La guardería ABC

Nacional
Tres años de impunidad y corrupción
La guardería ABC
Por: Carlos Damián 12 de Junio, 2012
El asesinato y negligencia de 49 niños ha quedado sin castigo
México. - La conmemoración del tercer aniversario del incendio en la guardería ABC de Hermosillo Sonora, subrogada a particulares por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que murieron 49 niños y resultaron heridos 76 más, estuvo marcado por una nueva oleada de movilizaciones de los padres de los difuntos, quienes en una misiva exigieron a las autoridades la realización de nuevas pesquisas sobre el caso, la aplicación de las sanciones a que haya lugar y el cese al encubrimiento de individuos como Juan Molinar Horcasitas (JFMH) y Javier Lozano Alarcón (JLA), ex titulares del IMSS y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respectivamente. El primero de esos exfuncionarios insistió el pasado martes (5/9/12) en su inocencia, afirmó que ya ha sido investigado y absuelto por las instancias judiciales correspondientes y dijo respetar su remoción del equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota (JVM).

Es necesario recordar que la tragedia de la guardería ABC fue consecuencia de una cadena de negligencias y omisiones atribuibles, en primer lugar a los propietarios de la estancia infantil concesionada, pero también a las autoridades locales que permitieron la habilitación del establecimiento en una zona de bodegas y un inmueble por demás inadecuados. Aunque el gobierno federal es el que cede, por conducto del IMSS, la operación de estos centros a particulares, y es por omisión el responsable de que sean operados en condiciones adecuadas y operativas correctas. (www.movimiento5julio.com)

Los responsables de esta omisión criminal
No obstante el desorden y la opacidad que caracterizan el esquema de subrogación de estancias para menores se conjugaron, en el caso de la guardería ABC, con la ausencia de condiciones mínimas de seguridad en el inmueble incendiado, el cual carecía de extintores, detectores de humo y salidas de emergencia, así como de personal suficiente para la atención a los niños. La imprevisión y la indolencia gubernamentales que dieron pie a la tragedia se agravaron, en los meses posteriores, por las actitudes tardías, erráticas e improcedentes en las investigaciones sobre el caso por parte de la administración federal, elementos que obligan a suponer un designio de impunidad para los presuntos implicados en los lamentables acontecimientos.

El hecho es que hasta ahora, sólo funcionarios menores han sido imputados penalmente por la tragedia, sin cárcel. En contraste, en estos años ha quedado de manifiesto la renuencia de los niveles federal y estatal de gobierno a llevar a juicio a los copropietarios de la guardería ABC. Desde luego se debería hacer lo propio con los funcionarios, ex funcionarios que tuvieron alguna responsabilidad en la tragedia.

Los niños no debieron morir
Se recuerda que los dueños de la guardería tenían nexos políticos con el ex gobernador Eduardo Bours Castelo, del PRI y vínculos familiares con la esposa del presidente Margarita Zavala Gómez del Campo. Los padres de familia consideran que los arzobispos de Hermosillo (Ulises Macías Salcedo y Carlos Quintero Arce) han sido parciales hacia las ricas familias a la que pertenecen los cinco socios principales entre ellas Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, prima de la esposa del presidente. Se esperaba que el gobierno estatal recordara la tragedia, en atención a un decreto emitido en 2009, que declaró el 5 de junio Día de luto nacional. Pero no hubo ceremonia alguna, ni por parte del ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.

El grito de “justicia” resonó 49 veces afuera de las oficinas centrales del IMSS, seguido del nombre del niño que perdió la vida en la guardería ABC, con la exigencia al gobierno de Felipe Calderón de castigar a los responsables de la tragedia. Casi una centena de integrantes de las asociaciones y activistas sociales volvieron a exigir que se cumpla la ley de guarderías del IMSS. Es decir, “que se elimine el sistema de subrogación por ser totalmente ilegal”; advirtieron que 99.7% de las estancias de esa institución social “operan de manera irregular y menos de la mitad han tenido revisiones de Protección Civil”.

A tres años de la tragedia persiste el repudio a la “impunidad” a la resolución de la Corte quién defendió “la corrupción y la subrogación de servicios”, y desde luego a la impunidad, señaló Aurora Muñoz, del GFCC, quien sostuvo que persiste la exigencia colectiva, cárcel a los “responsables verdaderos” como: Daniel Karam, Santiago Levy, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Eduardo Bours Castelo, Marcia Matilde Gómez del Campo, Sandra Téllez, Gildardo Urquídez, Alfonso Escalante y Antonio Salido.
La campaña presidencial de JVM
En ese sentido, la solicitud de JVM a JMH de que “se aparte” de su campaña presidencial luce como una maniobra de distracción y de control de daños antes que como un gesto de buena voluntad hacia las víctima y sus deudos: si así fuera, JLA, cuya dependencia tenía la responsabilidad de supervisar las condiciones de seguridad de la guardería incendiada en la medida en que era un centro de trabajo, y quien reviste, en consecuencia una responsabilidad política similar a la que recae sobre el ex titular del IMSS (JFMH).

En suma, a 36 meses de la tragedia del inmueble subrogado por el IMSS el saldo es desolador: 49 niños muertos, siete decenas de heridos y responsabilidades documentadas de funcionarios y ex funcionarios públicos, pero ningún culpable relevante ni indicio alguno de voluntad gubernamental para enmendar el desastrosos régimen de subrogación de estancias infantiles. Tales elementos, en conjunto, ponen de manifiesto el menosprecio de autoridades estatales y federales, actuales y pasadas, por la vida y el bienestar de la población y de sus segmentos más vulnerables: los bebés y los niños. (La Jornada, política, p.p. 2 - 36, 6 de Junio, 2012). Gerardo Fernández Noroña: el Peje tiene huevos
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