Ofensiva anti obrera

Nacional
Se han degradado profundamente las condiciones laborales en el país
Ofensiva anti obrera
Por: Carlos Damián 4 de Octubre, 2010
La mina cobró la vida de 65 mineros
México.- Hace cuatro años la mina Pasta de Conchos cobró la vida cruelmente de 65 mineros que quedaron atrapados en el yacimiento. El saldo del episodio va más allá de esas irreparables muertes y del sufrimiento de los deudos de las víctimas: en todo este tiempo, el país ha asistido a la demostración, como uno de los signos de continuidad entre las administraciones federales panistas, de un empleo sistemático y faccioso del poder público en defensa de los intereses empresariales. En esta tragedia pudo evitarse si las autoridades hubiesen cumplido con su obligación de prevenir, o en su caso sancionar, la cadena de negligencias e incumplimiento a las normativas de seguridad laboral cometidos por Grupo México, propietario de la mina siniestrada.

Cobra especial relevancia la evidencia documental de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) había detectado 19 meses antes de los hechos, una treintena de irregularidades que ponían en riesgo la salud y la vida de los obreros en la mina, y sin embargo, fue hasta siete meses antes del accidente cuando exigió a la compañía que realizara las adecuaciones correspondientes en el yacimiento, las cuales, de cualquier forma, no se efectuaron. En días posteriores al 19 de febrero de 2006, en vez de consagrarse a rescatar a los trabajadores enterrados, esclarecer los hechos y resolver las indignantes condiciones de trabajo de los mineros, el gobierno federal se dedicó a proteger y ocultar las responsabilidades de la parte patronal en la tragedia.

En el colmo de la indolencia y la irresponsabilidad, el entonces presidente Vicente Fox llegó a afirmar, cuando ya resultaba innegable que los trabajadores estaban muertos, que continuaban los trabajos de rescate para “abastecer de oxígeno y de alimentos”, y el vocero de la presidencia, Rubén Aguilar, señaló que las condiciones de seguridad en la mina eran “excelentes” hasta antes de la explosión, en un intento inaceptable por otorgar una exculpación anticipada a la compañía propiedad de Germán Larrea.

Pero el agravio y la infamia en contra de los mineros fue más allá, el gobierno foxista aprovechó la coyuntura para emprender una ofensiva en contra del sindicato minero y su dirigencia, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, quien criticó abiertamente la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales imperantes en Pasta de Conchos. En respuesta, el foxismo, que hasta entonces había mantenido buena relación con el líder minero, resucitó viejas y conocidas acusaciones en contra de Gómez Urrutia por presunto desvió de fondos e inició una campaña de acoso judicial en su contra, además de una injerencia abierta e ilegal en la vida interna de la organización, al grado de pretender imponerle por conducto de la STPS –entonces a cargo de Francisco Salazar Sáenz-, una dirigencia corrupta.

Con el tránsito del foxismo al calderonismo no sólo no se revirtió la tozudez oficial en contra de los mineros y su sindicato, sino que se recrudeció: así lo demuestra la persistencia del acosos judicial en contra del dirigente máximo del gremio y la ofensiva emprendida, a instancias del actual titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, contra la huelga de la sección 65 del sindicato minero mantiene desde julio de 2007 en la mina de Cananea Sonora. Por añadidura, la cruzada anti sindical de la administración federal de Calderón se ha ampliado hacia otros gremios, como actualmente puede observarse con el acoso en contra del sindicato Mexicano de Electricistas, el sindicato de Mexicana de Aviación y con el designio gubernamental de extinguir, vía decreto, al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, privando así a la organización de su materia de trabajo.

Solicitan a la SCJN respetar los derechos humanos de trabajadores mineros
La Comisión internacional para los derechos de los trabajadores (ICLR, por sus siglas en inglés), presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un documento amicus curiae en el que media centena de organizaciones de abogados y defensores de los derechos humanos así como estudiosos del derecho de Europa, Estados Unidos, y Canadá le solicitan que se respeten los derechos de libertad sindical y humanos de los integrantes del sindicato nacional de trabajadores mineros. (SNTMSRM).

Este documento fue presentado ayer (Sep 21, 10) ante el ministro presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y en el mismo 46 organizaciones internacionales de juristas y abogados, solicitan la aplicación de la ley bajo normas globales en materia de libertad sindical y en especial piden la máxima instancia jurídica de nuestro país que tenga a bien aplicar el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en beneficio de la libertad de asociación del sindicato minero. Aunque esta figura jurídica de memorial amicus curiae, no es reconocida en México.

La tragedia constituye un punto de inflexión a partir del cual se han degradado profundamente las condiciones laborales en el país, se ha pervertido el ejercicio del poder público en beneficio de los intereses del capital y se ha generado, en suma, un panorama de incertidumbre, zozobra creciente para los empleados, obreros, sus familias, y para México en general. (La Jornada, editorial, p. 2, 19 de Febrero, 2010).