SEMPRA SIMULA COMPRAR TERRENO EN BC

Nacional
El ex -gobernador Elorduy autorizó el uso de la fuerza para arrebatar lote a propietario
SEMPRA SIMULA COMPRAR TERRENO EN BC
Por: Carlos Damián 7 de Mayo de 2011
Un ex -contralor de la trasnacional denunció sobornos a funcionarios bajacalifornianos
México. - En el expediente sobre violaciones a las leyes mexicanas que la trasnacional Sempra Energy ha infligido, destaca la simulación de compra de un terreno de más de 100 hectáreas a una persona fallecida. En ésta se establecería la zona de resguardo y protección de las comunidades aledañas a la regasificadora Costa Azul, que por su peligrosidad es la única que opera en todo el litoral de Norteamérica. Ni los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han permitido la instalación de ese tipo de industrias en sus playas.

A la par hubo una maniobra policíaca promovida por la empresa estadounidense, en connivencia con el ex gobernador del PAN de Baja California Eugenio Elorduy, quien autorizó el uso desmedido de la fuerza pública contra el propietario legal del terreno, Ramón Eugenio Sánchez Ritchie (RESR), con la que éste fue despojado de su terreno y encarcelado. El contralor interno de Sempra, Rodolfo Michelón –despedido injustamente-, denunció en medios de comunicación estadounidense que autorizó un pago por 8 mil 200 dólares en sobornos para funcionarios del gobierno local y los policías que intervinieron en el desalojo de Sánchez Ritchie, quien se encuentra autoexiliado en el sur de California.

La Semarnat presentará informe
No solo autoridades estadounidenses investigan las prácticas ilegales. El Congreso mexicano ya solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe claro y objetivo sobre las actividades de la trasnacional en Baja California. A ello se sumó la intervención del Congreso del estado, que también dará seguimiento a la denuncia contra la regasificadora Costa Azul en Ensenada, porque viola todas las disposiciones de preservación del medio ambiente en la franja costera Tijuana-Playas de Rosarito-Ensenada.

Sempra consiguió, con la complicidad de autoridades federales, ignorar la manifestación de impacto ambiental requerida por la Semarnat. Esta dependencia defiende a la compañía con el argumento baladí de que se trata de una empresa limpia que genera empleos. La paradójica postura del gobierno de Felipe Calderón es inexplicable, porque la empresa incumple tratados y convenciones internacionales en materia de protección al ambiente, amenaza especies marinas y terrestres en peligro de extinción, únicas en el mundo, que habitan en el área de la regasificadora.

A esos argumentos se añade el de conformar la zona de amortiguamiento de impacto, para que en caso de posibles contingencias se evite daño a las poblaciones aledañas a la planta. Esa obligación fue la que llevó a Sempra a descarrilarse y manifestar su participación irregular en el mercado de generación de energía en México. En marzo de 2003 la firma contactó a RESR, propietario de un terreno en el litoral de Ensenada, para hacerle una oferta de compra. De esa negociación no hubo resultados.

Pasaron casi tres años. El 31 de enero de 2006, la empresa Energía Costa Azul (propiedad de Sempra Energy) ‘adquirió’ el terreno de RESR a un tercero. La notaría pública numero 5, de Diego Monsiváis Franco, de la ciudad de Ensenada, oficializó la escritura número 16989, que consta en el volumen 390. En ese documento, se establece el contrato firmado por la señora Elodia Gómez Castañón, representada por Dinora Villafán Gutiérrez como la parte vendedora, y como adquiriente la persona moral denominada Energía Costa Azul, representada por Luis Armando Navarro Peña y Gabriela Natera.
El engaño fue denunciado por el propio RESR. Lo más grave del caso fue que, en el Distrito Federal, la delegación sur del IMSS confirmó que Gómez Castañón había fallecido un año y cuatro meses antes de la firma notarial. El documento del IMSS establece: “En atención al oficio 3890016141100 P/1930, expediente GP/08/406, del 25 de julio de 2008, se informa que la hoy extinta Elodia Gómez Castañón, matrícula 24716, jubilada del Instituto por años de servicio a partir del 16 de febrero de 1996, fue dada de baja de la nómina de jubilados, en febrero de 2005, por defunción el 10 de octubre de 2004”.

Esa información se corrobora en un acta de defunción emitida en la ciudad de México el 10 de octubre de 2004. El documento sostiene que Gómez Castañón de 65 años, nació en Tampico, Tamaulipas. Era casada y su domicilio se ubicaba en la calle de Siena número 90, Residencial Acoxpan Tlalpan. El proceso de compraventa se legalizó con la intervención del notario público Diego Monsiváis, y RESR enfrentó un proceso que incluyó su encarcelamiento, acusado de despojo de lo que era su propiedad.

Pasaron más de cuatro años hasta que el juez primero de lo penal, Francisco Alberto Molina Hernández, con sede en Tijuana Baja California, decretó la no culpabilidad de RESR. El 24 de mayo de 2010 el juez argumentó: “En virtud de lo ordenado por el juez séptimo de distrito en el estado, dentro del juicio de amparo número 446/2009-IV, se deja insubsistente la orden de aprehensión dictada en la presente causa penal, en que se actúa de fecha 17 de noviembre de 2009, contra el inculpado, de nombre RESR, por el delito de despojo”.

El mismo día el juez Francisco Molina emitió una resolución para que se restituyera la propiedad arrebatada a Sánchez Ritchie. Para Jaime Martínez Veloz, ex candidato a la alcaldía de Tijuana por el PRD, “la colusión de Sempra y la administración del entonces gobernador del estado, Eugenio Elorduy Walter, para perjudicar y encarcelar a RESR, ha sido plenamente asumida por el ex contralor de Sempra, Rodolfo Michelón, quien al ser despedido injustamente por esa empresa manifestó haber entregado, en 2006, 8 mil 200 dólares al ejecutivo de Sempra- México Alex Ríos para realizar el pago en efectivo y sobornar con ello a funcionarios del gobierno de Baja California, previamente al desalojo de RESR de su predio”.
En su denuncia Michelón presenta documentos de Sempra donde manifiesta que su despido injusto se debió a preguntas de irregularidades sobre las prácticas comerciales de los ejecutivos de la empresa en México y sobre una mansión de lujo, llamada ‘Casa Azul’, construida en un terreno continuo a la regasificadora, valuada en más de 17 millones de dólares. (La Jornada, política, p. 5, 30 de Enero, 2011).