Discurso oficial

Nacional
El significado de la muerte
Discurso oficial
Por: Carlos Damián 27 de Julio, 2011
Combate a la delincuencia
México. - En esta serie de eventos de violencia en México, Jorge Otilio Cantú , un joven fue asesinado hace dos meses con todas las agravantes que menciona la ley por soldados del ejército mexicano, el padre dolido Otilio Cantú, se atrevió a escribir una carta dirigida a Felipe Calderón. En esta carta cuestiona la política militarista para controlar la seguridad nacional. En este texto se colaron algunas preguntas que consideramos claves. Recordando que el Presidente pidió perdón a las víctimas de la guerra irregular de control del país, sin embargo afirmó a renglón seguido que continuara con la misma estrategia de guerra. El padre dolido cuestiona a Calderón si no “no son igual de criminales las Fuerzas federales que masacraron a su hijo Jorge Otilio, que envió de apoyo a Nuevo León”, como ha ocurrido en otros eventos de igual resultado violento.

Para el segundo cuestionamiento: si Calderón cree que los soldados son sometidos a pruebas toxicológicas antes de salir a realizar operativos, pues una persona en su sano juicio no puede cometer actos de barbarie como el cometido contra su hijo. Para la tercer pregunta: si como “comandante supremo de las fuerzas armadas, de verdad piensa que el ejército fue capacitado correctamente para una lucha de tal envergadura antes de exponerlo a que ahora su trabajo se encuentre en entredicho para muchos ciudadanos y analistas sin haber antes enmarcado su presencia de manera legal”. Otras preguntas más están en el aire de la carta, como la forma brutal que su hijo fue masacrado, el ocultamiento y mistificación empleados para culparlo de su propia muerte, y el propósito inocultable de que el crimen sea uno más dejando correr el tiempo y que pase a la memoria popular como un error.

Violencia: mensaje cotidiano
Si el bar Sabino Gordo es una masacre selectiva que busca silenciar a la sociedad, el otro aspecto: el crimen organizado tiene una ciudad donde mora y medra holgadamente, con impunidad. Sin embargo en este maremágnum de voces acalladas, tenemos la voz del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández que se preocupa por sus habitantes. Y la del empresario Alberto Santos de Hoyos. Entre estas voces se escuchan algunas con la tesis que el combate al delito está equivocada. Estas voces coinciden en que el comercio y trasiego de enervantes es un problema estricto de salud pública.

Cuando tuvimos elecciones federales y salió electo con un margen de ganancia de 0.56% Felipe Calderón como presidente todos estuvimos de acuerdo que era un fraude más que se perpetraba en contra de los mexicanos, y tuvimos la sensación de un presidente apócrifo y no querido, que ahora el poder fáctico lo maneja como chivo expiatorio de todos los males que aquejan a la nación. Al cabo de cuatro años, se pusieron en marcha los espectaculares operativos militares-policíaco en contra del crimen organizado, el gobierno federal nos demanda el respaldo irrestricto de la población y la participación de ésta en la tarea de denunciar actos ilícitos.
Sin embargo el discurso oficial parece omitir que un factor principal de agresión y violencia en contra de la población es la propia fuerza pública y que el Estado debe garantizar ante todo los derechos de las víctimas de los delitos, principalmente de aquellos cometidos por los propios servidores públicos. Sin embargo, eventos como el comentado no hacen sino alimentar el sentir generalizado de la población en general, y la desconfianza de ésta en los cauces institucionales de procuración de justicia, y tales condiciones son las menos propicias para conseguir respaldo y consenso social que el gobierno tanto demanda.

Nueva ley de seguridad
Para cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que limita el fuero castrense y ordena que los miembros del ejército que cometan delitos contra civiles sean juzgados en tribunales del fuero común, el Senado debe modificar ya el Código Militar, reforma pendiente desde el año 2010, advirtió Pablo Gómez del PRD. Además se debe incluir un capítulo para permitir a todo ciudadano que haya sido víctima de abusos por militares, interponer una queja para que se cambie la jurisdicción y el juicio se lleve en un tribunal civil.

Gómez recalcó que las bancadas del PRI, y el PAN son responsables que impiden que avance la reforma al Código de Justicia Militar. Estos políticos de derecha han impedido todo avance porque los altos mandos del ejército y la marina armada de México, “les han pedido que no legislen en esa materia y nada sobre el fuero”. Añade el legislador del PRD, “lo que más conviene al ejército y la Marina Armada es operar sobre la base de un compromiso indiscutible de protección y defensa de los derechos humanos”.

El proyecto de reforma enviado al senado por el Presidente Calderón, en octubre pasado, obligado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso de Rodolfo Radilla, es insuficiente. Sólo elimina el fuero militar para los casos de desaparición forzada, tortura y violación, dejando fuera todos los demás delitos contra civiles. En todo caso las víctimas civiles no pueden acudir a un tribunal militar para que acoten el fuero de militares. Lo que pueden hacer las víctimas es acudir a un juez federal para que ordene el cambio de jurisdicción, de acuerdo con el criterio de la SCJN. Por último indicó que esa ley debe estar en concordancia con la disposición reciente de la SCJN. (La Jornada, opinión, p. 5 -19, 16 de Julio, 2011).