Ley Federal del Trabajo

Nacional
Gobierno federal anti-sindicalista
Ley Federal del Trabajo
Por: Carlos Damián 3 de Septiembre, 2010
Sindicalismo independiente en México
México.- Es bastante explicito el odio de clase hacia los obreros y empleados en México del gobierno federal, para muestra los siguientes botones: el desconocimiento del líder del sindicato minero (STMSRM) con Napoleón Gómez Urrutia, la liquidación por decreto presidencial del sindicato de electricistas (SME) con 44 mil trabajadores en la calle de la noche a la mañana, sindicatos con una trayectoria independiente de la línea oficial, y ahora el turno es del sindicato de pilotos y sobrecargos en la Compañía Mexicana de Aviación (CMA).

Los conflictos que ha provocado el gobierno federal ha tenido una actitud reaccionaria y neoliberal que viene a reforzar la tesis que pretende acabar con las organizaciones sindicales democráticas con el uso ilegítimo de las disposiciones fascistas de la ley Federal del Trabajo (LFT) en materia colectiva, heredadas desde 1931 de la Carta de Lavoro, impuesta por Benito Mussolini en Italia, que Plutarco Elías Calles conoció en su visita de vacaciones al país de la bota y transmitió puntual a Ortiz Rubio para que apareciera en la legislación mexicana.

Dos puntos son las características esenciales de esa política oligárquica: el registro y la toma de nota de los sindicatos y la constitución de juntas de conciliación y arbitraje que heredaron del código italiano: tribunales dependientes del Poder Ejecutivo como lo son las juntas en México (JCA). Para cerrar la mina de Cananea no ha sido tarea fácil para el gobierno federal dar por terminadas las relaciones laborables y conseguir un sindicato blanco que los venda. Esto porque es una concesión estatal y la empresa había obtenido ganancias millonarias.

Dado el evidente fracaso en declarar inexistente la huelga, la empresa y el gobierno federal decidieron asumir el costo de la mentira, confiando en que la población no entendiera y pronto olvidara; Germán Larrea, socio de Televisa, coadyuvaría en este propósito. Se ordenó entonces a la Secretaría de Economía que elaborara un dictamen que justificar el cierre de la mina, y se dieron instrucciones para que en una operación relámpago la JCA desahogara la pantomima de un juicio que normalmente dura varios años. El 14 de abril de 2009, sacaron del cajón un laudo que ordena el cierre de la mina, y por tanto extinguir la huelga, el contrato colectivo, la titularidad del sindicato minero, y ordenar la desaparición de las relaciones individuales de trabajo. De esta maniobra no hay precedente laboral y por esta razón ha generado tanta controversia.

Sin embargo lo que es evidente es la complicidad oficial con estas maniobras de golpear a los sindicatos, que parece que el propio gobierno los prepara, ejecuta y pone bajo la custodia de Javier Lozano, que es un campeón para reventar sindicatos independientes y dejar a los trabajadores en la calle. En esta línea el PAN paga la factura en beneficio del sector empresarial. Los dos proyectos de Ley Federal de Trabajo (LFT), una en tiempos de Carlos Abascal y la reciente es producto de Javier Lozano y Coparmex, hecha para destruir los derechos básicos de los trabajadores.

En este último trabajo de proyecto de LFT abundan los contratos a prueba y los temporales. Lo que han colocado como novedad es el outsourcing, es una oficina de contratación de trabajadores independiente de la compañía donde realmente trabajan los trabajadores y empleados. Estas oficinas con un contrato colectivo de protección son independientes de la fuente de trabajo y alquilan al trabajador, inclusive con fianzas, para que no haya conflictos laborales a las empresas. Lo que exime a la empresa de pagar utilidades y una libertad de despido cuyas consecuencias asume la empresa arrendadora que ya se encargará de evitar esos problemas con la intervención de su sindicato hecho por la oficina encargada de alquilar trabajadores.

En México para detener los derechos laborales de los trabajadores se creó una especie de sindicato de protección llamado “sindicato blanco” que pretende imponerse a los obreros y empleados, con un negro historial en la trayectoria sindical en la República mexicana (La Jornada, junio 11, 10). Pertenece a una federación creada y controlada por el Grupo empresarial de Monterrey; hasta hace poco tenía tan solo 100 afiliados y ha sido utilizada por Grupo Minera México para contar con una organización que responda a sus intereses en su largo combate contra el sindicato minero. El contrato colectivo firmado con este sindicato precariza las condiciones de trabajo y los salarios, para que la empresa optimice sus ganancias.

Este último concepto de alquilar trabajadores en México es un vicio intolerable que los empresarios han impulsado para evitar gastos laborables que asume el arrendador y solo con pagarle un salario la empresa se ahorra una gran cantidad de dinero pero el trabajador se queda sin IMSS, sin bonos de navidad y vacaciones vacías. Una solución propuesta sería suprimir las JCA y crear jueces de lo social dependientes del Poder Judicial, como se hizo en España al advenimiento de la democracia. Hay soluciones pero el destino de éstas es incierto en este México oligárquico. (La Jornada, opinión, p. 19, 8 de agosto, 2010).