miércoles, 6 de octubre de 2010

Pasta de Conchos y Cananea

Nacional
Persisten evidencias de que Grupo México no quiso rescatar mineros
Pasta de Conchos y Cananea
Por: Carlos Damián 3 de Octubre, 2010
STPS es inmoral y corrupta luego de 4 años de la explosión
México.- Después de cuatro años de la explosión de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, este gobierno “no ha hecho justicia a los familiares de los trabajadores muertos” y persisten las evidencias de que, deliberadamente, Grupo México no quiso rescatar los cuerpos y que, incluso, “cuando unilateralmente suspendió las tareas de rescate, todavía había sobrevivientes en el socavón”, denunció el obispo de Saltillo, Raúl Vera. Esta mina es “el paradigma patente del desprecio que tiene el gobierno de Felipe Calderón por la vida de los trabajadores”.

Al hacer un recuento el obispo Vera, hizo un recuento de los agravios sufridos por los deudos de los mineros en los mil 460 días que llevan en lucha. María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana, uno de los mineros fallecidos en la explosión, dijo que ya fue admitida su denuncia contra el gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la negligencia e ilegalidad con que ha actuado en este caso. Con la voz quebrada sostuvo: “tuvimos que recurrir a instancias internacionales porque cuatro años este gobierno ha estado mudo, sordo y ciego ante nuestras demandas, que se condensan en una sola: que rescate a nuestros muertos”.

Si este presidente atendiera los hechos de injusticia, no sería necesario acudir a organizaciones mundiales, puntualizó. En este acto también acudió Oralia Martínez, esposa de Juan Ramón Flores, minero muerto recientemente en el Pocito Ferber, que había sido clausurado y operaba ilegalmente. Con un niño en brazos sentenció: “en este gobierno los empresarios hacen lo que quieren, porque les permiten todo; en mi caso el patrón no pagó ni los gastos funerarios. No se hizo cargo de nada.

A Calderón no le duelen familias que han penado cuatro años por los cuerpos de los muertos en Pasta de Conchos, igual que no le importa mandar a la calle a 44 mil electricistas para entregar a los empresarios el negocio de la fibra óptica(…)” por todos lados vemos en el país pisoteada la dignidad de los mexicanos”, contundente dijo. Este gobierno nos calla con el argumento de que está enfrascado en una guerra contra el narcotráfico, cuando es evidente que sólo tendrá muertos y nada de resultados positivos de esa batalla mientras no castigue a los altos políticos que protegen a los criminales, así como a los banqueros y casas de bolsa financieras que les lavan el dinero, acotó.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó que se espera que la CIDH emita una declaración en el sentido de que el gobierno mexicano violó los derechos humanos de los mineros y sus familias, y ordene una investigación seria e imparcial sobre los sucesos. Pasta de Conchos no es un hecho aislado sino una clara evidencia de la falta de acceso de los trabajadores a la justicia, con la complicidad entre el gobierno y los empresarios.

En tanto Carlos Rodríguez del Centro de Reflexión y Acción Laboral, expuso que de 1989 a la fecha han muerto mil 647 trabajadores en las minas y no se ha sancionado a ningún empresario; han permeado la impunidad y el “olvido” de las autoridades. En el caso de Grupo México no ha habido ningún empacho en difundir sus millonarias ganancias, “enriquecimiento basado en la muerte de trabajadores” y en la sepultura del derecho de huelga, como ahora pretende que ocurra en Cananea, Sonora.

Sonora, Cananea
Un grupo de abogados de corte progresista, entre ellos los abogados laboralistas Néstor y Carlos de Buen, y otros litigantes agrupados en la asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y en la Unión de juristas de México se manifestaron (Feb 18, 10)frente a la SCJN con motivo del fallo reciente en contra del amparo a los mineros de Cananea, pues se trata de una resolución que “demuestra que el sistema de justicia mexicano está secuestrado por los intereses gubernamentales y empresariales.
La semana pasada, por unanimidad (tres votos), los integrantes del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo en el Distrito Federal negaron el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) resolución que confirma el término de las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea de Grupo México, y la organización gremial que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Con ese fallo judicial queda firme un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que el pasado 14 de abril respaldó la propuesta de Grupo México de liquidar a mil 100 sindicalizados y 100 empleados de confianza que laboraban en la mina de Cananea, la cual lleva 31 meses en huelga.
Según puede verse, el gobierno federal se empeña en llevar a un nuevo nivel la premisa neoliberal arcaica: para que un país sea atractivo para los capitales foráneos es necesario adoptar medidas en perjuicio, exterminio de la clase trabajadora y las organizaciones sindicales. Resulta obligado preguntarse si a ello se refería el presidente cuando hace unos días, en su contexto de su visita a Davos, Suiza, garantizó a ejecutivos de empresas trasnacionales que su gobierno seguirá impulsando la “competitividad” y la “certidumbre jurídica” en el país, a efecto de atraer inversiones. (La Jornada, política, p. 14, 19 de Febrero, 2010).

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