Corrupción y responsabilidades

Nacional
Festejos por el centenario
Corrupción y responsabilidades
Por: Carlos Damián 1 de Septiembre, 2010
Extravíos oficiales
México.- En el contexto de la expo Guanajuato. El ejecutivo federal, Felipe Calderón H., señaló que los festejos por el bicentenario de la independencia y centenario de la revolución no son patrimonio de “grupos, ni de parcialidades, sino de todos los mexicanos”, y que deben ser un factor de unidad nacional. Tales señalamientos coinciden con las críticas de diversos sectores de la oposición en esa entidad por el uso indiscriminado de recursos financieros en la referida exposición, y por la opacidad con que se han conducido las autoridades federales y estatales en el manejo del dinero público dedicado a tales festejos.

Lo anterior ocurre en un contexto generalizado de la frivolidad, la improvisación y falta de seriedad en la organización, a cargo del gobierno federal, de los actos conmemorativos por las dos más importantes efemérides republicanas en el país. Mientras en otras naciones del continente la celebración por los bicentenarios de las gestas independientes ha servido como pretexto para la reflexión y el análisis del pasado y para la superación de agravios históricos, en México las autoridades han realizado un dispendio injustificable, insensible y poco transparente de recursos públicos en obras y espectáculos faraónicos, que contravienen la promesa del gobierno de Calderón de tener un festejo “austero, pero inolvidable”.

Más preocupante resulta el empeño del grupo gobernante por vincular, en forma errónea y por demás improcedente, las gestas armadas de hace 100 y 200 años con la cruzada personal del Sr. Presidente contra los narcotraficantes que se desarrolla actualmente en el país, para muestra basta un botón: en Guanajuato el Sr. Calderón nos señala que es “en la amenaza a la seguridad” pública donde está el mayor amago a la libertad conquistada. Más aún el uso en el discurso oficial de expresiones como “enemigos”, “traidores de la patria” para referirse a los infractores de la ley sesga la percepción pública de los fenómenos delictivos y desorienta a la población.

Por otra parte las arengas oficiales a celebrar la “libertad”, la “igualdad de oportunidades”, la “pluralidad” y los “valores democráticos” guardan poca o ninguna relación con las preferencias que se desprenden de la orientación ideológica y de las acciones de los gobiernos recientes, incluido el actual. No es necesario acudir a determinismos históricos para concluir que en el momento actual, el país enfrenta una situación crítica en diversos frentes, y que la institucionalidad nacional en su conjunto no parece capaz de reconocerla y atenderla. En ese sentido, el evidente extravío oficial en la organización de los festejos bicentenarios.

Corrupción y responsabilidades
El zafarrancho del fin de semana (7-8 de agosto) en Ciudad Juárez, Chihuahua, derivó en el relevo de cuatro mandos de la Policía Federal (PF), plantea tareas ineludibles para el gobierno federal en lo que se refiere a la política de la seguridad pública actual. La primera de ellas consiste en esclarecer los mecanismos y condiciones que permitieron el nombramiento de funcionarios que tienen vínculos con el narcotráfico y son culpables de diversos delitos, deslindar las responsabilidades correspondientes por lo que se presenta, ante la opinión pública, como una confirmación de una intrincada red de corrupción y complicidades entre los grupos delictivos y las instancias de seguridad del poder público.

La gravedad de las acusaciones obliga a presumir alguna responsabilidad de funcionarios de niveles superiores, empezando por los que realizaron los nombramientos correspondientes y entregaron a manos presuntamente coludidos con los cárteles de narcotraficantes el control policíaco de la convulsionada localidad fronteriza. En una perspectiva más amplia, el hecho que se comenta confirma la inviabilidad de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que el gobierno federal inició más de tres años. En este lapso, a pesar de la proliferación de anuncios sobre “golpes demoledores” a la estructura de los cárteles de la droga, la sociedad no ha percibido una reducción substantiva en el margen de maniobra y en el poderío bélico y económico de las organizaciones delictivas.
Ello desnuda la imprevisión de una estrategia que se concentró en la persecución policiaco – militar de los infractores de la ley sin antes sanear un entorno en el que las instancias del poder público se ha revelado, en no pocos casos, como instrumentos al servicio de narcotraficantes, de bandas dedicadas al secuestro o de otras expresiones delictivas. Aun más, el episodio adquiere especial importancia en el momento en el que se plantea, a iniciativa del ejecutivo federal, la posibilidad de crear una nueva corporación policíaca que operaría bajo un mando único en cada entidad de México.
En un intento por reforzar esa propuesta, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, señaló el pasado sábado que el crimen organizado destina mensualmente más de mil 200 millones de pesos para corromper policías municipales del país, pero omitió hablar de la podredumbre existente en la PF, exhibida por sus propios integrantes. Tampoco se puede garantizar que esté blindado a la corrupción el ejército y la marina. La vigencia del estado de derecho requiere, en primer lugar que quienes detentan el poder público cumplan las leyes honestamente. Deberán terminar con la corrupción, la impunidad, y la pobreza. Si esto no sucede no podrá combatirse a la delincuencia y terminar con la violencia que recorre el territorio nacional como un caballo desbocado. (La Jornada, política, p.p. 4-5, 9 de agosto, 2010).