El Monexgate

Nacional
Es probado con documentos en la mano por el Movimiento Progresista
El Monexgate
Por: Carlos Damián 25 de Julio, 2012
El dinero público es lavado electoralmente
México. - El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista en la última elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó el pasado miércoles (18/7/12), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y a la opinión pública información documentada sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita para distribuir decenas de millones de pesos en el marco de la campaña de su rival priísta, Enrique Peña Nieto (EPN). Tal información se suma a la denuncia que ya había presentado el PAN contra el tricolor por la dispersión de dinero, por medio de la tarjeta de la empresa Monex, en una contabilidad paralela a la declarada al Instituto Federal Electoral (IFE).

Lo anterior se agrega a la petición de invalidez de la elección del primero de julio por las masivas operaciones de compra de votos de que se acusa al PRI, y por las condiciones de inequidad mediática en que se desarrollaron las campañas políticas. De acuerdo con los documentos difundidos por AMLO, Monex fue retribuida con más de 100 millones de pesos por las empresas Inizzio y Efra, las que a su vez recibieron ese dinero de una persona física y tres personas morales: el particular Rodrigo Fernández Noriega y las empresas Atama, Koleos y Tiguan. Destaca el hecho de que Koleos y Tiguan fueron constituidas el mismo día -8 de septiembre de 2001-, ante el mismo notario público, situación que se repite con Inizzio y Atama. Significativamente, los domicilios fiscales de las firmas en cuestión resultaron ser inexistentes.

Los dineros públicos son lavados electoralmente
La información referida constituye, de entrada, una contundente descalificación de los propósitos enunciados por la administración de Calderón –mencionados cuando se nombró Secretario de Gobernación a Alejandro Poiré- de impedir que recursos ilícitos fluyeran a las campañas políticas, así como de la capacidad fiscalizadora de la Secretaría de Hacienda (SHCP), y de la fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y de la Procuraduría General de la República (PGR) en su conjunto. Asimismo, las revelaciones ponen en evidencia una gravísima falta del IFE, en la medida en que fue incapaz de supervisar financiamientos irregulares que habrían debido ser detectados desde el inicio.

Las revelaciones comentadas colocan a la administración calderonista en la obligación perentoria de investigar y consignar a quien corresponda por la planeación y ejecución de las turbias triangulaciones por medio de las cuales Monex y el resto de las empresas involucradas habrían operado como canales de distribución de dinero en la campaña de EPN y en la elección, en este supuesto expongamos que, más de 9 mil tarjetas de Monex fueron distribuidas entre operadores del PRI, representantes de casilla y sus coordinadores, con saldos de entre 15 mil y 20 mil pesos en cada tarjeta, y a determinar el origen de los fondos económicos.

Tribunal desahuciado
Podemos poner en la mesa de lodo la exhibición cruda de golpe electoral con un desfile de modas autoritaria, una muestra del catálogo del por venir de seis años, y de la confesión de los dos partidos de derecha entretejida para presionar al Tribunal, que ya en sí mismo es favorable a la línea del PRI-EPN creando una obscena escena llena de complicidades fortalecidas en Los Pinos que han creído que deben cancelar a los ojos de los ciudadanos cualquier esperanza electoral, tanto en el ejercicio de los votos en las urnas electorales como por los caminos jurídicos de corregir y de denuncias posteriores que pudieran haber. Este golpe político se realizó a la vez que eran recibidos los paquetes electorales para impugnaciones federales, sin guardar la forma y el fondo político. A las 18 horas en que el opositor político está impugnando el resultado de las elecciones, se presentó a la prensa para presentar nuevas pruebas contundentes del fraude mencionado, y el involucramiento total del corregidor Videgaray, renovando los escándalos debido a los retiros bancarios millonarios personales del corregidor.

En esta presentación AMLO pospuso presentar su hoja de ruta de combate, se guardó en cierta medida más datos, y fue a contracorriente de lo esperado. Con todas estas pruebas acumuladas en el expediente jurídico y denunciado en su oportunidad, sólo se puede esperar buena voluntad que podrán ser atendidas sin consigna y sin sentido justiciero por el tribunal electoral federal. Todo mundo lo sabe y las pruebas son contundentes, EPN ha obtenido su victoria echando mano del recurso delictivo de lavado de dinero. Es una acusación grave, que deberían aceptar tanto las autoridades electorales como las gubernamentales, para actuar en consecuencia o en su caso acepten encontrarse como cómplices del delito y sean susceptibles de denuncia penal, y ser enjuiciados por la corte interamericana.

Por otra parte, la documentación del caso pone al TEPJF ante la disyuntiva de declarar válida la elección presidencial del primero de julio, a sabiendas de que en ella pudieron cometerse delitos graves y en su caso invalidarla no sólo por las irregularidades propiamente electorales denunciadas con anterioridad, sino también porque los resultados oficiales pudieron haberse configurado, en alguna medida, por medio de prácticas que podrían ser descritas como lavado de dinero de procedencia ilícita. La institucionalidad en su conjunto se encuentra, encerrada en una circunstancia delicada, que sólo puede resolverse por el esclarecimiento pleno de los hechos denunciados, con todo lo que ello implique, o por una maniobra de encubrimiento que minaría en forma irreparable la de por sí erosionada base de credibilidad de los organismos públicos involucrados. (La Jornada, crisis global, p.p. 2-3, 14 de Julio, 2012).