Propuestas humanistas

Nacional
El encarnizamiento del estado
Propuestas humanistas
Por: Carlos Damián 1 de Abril, 2012
Necesidades básicas sociales de adolescentes sin atención
México. - El miércoles 28 de marzo, la cámara de diputados aprobó por mayoría. La ley federal de Justicia para Adolescentes que establece nuevos procedimientos para procesar a menores infractores de entre 12 y 18 años; reduce de 18 a 14 años la edad mínima para que un individuo pueda ser imputado por la comisión de un delito y establece un nuevo régimen de sanciones para los adolescentes que violen la ley; sustituye el sistema de consejos tutelares para menores y decreta la prisión preventiva para los casos de ilícitos federales entre los cuales se mencionan: homicidio, terrorismo, delitos contra la salud, violación , secuestro, asalto en carreteras, robo calificado y acopio de armas , entre otros.

Esta ley establece otras formas de reclusión, como la prisión domiciliaria y el internamiento por hora. Se espera que estas “restricciones”, la ley profundice la precariedad que enfrentan los jóvenes en el país, ya que esta situación implicaría un grave retroceso en la procuración de las garantías de ese sector de población. No se puede negar que la delincuencia juvenil constituye un problema de gran peligrosidad social en el México contemporáneo y que el Estado debe contar con instrumentos jurídicos adecuados para hacer frente a ese flagelo. Pero la referida ley pasa por alto que la existencia de adolescentes infractores es consecuencia de un orden social caracterizado por la pobreza, los rezagos sociales, el desempleo y las carencias en materia de educación, salud, vivienda y cultura para la población en particular.

El encarnizamiento
En un entorno similar, con la consecuente falta de horizontes de desarrollo personal más allá de la economía informal, la emigración y la delincuencia, es inevitable que ese sector de la población sea particularmente propenso a ser resultado por las agrupaciones delictivas, y resulta desolador que las mismas instituciones que han sido incapaces de proveer alternativas de supervivencia no tengan más respuesta a tal problemática que la criminalización, la persecución y el castigo. Simplemente no es procedente combatir el fenómeno referido tan complejo con sólo medidas coercitivas y legales. Es procedente para el estado combatir el fenómeno de los niños delincuentes y asesinos tratándolo como mayores de edad por la gravedad de la infracción.

Estos seres cuyo grupo abarca, entre niños y adolescentes se tendrá que tomar en cuenta las diferencias que existen entre diversos grupos de delincuentes con derechos políticos, niveles de responsabilidad y potencial de rehabilitación sin que esto implique una claudicación por parte del Estado de su obligación a procurar la reinserción social de los adolescentes que violan la ley sin olvidar la gravedad de su delito ya sea federal o estatal. En el contexto de una sociedad que considera sospechosos todo grupo social que emerge de la pobreza, y con telón de fondo la injusta circunstancia que enfrentan a consecuencia de la política económica vigente, la aprobación de la referida ley esperamos que el estado tome las medidas pertinentes para que no se observe un encarnizamiento contra este grupo poblacional.

Deshumanización
Por otra parte, el aval del Legislativo a las normativas citadas ha de ser contrastado con la actitud indolente y omisa del Ejecutivo federal, que no ha querido promulgar la ley de Migración avalada por ambas cámaras del Congreso durante la primera mitad del año pasado. Cómo denunció la propia Cámara de Diputados en un punto de acuerdo el injustificable retraso del gobierno federal obstaculiza las acciones, la aplicación de mecanismos e instrumentos previstos en dicha ley para brindar protección a los migrantes foráneos.

Los senadores rechazaron que se haya bajado a 14 años la edad penal. A quienes tengan esa edad y cometan delitos graves, de narcotráfico y en general de crimen organizado, se les privará de la libertad, pero no en cárceles, sino en centros especiales para menores que sustituirán a las cárceles tutelares donde aún el más grave delito como violación o el delito de asesino serial en crimen organizado la sentencia más grave era de tres años. Se debe tomar en cuenta que no hay consejos tutelares y con esta ley se busca transitar del viejo y obsoleto modelo tutelar a uno garantista. Ahora con esta medida la relación directa de los daños causado, sin poder ser inferior ni superior a cinco años cuando el adolescente o adulto joven tenga una edad de entre 14 años cumplidos y menos de 17 al momento de realizar la conducta, y cuando tenga una edad de 16 años cumplidos y menos de 18 años no podrá ser inferior a dos años ni superior a siete años.

En el contexto de una sociedad que considera sospechosos a cualquier sector de la población, como telón de fondo la criminalización de la pobreza y de la denuncia social, estos niños, adolescentes y adultos de escasos recursos no tienen otra manera de salir de la pobreza que ser reclutados por los cárteles de las drogas. Ya sea por acción, o por omisión de las autoridades y las instancias legislativas el marco legal vigente en el país profundiza las circunstancias de precariedad y de indefensión que enfrentan sectores de la población de suyo vulnerables, como los jóvenes y los migrantes, dicha circunstancia constituye un rotundo desmentido a las pretensiones humanistas que sistemáticamente pregona el ejecutivo federal, y pone en perspectiva en cambio, el proceso de deshumanización por el que atraviesan la justicia, la ley y las instituciones de México. (La Jornada, cultura, p.p. 8 – 10, 30 de Marzo, 2012).