharon en esta ciudad y realizaron unas jornadas de 12 horas de acción por la justicia y el no olvido, para “seguir protestando” por la decisión del Poder Judicial Federal que hace un año liberó a 29 tzotziles acusados de haber participado en la matanza de 45 indígenas en Acteal el 22 de diciembre de 1997, como resultado de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ N), y para que “no se borre de la memoria esa injusticia”.

La agrupación denunció que los 29 excarcelados “se pasean libremente por las comunidades y caminos” de Chenalhó, a pesar de que las autoridades estatales les compraron tierras en otra zona para evitar que regresaran a sus parajes y se generaran confrontaciones. Sobrevivientes de la matanza manifestaron que la presencia de los “paramilitares” liberados representa un peligro para su seguridad porque “las armas usadas en la masacre continúan escondidas en las comunidades, ya que el gobierno nunca los desarmó”.

También Elena, sobreviviente del genocidio, dice: “Los liberados fueron los que mataron a nuestros familiares. Yo no tengo miedo a decirlo porque estoy diciendo la verdad; soy sobreviviente, estuve el día cuando fue la masacre de 45 asesinados: nadie me puede decir que estoy inventando ni acusarme de mentirosa”.

Después de la manifestación por calles de San Cristóbal, José A. Jiménez Pérez, leyó un comunicado “la masacre de Acteal es un crimen de estado que no se olvida: nuestra lucha por la verdad y la justicia no se negocia ni se condiciona con dinero o migajas y desechos del mal gobierno” y exigió castigo para los “autores intelectuales” de la matanza: El ex presidente Ernesto Zedillo, ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet, el ex gobernador Julio César Ruiz y el comandante de la séptima Zona militar Mario Renán Castillo. Después de 12 años y medio del genocidio, quedan en prisión 52 tzotziles sentenciados por los hechos y 27 órdenes de aprehensión ejecutadas. (La Jornada, política, p. 18, 13 de agosto, 2010).