La corrupción del Instituto Nacional de Migración

Nacional
Se busca detener la corrupción del organismo
La corrupción del Instituto Nacional de Migración
Por: Carlos Damián 23 de Mayo de 2011
La denuncia de migrantes de falsos operativos para entregarlos a Cárteles
México. - La Secretaría de Gobernación ordenó destituir a siete delegados del Instituto Nacional de Migración (INM), como parte de una depuración para intentar atajar la corrupción en este organismo. En tanto, el titular de la Secretaría de gobernación (SG), José Francisco Blake Mora, advirtió a todos los delegados estatales del INM que no habrá tolerancia para los servidores público que violen la ley. Los procesos penales de seis de ellos, agentes del INM como presuntos cómplices en el secuestro de migrantes, se integró un plan para reforzar los controles de confianza como mecanismos para identificar y denunciar a quienes están coludidos con los delincuentes.

La denuncia de las propias víctimas acerca de la existencia de falsos operativos de agentes migratorios, para poner a los indocumentados en manos de los delincuentes, prendió las alertas de funcionarios y asesores de Gobernación, quienes de manera urgente delinearon un plan de acción, aun cuando ya se tenía conocimiento de la existencia de las denuncias en contra del personal. Según funcionarios del INM fueron ellos quienes pusieron a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) loa agentes acusados, seis de 16 presuntos responsables de agresión a migrantes, entre estos mexicanos y extranjeros.

Tomará SG el mando de las acciones del INM
Las investigaciones de parte de la SG, han derivado en destituciones e investigaciones administrativas y penales. Al acto asistieron en el salón Juárez de Bucareli, cerca de 28 delegados a excepción de Chihuahua y Morelos. De acuerdo con la información recabada los delegados destituidos son de: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo, serán conformados archivos para investigarlos asimismo deberían de investigar a los 5 mil empleados del INM.

Legisladores del PRI exigieron fincar responsabilidades penales a los delegados del INM destituidos el 12 de mayo debido a las denuncias de los inmigrantes centroamericanos en la que los agentes estaban coludidos con la delincuencia organizada. La simple destitución es un premio ya que se les libera y se les envía al exilio temporal en espera de darles otro cargo, y además se oculta la corrupción desde la gestión de la actual secretaría general del PAN, Cecilia Romero Castillo.

Se investigue a los agentes del INM sancionándolos con cárcel debido al alto grado de corrupción que ha permeado entre las autoridades de migración del país. Hay una laxitud para sancionar crímenes cometidos con migrantes de parte del gobierno federal ocurriendo frecuentemente en el país y muchos se quedan sin castigo, aunque algunos como el reciente caso de los hondureños fueron rescatados por el Ejército Mexicano luego de que autoridades migratorias los entregan a escuadrones de la muerte.

Limpiar la casa o seguir solapando la corrupción
De acuerdo con el boletín que emitió el INM, la medida forma parte de un proceso de “depuración” del INM. De acuerdo con Salvador Beltrán, titular del INM, informó que mil 200 de los 5 mil 400 funcionarios del organismo gubernamental, serán sometidos a exámenes; que 200 agentes migratorios fueron separados de sus cargos y que 40 serán procesador por la vía penal. Estas supuestas remociones deberán ser cotejadas con los secuestros masivos de migrantes, un fenómeno tan extendido que tan sólo entre abril y septiembre de 2010 han sido documentados cerca de 178 episodios por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los cuales han derivado en la privación ilegal de libertad (secuestro), de 11 mil 333 personas.

Además deben considerarse las palabras del ombudsman nacional, Raúl Plascencia, en el sentido de que este cálculo podría ser conservador, habida cuenta de que “la naturaleza del delito y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante impiden conocer la totalidad de los eventos de secuestro”. Todavía sin proyectarse las cifras mencionadas en los cuatro años que han transcurrido del sexenio de Calderón probablemente el número ascendería a más de 90 mil pero resulta improbable que la cifra citada por la CNDH pueda ocurrir sin el conocimiento de muchos funcionarios públicos que ahora son procesados: es inevitable sospechar que los agentes denunciados son la punta del iceberg de una descomposición institucional y probablemente un patrón de complicidad entre bandas criminales y funcionarios del INM.

Horror y terror de la corrupción de funcionarios
Podríamos preguntarnos el reconocimiento oficial de la necesidad de un “filtro obligado” en el INM así como medidas adoptadas en corporaciones policíacas señaladas por las denuncias de atropellos y vejaciones en contra de migrantes. Tendríamos que tomar las expresiones hechas por el padre Alejandro Solalinde y por las víctimas de estas vejaciones en el sentido de que varios agentes de la Policía federal y fuerzas de vigilancia estatales y municipales han sido señaladas por el secuestro de ciudadanos nacionales e incluso extranjeros.

Finalmente si el gobierno tiene la voluntad política para moralizar a las corporaciones involucradas en el manejo y maltrato a migrantes, es necesaria que las pesquisas y sanciones contra criminales que actúan como funcionarios del INM sean enviadas a las cárceles de la federación, y se amplíen a otras dependencias gubernamentales. Si esto fuera contrario, la sociedad no tendrá razones para ver en las destituciones anunciadas algo más que una medida de control de daños del gobierno federal, o en todo caso se verá como un ardid publicitario de la administración federal que preside Felipe Calderón. (La Jornada, cultura, p.p. 2-9, 13 de Mayo, 2011).