El ACTA

Nacional
Habría restricción a la libertad de expresión
El ACTA atenta contra derecho de libertad de expresión
Por: Carlos Damián 25 de Julio, 2012
Este acuerdo afectará a la transición del país a una “sociedad de información”
México. - En septiembre del año pasado, el Senado demandó al presidente Felipe Calderón no firmar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), con base en un amplio estudio realizado durante más de un año por un grupo plural de legisladores, el cual concluyó que ese tratado atenta contra derechos establecidos en la Constitución, se contrapone a otras leyes, como la de Derecho de Autor, y de aplicarse podría derivar en una censura a los contenidos de Internet , y en consecuencia, a una restricción de la libertad de expresión.

En las conclusiones del trabajo de ese grupo de legisladores se destaca que las disposiciones del acuerdo vulneran la presunción de inocencia, “que debe estar presente en todo el sistema jurídico mexicano” y da a los proveedores del servicio de Internet facultades para actuar como autoridad de facto e intervenir la privacidad del usuario por presunta violación de derechos de autor. Asimismo, concluyeron, pone en riesgo el desarrollo del legítimo comercio electrónico cultural y en general limita “la universalización del acceso de la sociedad a Internet ampliando con ello la brecha digital y la posibilidad de que el país se inserte en la denominada sociedad de la información y del conocimiento”.

Advierten en el documento –aprobado por el pleno en septiembre de 2011- que Calderón violó la Ley sobre la Aprobación de Tratados en Materia Económica, dado que el Senado no fue notificado del inicio de negociaciones, del avance de las mismas y menos de los alcances y compromisos que implica el ACTA. El grupo plural fue presidido por el priísta Eloy Cantú y se creó el 19 de octubre de 2010 y durante nueve meses realizó consultas y audiencias públicas con expertos, académicos y representantes de la sociedad, así como autoridades e integrantes del sector privado, cámaras y organizaciones empresariales, en torno al contenido del ACTA.

En el documento final, en que se dan a conocer las conclusiones, destacan que la firma de ese instrumento internacional, encaminado a establecer nuevos estándares multilaterales para el respeto de los derechos de propiedad intelectual, ante el crecimiento del comercio de bienes “piratas” y falsificados, está “afectada de un vicio de origen”, toda vez que desde las diversas instancias del gobierno federal, las negociaciones se condujeron “con sigilo y opacidad”. Los legisladores ven con preocupación “inconsistencias” del contenido de ese acuerdo con diversas disposiciones jurídicas nacionales, principalmente en el tema de Internet.

No se especifica, señala el documento que se entiende por “ámbito digital, si lo conformarán las redes públicas y/o privadas, los equipos de cómputo, los sistemas y/o aplicaciones, las redes celulares, satelitales y/o telefónicas. “La ambigüedad podría tentar contra la certeza jurídica e implicaría riesgos derivados de su libre interpretación”. Les preocupa a los legisladores que el artículo 27.2 del ACTA confiera responsabilidades a los prestadores de servicios de Internet para decidir qué contenido o transmisión por la red significa una infracción a la legislación contra la piratería, ya que la ley mexicana impide conocer lo que se comunica por Internet.

El artículo 16 constitucional establece la inviolabilidad de las comunicaciones y el artículo 177 del Código Penal Federal sanciona hasta con 12 años de prisión, a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente. De hecho se pretende convertir a los servidores de Internet en “una autoridad de facto que decidiría que contenido o transmisión es contrario a lo establecido en el acuerdo, lo que afectaría el derecho de los usuarios al debido proceso, violando los artículos 14 y 16 constitucionales”. Contrario a la legislación, el ACTA obliga a la divulgación de datos no sólo de infractores, sino también de presuntos infractores.

Afecta el ACTA a la “sociedad de la información”
La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) advirtió que el ACTA, firmado el pasado miércoles (11/7/12), por el gobierno mexicano -según se ve es un gobierno autoritario que controla la información producida en el país-, “puede afectar el desarrollo del país en la transición hacia una sociedad de la información y el conocimiento, ya que violenta (varias) disposiciones constitucionales legales en el ordenamiento jurídico nacional”. Por esa razón, la agrupación solicitó ayer (13/7/12), “atenta y respetuosamente a los representantes de los poderes Ejecutivo y legislativo y en especial a los integrantes del grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso de negociaciones del ACTA, que no debería suscribir” o bien reservar algunos puntos.

De este modo, en un comunicado sobre el tema, la asociación –que agrupa a más de 200 empresas relacionadas con el uso de Internet- fijó su posición frente a la firma del ACTA y su eventual ratificación por el Senado, donde aclara que “condena las malas prácticas, los abusos y desde luego la fabricación y piratería”, pero la versión firmada del acuerdo “estaría violentando las garantías individuales de libertad de expresión, seguridad y debido proceso, las garantías de audiencia y de privacidad de las comunicaciones, así como algunas normas internacionales contenidas en tratados que México ha ratificado y que por consiguiente son parte integral de nuestro ordenamiento jurídico nacional”. Julio César Vega, director de la Amipci, consideró que estamos en contra del método, ese es el problema, y preocupados porque aborda el entorno digital, y sabemos que en México Internet no ha alcanzado el nivel de desarrollo que en otros países firmantes de ACTA, por lo que “las repercusiones que puede tener son graves en términos del incremento de su penetración en la población”. (La Jornada, política, p. 14, 14 de Julio, 2012).