La justicia sin virtud

Nacional El presidente influyó en la decisión de los jueces de la SCJN: AMLO La justicia sin virtud Por: Carlos Damián 29 de Enero, 2013 La ilegalidad exculpa a una extranjera en México México. - Por mayoría de tres votos contra dos, la primera sala de SCJN ordenó el 23 de enero de 2013, que ya fue sentenciada y juzgada por la corte la culpabilidad del secuestro de la banda “los zodíaco” aún activa en el centro de la República mexicana, aunque se reconoció que la criminal francesa al liberarse no se determinaba si era culpable o no. La SCJN tras reconocer las irregularidades en que incurrió la autoridad durante su detención, en diciembre de 2005, así como las infracciones de procedimiento cometidas por los agentes del Ministerio Público en su contra. Lo que en principio debiera ser visto como algo positivo; el reconocimiento por el máximo tribunal del país de los indudables vicios policiales y judiciales que a diario sufren los mexicanos. El atropello a los derechos humanos de la extranjera Florence Cassez, en esta perspectiva adquiere connotaciones preocupantes sobre el estado deplorable que guarda la justicia en el país, con miles de mexicanos presos por injusticias y errores al conseguir la totalidad de las pruebas en su contra. En primer lugar, la votación del 23 de enero, estuvo precedida por un proceso de deliberación turbio y alambicado en el seno del máximo tribunal, que incluyó dos fallos contradictorios entre sí y se terminó por resolver gracias a un cambio súbito en al postura de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien renunció a los resolutivos de su propio proyecto de dictamen, en el cual planteaba reponer el juicio a F. Cassez en un tribunal unitario, pero a fin de cuentas se alineó a la propuesta de otorgarle la liberación inmediata, como proponía el proyecto original del ministro Arturo Zaldívar, discutido y rechazado en marzo del año pasado. No menos inquietante es que este viraje mostrado entre los integrantes del máximo tribunal coincida con el cambio de siglas y colores en la Presidencia de la República. Por lo demás, y sin desconocer que el conjunto de la causa judicial contra F. Cassez estuvo contaminado de origen por los vicios observados durante su detención, lo procedente hubiera sido la reposición del proceso correspondiente, a efecto de esclarecer a cabalidad su participación o no en los delitos que se le imputan, cuya existencia es tan indudable como los atropellos cometidos en su contra. En cambio, con la decisión de otorgar una liberación “lisa y llana” a la ciudadana francesa, la SCJN abona a la impunidad y lesiona el estado derecho de las víctimas a la justicia, atropella sus derechos humanos como víctimas y humanos. Estas víctimas padecieron su secuestro, en la medida de lo posible y según la información corriente, también padecieron durante el proceso, humillación y desprecio por parte de las autoridades mexicanas encargadas del proceso judicial. Por lo que un sistema de justicia caracterizado por la violación sistemática a los derechos humanos, por la fabricación de culpables y por la alteración de pruebas y testimonios de la autoridad, el Poder Judicial podría exonerar, con argumentos similares a los empleados por el SCJN, y la mayor parte de la población penitenciaría en el país (92%), debería estar gozando de su libertad inmediata sin discusión, si son o no culpables. La ilegalidad hecha justicia El presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cometió una “monstruosidad” al liberar a la francesa Florence Cassez, y agregó que el presidente Enrique Peña Nieto (EPN), “influyó” en la decisión que tomaron los ministros. “Estoy seguro de eso, que no fue ajeno a EPN; fue para ganar gracia y quedar bien con el gobierno francés, pero quedó muy mal con el pueblo de México. En realidad se debió “reponer el proceso, integrar bien la averiguación previa y hacer justicia, no castigar a la fuerza a la señora Cassez, y si se demostraba al final que era inocente, dejarla en libertad”. En Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, el candidato sostuvo que dentro de este caso, “se están tardando en enjuiciar “al ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien “hizo el gran montaje“ para la televisión. En esta línea de información, tenemos que las miserias judiciales exhibidas por el fallo del máximo tribunal debería sumarse la impunidad que persiste para funcionarios como Genaro García Luna, y Daniel Cabeza de Vaca, todos ellos titulares en su tiempo de la desaparecida AFI y de la PGR, respectivamente, al momento de la detención de F. Cassez. Ya que estos personajes de triste memoria fueron quienes, en connivencia con las televisoras, realizaron un montaje en el que se presentaba la captura de la criminal secuestradora como si se realizará en tiempo real. No menos graves es la responsabilidad, así sea política, de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuyos gobiernos incurrieron en un encubrimiento y una suciedad pocas veces vista en torno a los vicios que imperaron en el proceso contra la criminal francesa, actitudes que en el caso del anterior gobierno federal, llevaron al país a una crisis diplomática con Francia indebida del Poder Judicial sobre el Judicial. En contraste con toda esa cadena de negligencias y atropellos que se inicio con la detención irregular de F. Cassez y sus cómplices culmina con un fallo cuestionable que mina los cimientos de la legalidad, que exculpa a una ciudadana extranjera sentenciada por tres instancias judiciales, y que al eludir la búsqueda de la verdad jurídica con su huída ilegal a todas luces permitida por las autoridades federales; equivale a una renuncia del Estado a impartir justicia y a una auto-descalificación rotunda de las instituciones encargadas de salvaguardar el estado de derecho. Este tecleador cuestiona, ¿qué sucedería con un feroz asesino extranjero de los cárteles de las drogas en México? Tal vez sería liberado por errores judiciales, y vicios en el proceso judicial al integrar su expediente, o le harían un montaje para la televisión. Es pregunta. (La Jornada, política, p.p. 2-8, 24 de Enero de 2013).