Ley de víctimas

Nacional
Avance y síntoma
Ley de víctimas
Por: Carlos Damián 5 de Mayo, 2012
El estado es corresponsable de la seguridad de las víctimas
México. - Por unanimidad, el estado de la República avaló ayer el dictamen de la ley General de Víctimas, ordenamiento que dicta, entre otras cosas el derecho a la reparación integral del daño y a la asistencia jurídica, médica, económica de quienes padezcan ataques de la delincuencia o abusos en garantías individuales por las autoridades; prevé la creación de un registro nacional de víctimas y de un fondo permanente de ayuda y reparación integral, y pone esos mecanismos bajo control de un Sistema Nacional de Víctimas en el que estarán representadas las organizaciones de la sociedad civil.

A reserva de lo que pudiera ocurrir en días próximos en la Cámara de Diputados en donde la referida ley tendrá que ser analizada, y en su caso, ser aprobada. En el Senado la luz verde es un hecho meritorio porque corrige una omisión, en el marco legal mexicano, de mecanismos institucionales que obliguen al Estado a reconocer y reparar los abusos y atropellos cometidos contra la población, ya sea por delincuentes o por las propias autoridades. Tal omisión que hoy se traduce en un margen de desprotección para la población y en un manto de impunidad para quienes atentan contra ésta, ya sea dentro de las instituciones o fuera de ellas.

Esta situación se torna más grave en un momento como el presente, en el cual convergen la violencia y la barbarie de las organizaciones delictivas con los atropellos y vejaciones cometidos por autoridades en el contexto de la “guerra” contra el crimen organizado, y cuando los gobiernos de los distintos niveles han manifestado falta de interés por la situación de las víctimas en general. Otro aspecto saludable del referido aval es que, con esta situación de avalar el dictamen; el Senado de la República cumple, así sea con casi un año de retraso, con uno de los principales compromisos formulados por el legislativo a las organizaciones sociales que en meses previos se han movilizado por la pacificación del país y por la justicia para las víctimas y sus deudos, que han formulado severas críticas a la estrategia de seguridad en curso y han presionado por su modificación.

En el Senado se aprueba la ley en general
En las postrimerías de la legislatura de forma unánime, se aprobó (25/4/12), esta ley que representa “el principio de un camino nuevo, de mayor justicia, atención y cuidado” para quienes sufren violaciones a sus derechos humanos o el embate de la delincuencia organizada, palabras de Jesús Murillo Karam, del PRI. Con esta ley de “nueva generación” se “reivindican los derechos humanos en esta lucha en que estamos inmersos entre un Estado policíaco y un Estado de plena libertad”, indica Pablo Gómez del PRD. Con esta ley se pretende reconstruir el tejido social, “tan gravemente afectado por la violencia”, señaló Tomás Torres, ex militante del PRD. Esta ley fue impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, para combatir la impunidad y corrupción, mencionando a la asesora Eliana García, y gracias al esfuerzo de muchos académicos de la UNAM, y otras instituciones académicas y organismos internacionales.

Con el apoyo de estas organizaciones se generaron varias modificaciones, como por ejemplo, un fondo de ayuda de 950 mil pesos, asistencia y reparación integral del daño que se forme con recursos presupuestales y privados como donaciones, pero no del redondeo de tiendas departamentales. La ley ordena entre otras cosas crear un registro nacional de víctimas, obliga al Estado a buscar por todos los medios a las personas desaparecidas y da el derecho imprescriptible a agraviados a conocer la verdad histórica. También se aprobó la reforma al artículo 73 constitucional, que faculta al Estado a legislar en materia de víctimas. Aunque falta por aprobarse en San Lázaro quedando pendiente hasta septiembre, 2012.

Los síntomas de la ley
Tal actitud contrasta con la indolencia y falta de respuesta del Ejecutivo federal a esos mismos reclamos: más allá de reuniones vistosas y mediáticas encabezadas por su titular, Felipe Calderón, con organizaciones de la sociedad civil y con personajes afectados por la violencia, el gobierno federal ha sido renuente a ensayar una variación real en su impugnada estrategia de combate a la delincuencia organizada, y ha desoído los reclamos formulados por la población ante los desastrosos resultados de la misma. Por último no deja de ser preocupante que el Estado mexicano requiera modificaciones al marco legal para corregir o atenuar un a circunstancia que, en sentido estricto, no tendría que haber ocurrido si la administración federal hubiese atendido desde un principio a sus responsabilidades básicas y desde luego empezando por la protección a la vida y la procuración del bienestar de las personas.

En este contexto de responsabilidades básicas, se hubiera podido diseñar, en consecuencia una política de seguridad que prioriza la protección de la población y la pacificación del territorio nacional, y podrían ser sancionado, por principio y en forma enérgica, los atropellos cometidos por quienes supuestamente deben resguardar el estado de derecho. Finalmente, sin demeritar el carácter positivo de la ley referida, ésta representa un indicador de la pérdida de capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones más elementales, y ese deterioro no se corrige en un plazo corto, llegará un momento en que no habrá ley ni reforma que alcancen para revertirlo. (La Jornada, política, p.p. 6 - 7, 26 de Abril, 2012)Espero que gane AMLO: Javier Sicilia http://www.youtube.com/watch?v=Il1cWjtUvUw&feature=related