Marca famosa

Nacional
Los jueces dicen que Genaro García Luna fabricó pruebas
La camisa de marca famosa
Por: Carlos Damián 3 de Abril, 2012
“Nos debe poner alertas” sobre los procesos a los narcos extranjeros
México. - En Estados unidos cuando los mexicanos vamos de compras los estadounidenses dicen “ahí vienen los criollos” y si acaso cruzamos sin papeles o documentos nos criminalizan, pero desde luego estas leyes son para defender al estadounidense de las agresiones de los forasteros. Hasta han creado leyes para enviar a la cárcel aquella persona que se considere indocumentada ya sea por el color de su piel o por su idioma, ya que si se te ocurre hablar en un lugar público en español eres sancionado administrativamente. En México es otro cantar y se debate si se libera a la francesa secuestradora por un error de la procuración de justicia y por el reality show que se hizo de su detención por Genaro García Luna (GGL) de la Agencia Federal de Investigación, en televisión crearon todo un teatro para que el ciudadano viera que los secuestradores si son aprehendidos.

Esto es debido a que en México la justicia es ciega con olor a corrupción e impunidad, y a que la procuración de justicia cuando es un extranjero quiere lucirse y envolverse en la bandera de las causas de derechos humanos, de la justicia internacional y a final de cuentas el mexicano es considerado como ciudadano de tercera clase en México. Lo que sucede en México es un caso singular; el criminal, el asesino, el secuestrador goza de las garantías que otorgan la ley y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo cubre con su manto de derechos humanos, no así para la víctima, el asesinado, el secuestrado, el violado. Tal pareciera que la justicia es idiota y busca generar errores como el montaje del secuestro para que al final se exculpe a la secuestradora francesa de su crimen.

Secuelas de un montaje
Las violaciones a los derechos de Florence Cassez señaladas por los cuatro integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no nos tiene que preocupar; nos tienen que poner alertas de que todos los procesos sean como los señala un Estado constitucional; tienen que ser protegidos conforme a derecho”, afirma Miguel Ontiveros Alonso subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR). No nos preocupa que cuatro ministros hayan señalado que sí hubo violaciones; nos tiene que poner alerta de que todos los procesos sean cómo los señala un Estado constitucional: tienen que ser regidos conforme a derecho. “Quiero señalar claramente que la Constitución, los instrumentos internacionales, el Código Penal, el Código Procesal Penal y todas nuestras leyes tienen que interpretarse de forma que no generen impunidad”.

El equipo de Florence Cassez (FC), prepara una denuncia penal contra GGL, secretario de Seguridad Pública Federal, la cual se presentará ante los órganos de procuración de justicia francesa, que tienen jurisdicción para conocer de la querella debido a la nacionalidad de la mujer condenada por secuestro anunció Frank Berton. Este es el momento adecuado para denunciar los actos deshonestos y debe castigarse. Los cuatro ministros han denunciado que ese hombre (GGL) fabricó pruebas. A la justicia francesa le interesará mucho y todo está en el informe del señor Zaldívar. Berton acusó al presidente Felipe Calderón de haber presionado a los ministros del máximo tribunal mexicano.

Volvemos a caer en una especie de simulación
Al concluir que el juicio contra FC fue irregular y hubo violaciones al debido proceso, pero al mismo tiempo no señalar culpables ni avanzar en el castigo de éstos, la SCJN desperdició una oportunidad única para enviar un mensaje contundente contra la impunidad, afirmaron activistas de organizaciones civiles (ONG). Se ha calificado de “paradójico” que cuatro de los cinco ministros hayan destacado que hubo violaciones a los derechos de los acusados, sin que haya consecuencias para nadie. Además este dictamen nos hubiera permitido convertirnos en una sociedad y un sistema de justicia más avanzados, pero si no pasa nada entonces volvemos a caer en una especie de simulación y se pierde la oportunidad de mandar un mensaje claro de que si afectan los derechos humanos puede haber consecuencias fuertes. Que lástima.

Podemos subrayar que en un estado de derecho no hubiéramos necesitado la intervención de la SCJN, en este tipo de asuntos al detectarse el montaje, el caso rápidamente se hubiera anulado, sin embargo fue el jefe de esa organización de justicia el que montó tal operativo para convencer a la opinión pública, banal administración de justicia. Si retomamos los hechos, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no se va a investigar a sí misma, sobre todo previendo que en el futuro se podría demandar que se realicen pesquisas contra su actual titular.

Se exige justicia
Pero algunos consideran que la resolución de la SCJN no necesariamente es deplorable, sino que incluso puede presentar una nueva oportunidad para reponer un proceso viciado y politizado. En este asunto se puede encontrar un espacio para cubrir la demanda de que haya una investigación eficaz y apegada a los estándares del debido proceso. Nuestra postura no es lamentar de tajo la decisión, porque sólo se reprograma la solución del caso. Aunque algunos activistas se han sumado a la petición del ministro Jorge Rebolledo de que los responsables del montaje televisivo sean castigados, aún si se trata del director (GGL) de la Agencia Federal de Investigación. Nosotros consideramos que esta es una buena oportunidad de dejar una política errada que consiste en la sobreexposición de supuestos delincuentes con fines meramente cosméticos, en show reality de la justicia penal y la fabricación de criminales famosos con camisa de marca. (La Jornada, secuelas de un montaje, p.p. 2 – 3, 23 de Marzo, 2012).