miércoles, 6 de octubre de 2010

La precariedad laboral

Nacional
Mexicana comienza un período para negociar la deuda financiera
La precariedad laboral
Por: Carlos Damián 17 de Septiembre, 2010
La denuncia implica que Profeco representará a los inconformes ante el juzgado que lleva el concurso mercantil
México.- La Compañía Mexicana de Aviación (CMA) y sus filiales Click y Link dejaron de operar mil 35 vuelos con destino y origen al Distrito Federal entre el 6 y 28 de agosto pasados, a la par que sus deudas aumentan. A este clima de incertidumbre se suma también la suerte que correrán miles de trabajadores de las empresas –sólo CMA tiene 6 mil-, quienes desconocen si hoy recibirán su salario de manera norma. De acuerdo con los datos de la aerolínea, sólo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fueron cancelados mil 35 vuelos nacionales y extranjeros. De este total, 678 correspondieron a CMA, 320 a Click, y 37 más a Link.

Según la Secretaría de Economía (SE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los usuarios afectados podrán obtener “tarifas especiales de esas compañías, así como también en Aeromar y Viva Aerobús, pero” sujeto a disponibilidad”. Para levantar una denuncia contra alguna de las tres aerolíneas que controla NGA, los consumidores deben presentar boleto de avión e identificación oficial., además de llenar el formato de denuncia (éste no está disponible en la web: www.profeco,gob.mx, sin embargo el de quejas sí).

La denuncia implica que Profeco representará a los inconformes ante el juzgado que lleva el concurso mercantil del NGA, a diferencia de la queja, que sólo es un concurso administrativo, radicado en Profeco, y que es lo que más recomendaban los funcionarios de Profeco a los usuarios afectados en el aeropuerto capitalino. La decisión de un juez federal de otorgar a CMA protección contra sus acreedores, con el fin de que la empresa esté en condición de reanudar operaciones, constituye el mayor proceso de concurso mercantil desde que esa figura jurídica fue introducida en la legislación nacional hace una década.

Todos los acreedores de CMA, ente los que está el gobierno federal, van a salir raspados. Lo que ocurre ahora, con la declaración de concurso mercantil emitida por el juez, es que se abre la etapa de conciliación de 185 días (seis meses para que se busque un convenio entre la empresa y acreedores, entre ellos a los trabajadores. Sin duda este es el proceso de concurso mercantil más relevante que ha ocurrido en el país, por todo lo que implica.

Inestabilidad laboral
El anuncio de la empresa por parte del grupo Tenedora K, de 95 por ciento de las acciones de CMA y sus filiales de bajo costo ha abierto un nuevo compás de espera en las negociaciones entre la empresa y sus trabajadores. Al anuncio de la restructuración de la empresa, se traducirá, de entrada, en la salida de 300 pilotos “por renuncia” –recibirán una “compensación” diferida a 12 meses- se suma la “propuesta”, realizada por los nuevos accionistas a los sindicatos de sobrecargos y pilotos aviadores, de “firmar una carta” en la que los trabajadores determinen a qué prestaciones estarían dispuestos a renunciar para “salvar a la compañía”.

Es de suponer que la operación de salvamento de CMA se traduzca en un recorte de las conquistas laborales y sindicales logradas por el personal. Tal circunstancia pone en relieve un hilo de continuidad entre los antiguos propietarios de la empresa, encabezados por Gastón Azcárraga, y los nuevos inversionistas: si los primeros culparon injustamente a los trabajadores por la crisis de CMA, y buscaron con ello trasladarles la responsabilidad por las malas prácticas empresariales que llevaron a la empresa a la quiebra. Los trabajadores insisten en el argumento de la NGA, que la única posibilidad de reestructurar la empresa es que los empleados acepten condiciones laborales “denigrantes, ofensivas y repugnantes”.

Este contexto es sólo el telón de fondo de una campaña, tolerada e incluso impulsada por las autoridades laborales para aniquilar los contratos colectivos de diversos gremios y presentar las conquistas sindicales como lastres a la competitividad, la viabilidad de las compañías y generación de empleos. Las alianza se han refrendado entre el grupo en el poder y las expresiones más antidemocráticas del sindicalismo mexicano, así como las cúpulas que controlan los sindicatos petrolero y de maestros, por otra parte tenemos el auge de la contratación simulada, de protección, son mecanismos que permiten a los patrones eludir responsabilidades para con sus trabajadores, y que constituyen un factor fundamental de la precarización de las condiciones de trabajo.

La crítica situación que enfrenta el IMSS en lo financiero resulta un colofón lógico para un mercado de trabajo en el que proliferan la incertidumbre laboral, la informalidad, la subcontratación, y por consecuencia no fluyen los recursos necesarios para el sostenimiento de los mecanismos de seguridad social a cargo del estado. En esta circunstancia, refleja las condiciones de “flexibilidad laboral”, que se pretenden incorporar con la reforma del PAN en materia laboral, no es extraño que los casos de gremios capaces de negociar condiciones dignas se vuelvan cada vez más aisladas y que sean presentados, como grupos “privilegiados”. Sin embargo de seguir la actual tendencia de aniquilamiento de conquistas sindicales, precariedad laboral, y salarios de hambre se corre el riesgo de agotar la paciencia de los trabajadores y sus familias, colocando al país en una perspectiva de una irritación social y de posibles escenarios de ingobernabilidad. (La Jornada, economía, p. 6, 30 de Agosto, 2010).

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