Colombia

Nacional
Percepciones de la guerra contrarrevolucionaria
Colombia
Por: Carlos Damián 24 de Agosto, 2010
Perspectivas del cambio de gobierno
México.- La guerra contrarrevolucionaria tuvo su origen en la Escuela Francesa, y tras su derrota en Dien Bien Phu, fue aplicada por el ejército galo en Argelia. Se basa en la guerra sucia, expresión acuñada en 1948 por oficiales franceses en Indochina, donde aplicaron suplicios que no envidiaban nada a los de la Gestapo, alemana. Los métodos de la guerra sucia incluían tareas de inteligencia, la acción sicológica, la institucionalización de la tortura, ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzosa. Y masiva de “enemigos”, según la técnica inaugurada por Adolf Hitler con su decreto “noche y niebla”, de 1941.

Esas metodologías eran ejecutadas por comandos clandestinos del ejército, lo que a su vez requería de una justicia a la medida de los militares y leyes propias de un estado de excepción; ergo, la subordinación de la autoridad civil al poder militar. Importada por John F. Kennedy (JFK). El apóstol de la guerra contrarrevolucionaria JFK, se extenderá a toda América Latina, y de la mano de la Doctrina de Seguridad Nacional (NSD, en inglés), los manuales de instrucción de la CIA y los escuadrones de la muerte, dirigida desde Washington por el Secretario de estado Henry Kissinger.

En el contexto de una guerra sucia contrainsurgente que dura ya más de cuatro décadas en Colombia, la política de Seguridad Democrática de (Álvaro Uribe, que persigue una solución militar a un conflicto político- económico, ha utilizado la mentira sistemática como arma de guerra (Goebbels). Una modalidad del terrorismo militar y mediático, es lo que en ese país se conoce “falsos positivos”. En la práctica, esa política reportada como resultados positivos de la acción gubernamental contra grupos ilegales, ha implicado un incremento de las ejecuciones extrajudiciales de civiles no combatientes por parte del ejército, que luego son presentados como guerrilleros “muertos en combate”.

El asesinato de civiles inocentes (mil 800, según la ONU, principalmente jóvenes campesinos pobres) como práctica para inflarlos números de bajas causadas al “enemigo” (body count) sirve para medir el progreso de la lucha contra las guerrillas. Esa modalidad incentiva las violaciones a los derechos humanos y es utilizada por oficiales del ejército que tratan de cumplir su “cuota” para impresionar a sus superiores jerárquicos y obtener ascensos. Está ligada al sistema de recompensas, permisos y ayudas económicas que establece el Programa de Seguridad Democrática de Uribe.

En el marco de la segunda fase del Plan México (Iniciativa Mérida) y de la “guerra” de Calderón contra un enemigo funcional y difuso, se ha incrementado el accionar de grupos paramilitares y de limpieza social, que en clave de contrainsurgencia han dejado un alto saldo de victimas civiles (29 en abril). Muertes de mexicanos minimizadas por Calderón y presentadas por el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, como “daños colaterales” de una guerra urbana irregular contra la delincuencia. Siempre y cuando por la condición clase de las víctimas, su pertenencia a instituciones de alcurnia o por su alta visibilidad mediática, no se llegue a decodificar y exhibir la premisa principal del régimen: todos los muertos son “sicarios” o “pandilleros” hasta que se demuestre lo contrario, código napoleónico.

Perspectivas del gobierno de Colombia
La salida de Álvaro Uribe Vélez del Palacio de Nariño a la transición de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia es por sí sola una buena noticia por las tensiones que se habían configurado en meses recientes con su homólogo Hugo Chávez, presidente de Venezuela. La beligerancia de la que hizo gala Uribe su antecesor fue un factor de riesgo en Sudamérica y una amenaza constante a los vecinos, tales como: Ecuador y Venezuela. El giro discursivo que presentó Santos – que se presentó como “diplomático” antes que “soldado”- representa un gesto positivo. No puede pasarse por alto que el nuevo mandatario representa una clase política que es responsable de la violencia que afecta a Colombia, y de las tensiones crecientes con sus naciones vecinas.

El actual gobernante arrastra una gran responsabilidad por el caso de los llamados “falsos positivos”. En cuanto hace al ámbito externo, no puede omitirse que Santos desempeño un papel central, siendo ministro de Defensa de Uribe, en el bombardeo a la localidad de Sucumbíos, en Ecuador, en el que murió el líder rebelde Raúl Reyes en marzo de 2009, así como en la suscripción del acuerdo por el cual avaló el establecimiento de bases militares de Estados Unidos en su territorio, medida que es, hasta la fecha un componente principal del descontento y la desconfianza de las naciones vecinas hacia el gobierno de Bogotá.

Finalmente, para lograr la plena vigencia de derechos en Colombia y redimensionar la proyección de ese país ante la región y frente al mundo. El actual gobernante de Colombia deberá adoptar medidas mucho más profundas y trascendentes que las esbozadas ayer en su discurso de investidura, y si acaso la más complicada, consiste en desprenderse de la herencia ideológica, política y social de su antecesor. (La Jornada, opinión, p. 6, 8 de Agosto, 2010).