La insensibilidad y miopía

Nacional
Seguridad y pobreza
La insensibilidad y miopía
Por: Carlos Damián 24 de Septiembre, 2010
Habrá dinero si el gobierno federal se decide a gravar con impuestos a grandes corporativos y fortunas personales
México.- En la lucha contra el crimen organizado “ningún gobierno tiene el derecho de hacerse a un lado. Es responsabilidad de todos atajar con la fuerza del Estado a quienes pretenden frustrar nuestra convivencia y no admite fisura alguna”, afirmó el Subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, al participar en el Congreso Internacional: Uso de la Fuerza Pública en un estado Democrático de Derecho.

El funcionario reconoció, que a dos años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, los resultados no son los esperados, porque no son tangibles para los ciudadanos, Indicó, aún así se tiene que hacer un balance de que se ha cumplido y lo que falta por todos los signatarios, y con independencia buscar el fortalecimiento de los compromisos y realizar nuevas acciones.

Para el funcionario, “quizá el nivel de la amenaza es equivalente a un conflicto de larga envergadura –Colombia tiene 40 años-, porque los delincuentes no tienen compás moral. Están bien armados y se disputan territorios, porque son organizaciones con una estructura disciplinaria importante, tienen capacidad de reclutamiento, financiera y de cooptación en instituciones”. También consideró necesario incrementar la capacidad de fuego que utilizan las corporaciones policíacas para repeler grupos criminales, también se deben “reordenar los modelos policiales y disminuir la capacidad de fuego de los adversarios, porque si no se tendría una espiral de nunca acabar”.

Insensibilidad y miopía del ejecutivo federal
El ejecutivo federal formuló una advertencia, en el sentido de que se debe reasignar a las tareas de combate a la delincuencia el gasto de programas gubernamentales “que no han dado los resultados esperados”, ha sido objeto de críticas y rechazo porque se presenta como un intento injustificable de presionar a los legisladores y una demostración de la comprensión incompleta y sesgada de los fenómenos delictivos.

Desde que la actual administración emprendió, hace tres años y medio. “la guerra del narco” lo realizó con espectaculares operativos y desplazamientos de soldados y policías por todo el territorio nacional con el propósito de restablecer el estado de derecho y seguridad en regiones controladas por los cárteles del narcotráfico. Gran cantidad de voces se escucharon dentro de la sociedad, y la clase política señalando que los métodos y técnicas eran equívocos, ya que la violencia no se responde sólo con violencia.

En ese marco teórico, más que combatir a la delincuencia mediante la vía policíaco-militar, lo necesario sería erradicar las determinantes sociales y económicas que gesta ese fenómeno: miseria, desigualdad, falta de educación, ínfimos niveles de vida de grandes sectores de la población, insalubridad y ruptura del tejido social provocada por las privatizaciones, las aperturas salvajes de los mercados nacionales, y la liquidación de las políticas sociales.

En el contexto de la administración pública federal habrían debido producirse, ciertamente desde hace mucho tiempo, recortes drásticos a los exasperantes gastos gubernamentales y a las sobradas remuneraciones y prestaciones de que gozan los altos cuadros de la burocracia. En la circunstancia actual sería insensato, sin embargo sostener que los recursos resultantes deben ser utilizados en el combate al crimen: las propias dependencias encargadas de esa tarea han incurrido en subejercicios y dispendios injustificables de los presupuestos que les son asignados y darles más recursos implicaría, alimentar la violencia cruenta y confusa que recorre el territorio nacional.

Al contrario, ese dinero debiera destinarse a fortalecer el combate a la pobreza y a mejorar la salud y la educación de la población, acciones que tendrían que ser vistas como la mejor vía para lograr una victoria contundente y a largo plazo sobre la delincuencia. Pero supongamos que se necesiten recursos para profundizar su estrategia anti-cártel, es claro que el gobierno federal los obtendría sin necesidad de incrementar la carga fiscal a los sectores mayoritarios, pero si se decidiera a cobrar los impuestos a las grandes corporaciones nacionales, trasnacionales y además a las fortunas personales que resultan beneficiadas por tratamientos fiscales especiales (evasión, elusión, y retorno de impuestos por ser los más ricos del orbe).

Si atendiera a la añeja demanda de gravar con impuestos las operaciones bursátiles y las actividades especulativas, cesando la práctica de rematar porciones enteras de la propiedad pública (LFC, Aeroméxico, Mineros, CMA, Satmex, y otras paraestatales que escapan a la memoria). En cuanto a la venta de la fibra óptica de la Compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), que la instaló en toda la República Mexicana con gasto del erario público. Resulta ilustrativo la compra de 30 mega hertzios de espectro radioeléctrico por parte de Televisa y Nextel: de acuerdo con el legislador Javier Corral (PAN), la operación representa un desfalco al erario de 6 mil 690 millones de pesos. Por desgracia a juzgar de los señalamientos referidos, no parece haber altura de miras ni voluntad en el grupo gobernante para avanzar en ese sentido. (La Jornada, política, p.p. 4-13, 21 de agosto, 2010).