La expropiación

Nacional
La descalificación como linchamiento del país
La expropiación
Por: Carlos Damián 15 de Mayo, 2012
El principio de soberanía de la nación
México. - En medio de la campaña de linchamiento mediático en contra del gobierno de Bolivia por la expropiación de la compañía Transportadora de Electricidad, propiedad de la Red Eléctrica Española (REE), el presidente de ese país, Evo Morales, sostuvo ayer que las inversiones de la petrolera española Repsol en la nación andina no corren riesgo y que la compañía “será respetada como socio”. Estos señalamientos tienen como inevitable telón de fondo la reciente nacionalización la filial Repsol en Argentina, YPF, hecho que desató una oleada de descalificaciones y amenazasen contra del gobierno que encabeza Cristina Fernández.

El ministro boliviano de Hidrocarburos, Juan José Sosa, manifestó ayer mismo la voluntad del gobierno de La Paz por compensar económicamente a REE por las inversiones realizadas en el país. Dijo: “vamos a contratar una empresa que haga la valoración de todos los activos que tiene la empresa” y afirmó haber tratado el asunto en términos “bastante amistosos” con el ministro español de Industria, José Manuel Soria. Las aseveraciones del mandatario boliviano, y en general, la postura serena y conciliadora, que ha asumido su gobierno en torno a la nacionalización de la compañía eléctrica referida desvirtúan las descalificaciones formuladas por medios de comunicación españoles, en el sentido de presentar la decisión como un “expolio”, un “atentado a la libertad de empresa” y un acto de “abuso de poder contra España”.

En este contexto colocarla, en conjunto con la medida adoptada semanas atrás por el régimen de Buenos Aires, como parte de una tendencia por “afianzar” en América Latina “regímenes carismáticos a costa de expoliar propiedades privadas y de otros países”. Semejantes afirmaciones resultan palmariamente falsas a la luz de las diversas alianzas existentes entre empresas extranjeras y gobiernos progresistas de la región, como el del propio Evo Morales en Bolivia, el de Hugo Chávez en Venezuela –en este país Repsol tiene importantes inversiones- o los de Dilma Rousseff en Brasil. Por lo demás, los ataques mediáticos enderezados en días recientes contra los gobiernos de La Paz y de Buenos Aires tienen origen en el desconocimiento o en la omisión de una de las facultades básicas e irrenunciables de los Estados.

Los argentinos culpan de la crisis a la liberalización
La nacionalización de YPF, privatizada en la década de los 90, cuenta con el respaldo de gran parte de los argentinos que culpan a las políticas de libre mercado de la crisis económica de hace una década. El proyecto de expropiación de YPF determina que el Estado controlará 51 por ciento de YPF –el cual se reparte entre el gobierno (26.03%) y las provincias 824.99%)- y el grupo local Petersen mantiene un 25.46%. Repsol queda con 6.43% y el resto de las acciones (17.09%) permanece en el mercado bursátil.

El gobierno argentino alegó que en 2011 se vio obligado a importar hidrocarburos por 9 mil 300 millones de dólares, casi el equivalente a su superávit de balanza comercial, debido a la falta de inversiones del grupo español en YPF, privatizada en 1992. YPF produce 34 por ciento del petróleo y 25 por ciento del gas en Argentina y representa 54 por ciento del la refinación del mercado, según IAP. Repsol adelantó que reclamará al menos 10 mil millones de dólares en compensación por la expropiación y que hará defender sus derechos ante tribunales internacionales. El gobierno argentino sostiene que Repsol deja una deuda de 9 mil millones de dólares y que entre 1999 y 2011 cobró dividendos por 15 mil 728 millones de dólares, en su mayoría girados al exterior.

El Estado boliviano fijará pago a corporativo
El gobierno de Bolivia expropió la filial Red Eléctrica (RE) de España en Bolivia y determinará en un plazo de seis meses el monto del pago al grupo español RE, que revirtió una privatización de hace 15 años. El vocero del gobierno negociará la indemnización sobre una base de 39.9 millones de dólares. El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, menciona el compromiso de reconocer el valor de las inversiones hechas por TDE, a las que el gobierno boliviano calificó como insuficientes.

Estas facultades de los Estados son: intervenir los intereses de entidades privadas cuando representen un obstáculo para el desarrollo y la soberanía nacionales. No es gratuito que medidas similares a las asumidas recientemente por los gobierno de Evo Morales y de Cristina Fernández de Kirchner hayan sido adoptadas en su momento por regímenes nacionales de distinto signo político y en circunstancias históricas diversas: baste citar, como botones de muestra, la política de intervencionismo estatal emprendida por el gobierno de Franklin D. Roosvelt en el contexto del programa de reactivación económica, conocida como New Deal, tras el crack de 1929; la nacionalización de gran parte de la industria en Francia bajo la presidencia de Charles de Gaulle (1959 – 1969) y las políticas de expropiaciones llevada a cabo por los gobiernos laboristas ingleses a finales de la década de los 40.

En suma, las expropiaciones de empresas estratégicas del sector energético en Argentina y Bolivia no están motivadas por animadversiones y fobias personales hacia consorcios, ni mucho menos hacia países en particular, sino por la identificación de necesidades específicas para el desarrollo nacional de esas naciones sudamericanas. Por lo anterior constituyen, en ese sentido, ejemplos de aplicación legal y legítima del principio de soberanía y decisiones responsables, en la medida en que anteponen el bien común a los intereses privados. (La Jornada, economía, p.p. 6 - 27, 3 de Mayo, 2012)Datos sobre el sexenio de Calderón: EPN
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