Lastre sexenal

Nacional
La impunidad y la corrupción es regular en administraciones públicas
Lastre sexenal
Por: Carlos Damián 31 de Mayo, 2012
Los ‘malos manejos’ en anteriores administraciones públicas: Ferrari
México. - En el contexto de una conferencia de prensa el pasado martes (8/5/12), Bruno Ferrari (BF), ejecutivo de la Secretaría de Economía criticó que el país deba destinar anualmente 5 mil 400 millones de dólares por intereses para el pago de una deuda externa “contratada por políticos ladrones”. Si se toma en cuenta que tales pronunciamientos se produjeron en plena campaña electoral, y a pregunta expresa sobre su opinión del tratamiento de los temas económicos en el primer debate presidencial, los señalamientos de Ferrari adquieren un sentido distinto del de una simple crítica a los gobiernos “del pasado”.

La impunidad
El carácter inequívocamente electoral del comentario es tan palmario, que incluso el aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto (EPN), respondió al titular de Economía. Dijo que las críticas citadas son “signos de desesperación” de la actual administración federal y sostuvo que el gobierno “que le ha fallado al pueblo de México es el de los últimos 12 años”. Así que con los pronunciamientos, como los señalados el actual gobierno federal da una nueva muestra de su propensión a entrometerse en procesos comiciales, con miras a apuntalar a candidatos de su partido o bien a afectar a organizaciones opositoras.

Semejante comportamiento no sólo es contrario a las estipulaciones legales vigentes en la materia y a los más elementales principios de decoro republicano y respeto a la investidura de autoridades y funcionarios, sino que puede contribuir a enrarecer el panorama electoral, como ocurrió hace seis años, a erosionar más la confiabilidad de los procesos comiciales y mermar la de por sí castigada credibilidad de las instituciones encargadas de organizarlos. Por lo demás, en sus pronunciamientos, tanto el funcionario del PAN como el político de ascendencia priísta eludieron un punto central: la práctica inexistencia de consecuencias penales o administrativas con que han saldado los episodios de presunta corrupción y manejo ilícito de los recursos públicos por gobernantes, funcionarios, y personas de su círculo cercano.

Corrupción: costosa e inmoral
En efecto, en años y décadas anteriores la sociedad ha debido padecer episodios de corrupción y encubrimiento como los cometidos por el exjefe de policía Arturo Durazo, bajo la gestión de José López Portillo, y por Raúl Salinas de Gortari en tiempos de que su hermano Carlos detentaba el cargo de presidente de la República, por citar dos de los ejemplos aludidos por el propio Bruno Ferrari. Pero otro tanto puede decirse de la cobertura que otorgó la pasada administración federal de Fox al tráfico de influencias en que incurrieron los hijos de Martha Sahagún para beneficiar a sus empresas, o la tolerancia mostrada por el gobierno actual ante la opacidad en el manejo del presupuesto y de los recursos excedentes petroleros de PEMEX que caracterizaron a la primera administración federal del PAN.

En cuanto a las críticas de BF por los costos que siguen teniendo para México los “malos manejos” de gobiernos anteriores, resulta difícil imaginar una medida más nociva, costosa e inmoral que la aprobación del Fobaproa-Ipab, legalizado por los legisladores del PRI-PAN en el sexenio de Ernesto Zedillo, -un verdadero robo al pueblo de México- en cuyo contexto se llevaron desfalcos que hasta la fecha no han sido aclarados y que la sociedad sigue pagando.

Se vende energía verde
Un contrato a 20 años de duración cuyo valor es de 10 mil 250 millones de pesos, ha sido autorizado por el gobierno del estado de California, Estados Unidos. El negocio consiste en que la electricidad que producirá la planta Energía Sierra Juárez, ubicada en la Rumorosa, propiedad de Sempra Gas & Power, será adquirido por su filial San Diego G&E. Esto es, la compañía estadounidense Sempra producirá energía verde del lado mexicano de la frontera, la conducirá a través de un cableado al lado americano, y la venderá a su propia filial San Diego G&E. Ésta a su vez, la revenderá a sus clientes de la ciudad de San Diego. Atenderá el consumo de electricidad de 64 mil hogares. Es digno de mencionar que el gobernador panista de Baja California, Guadalupe Osuna, está feliz porque este proyecto estadounidense dará trabajo a mucha gente.

Aunque hay algunos pendientes en este proyecto energético, el presidente Obama deberá aprobar la línea transfronteriza y la construcción de una subestación que permita el acceso a la red de distribución de energía de California, E.U.A. El proyecto es el primer paso de un plan de mayor alcance para instalar turbinas a lo largo de un estrecho de 150 kilómetros en la parte alta de la Sierra Juárez. En este contexto energético, nosotros nos preguntamos si es posible que una compañía extranjera que está situada en territorio nacional pueda montar una planta de energía eléctrica y después se la pueda llevar a su país, sin respuesta de México. Es increíble pero así es. Como buen país franquicia, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no ha puesto ninguna objeción. En esta ocasión el dos veces diputado federal panista y hoy comisionado Francisco Xavier Salazar Díaz de Sollano tiene manos libres.

En suma, la omisión de consideraciones como las referidas por BF y EPN provoca que el intercambio declarativo entre ellos resulte poco verosímil, si no es que inadmisible. En efecto, el país vive desde hace mucho en un pantano de corrupción e impunidad, pero ello sólo es explicable en función de la continuidad en la vieja cadena de encubrimiento y hasta de complicidad transexenal que caracterizó a los gobiernos priístas, y que se ha mantenido intacta con todo y el cambio de siglas y de colores operado en Los Pinos desde hace casi 12 años. (La Jornada, política, p.p. 2-5, 10 de Mayo, 2012).Segunda parte: La realidad de EPN
http://www.youtube.com/watch?v=HFii0sC5EWM&feature=relmfu