Los delitos siguen impunes

Nacional El imperio del norte sigue suministrando fondos a la Iniciativa Mérida Los delitos siguen impunes Por: Carlos Damián 25 de Marzo, 2013 La confusa rectoría del estado México. - A pesar de que la administración federal de México no ha hecho esfuerzos suficiente para prevenir o erradicar crímenes de lesa humanidad ni ha castigado a quienes los cometen, su contraparte de Estados Unidos sigue otorgando fondos millonarios de la Iniciativa Mérida, afirmó Maureen Meyer (MM), encargada principal del programa para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, siglas en inglés). Lo anterior deja la impresión de que el único objetivo de ambos países es justificar el uso de dichos recursos, sin importar la situación de los derechos humanos, sostuvo. Lamentó la falta de compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto cuyos representantes tuvieron el pasado jueves 21 de marzo, su primer encuentro con funcionarios del Departamento de Estado estadounidense en el contexto del diálogo bilateral sobre derechos humanos. “Lo que hemos visto del actual gobierno mexicano es un discurso muy favorable sobre las garantías básicas de los ciudadanos, así como la aprobación de medidas legislativas como la Ley General de Víctimas, pero para medir su compromiso real tendría que haber avances en el tema de las sanciones a los responsables de los delitos como la desaparición forzada, y no ha habido ninguna persona castigada por ellos”, indicó la especialista. Aunque admitió que cien días es un plazo insuficiente para notar algún cambio significativo en ese sentido, MM enfatizó que no basta con tener un buen marco legal de derechos humanos si no hay al mismo tiempo otros indicadores claves que demuestren la voluntad de cambio de las autoridades nacionales. La reunión la consideran, “es una buena oportunidad para que el Departamento de Estado haga un diagnóstico real de lo que sucede, porque cuando mandan informes al Congreso diciendo que México cumple con lo que en realidad no está cumpliendo, da la imagen de que sólo lo hace como un requisito para justificar los fondos de la iniciativa Mérida. Es una muy mala señal”. De acuerdo con el reglamento del esquema de seguridad, si el gobierno recibe ayuda económica no cumple con ciertos requisitos en materia de derechos humanos, es posible retener una parte de los fondos hasta que haya avances satisfactorios. En el informe del año pasado, se condicionó el uso de 18 millones de dólares a que las autoridades mexicanas diseñaran un plan de trabajo en derechos humanos, impulsaran reformas legales en ese sentido, investigaran a fondo los abusos y castigaran a los responsables, y aunque no hubo avances suficientes, los fondos de todas maneras son autorizados por Washington. El confuso mando del Estado En estos días confusos, la frase “rectoría del estado”, parece haberse convertido en los nuevos tiempos del PRI en palabra clave que permite explicar, justificar, alabar y llevar a cabo un conjunto de políticas reformadoras. Se “recupera” la jettatura del Estado, en educación al encarcelar a la señora Gordillo a pesar de que los “charros” sigan controlando el sindicato; sin embargo no se pierde “la jettatura de Estado”, al abrirse el recurso estratégico del petróleo a la inversión privada nacional y extranjera cuando sólo se podrán cobrar menguados impuestos, y se “consolida la jettatura de Estado”, en telecomunicaciones al aceptar el ingreso del monopolio Slim en televisión y viceversa del monopolio Azcárraga en telefonía. Una jettatura de Estado cuyos principios se acomodan a los intereses dominantes. Los analistas son muchos y con variados pensamientos, diputados, senadores, partidos, y voceros oficiales que repiten todos los días estas falacias para confundir. Tal vez la explicación que nos recetan los jilgueros oficiales radica en que “la injerencia dañina” del SNTE vulnera al Estado, mientras la “benéfica injerencia” del capital privado lo fortalece. Nuestra opinión sobre esta benéfica injerencia es que es precisamente al revés: En el caso del petróleo, el Estado está muy dispuesto a cederla rápidamente y si se privatiza mejor, “seguirá siendo de la nación”; de la nueva ley del trabajo, que es para controlar a los obreros y bajarles sus salarios y prestaciones sociales, en una palabra para hundirlos en la miseria sistemática que acostumbran nuestros gobiernos emanados de la oligarquía, y trasnacionales extranjeras; en la educación que ya la manejaron a su antojo, fue para controlar a los maestros nunca se perdió, la “jettatura del Estado”. El gobierno no es el Estado, y solamente la confluencia de poderes de estos diversos actores puede construir una política de Estado. En el caso de la educación, es como se refleja esta situación. Desde la formulación del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, suscrito en 1992 entre Carlos Salinas de Gortari y Elba Esther Gordillo Morales, que implicó las lesivas reformas al artículo tercero constitucional y la concreción de la descentralización educativa, hasta la Alianza para la educación, suscrita por Felipe Calderón Hinojosa, y la misma “vitalicia” dirigente, hay una perfecta sincronización y continuidad en las política educativas. El principal objetivo de esta educación neoliberal ha sido desmantelar tenazmente el secular proyecto de diversas generaciones para edificar una educación universal, pública, gratuita, laica, democrática, incluyente y bajo principios de equidad, lo que, en los hechos, significa la abolición de uno de los derechos fundamentales por el cual el pueblo mexicano ha luchado a lo largo de su historia. La visión de una nueva educación, es lo que comparten los gobiernos del PRI, del PAN, los empresarios, la Unión de Padres de Familia, y al ser solidarios con esta visión sesgada y arcaica, buscan ellos una educación eficientista, empresarial, privatizadora, discriminatoria. Para ello han establecido mecanismos perversos de control y mercantilización a través de las evaluaciones y estímulos, que ha transformado los curriculums empobreciéndolos con estándares alrededor de un mísero examen, con instrumentos como la prueba Enlace. Asimismo se anulan los derechos laborales de los maestros, aunado a esto la educación ya no es laica, obligatoria, ni gratuita, hoy sólo es un sueño concretizado lleno de múltiples errores, y generando futuros ciudadanos como artículos suntuarios, actuando como robot, analfabetas funcionales, y ciudadanos sin valores humanos y sin recuerdo de su pasado histórico como mexicanos. Esta complicidad entre gobiernos y líderes vitalicios es conocida: el corporativismo sindical. El contenido esencial de la reforma educativa fue planteada desde 2008; desde que se estableció el CE la evaluación se perfilaba como una educación instrumentista y alrededor de ésta el magisterio se promociona y permanece dentro del sindicato. La maestra vitalicia sólo trataba de vender los últimos reductos sindicales, pero se enfrentó a los empresarios y al Estado decidido a no pagarle más. (La Jornada, política, p.p. 16-30, 22 de Marzo, 2013).