La Impunidad en la patrulla fronteriza

Nacional
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La Impunidad en la patrulla fronteriza
Por: Carlos Damián 1 de Octubre, 2010
El movimiento Tea Party en Arizona empuja leyes restrictivas
México.- La complejidad del problema migratorio, y particularmente las situaciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos de los migrantes, requieren que, independientemente de los distintos tratados y convenciones internacionales existentes en la materia, en México se adopte un marco jurídico particular y especializado que los atienda en forma institucional y en el caso de Estados Unidos se observa la misma deficiencia.

Existen disposiciones internacionales que protegen a los migrantes. La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que entró en vigor en julio de 2003. Sin embargo esta Convención sólo ha sido ratificada o firmada por una minoría de países, entre los que se encuentra México. En este contexto tenemos a 450 mil paisanos que se encuentran en Arizona sin ayuda legal profesional. Propondríamos que se extendiera las facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para hacer reclamaciones de derechos humanos a los funcionarios de Estados Unidos, que serían en todo caso quienes estarían cometiendo violaciones y felonías a los mexicanos sin documentos en Arizona –ley SB1070-, y otros estados de la Unión Americana.

Llama la atención, por lo demás, que en la agenda del ombudsman del migrante no se haya planteado: los secuestros, los asaltos, las violaciones sexuales, la tortura, las deportaciones sin dar aviso a los consulados respectivos de cada estado de la Unión Americana, la posición moral y ética de la separación de los niños de los padres, el maltrato por parte de policías de los tres órdenes del gobierno extranjero.

La creación de la procuraduría de protección al migrante tendría otro argumento a favor a la luz del boletín No.27/09 del 21 de octubre de 2009, emitido por la Secretaría de Gobernación en el cual se afirma que, según estudios del Consejo Nacional de Población, 41 de los 50 estados del país vecino del norte promulgaron leyes relativas a la migración en 2008, y que en ese año siete de cada 10 leyes promulgadas fueron de carácter restrictivo.

Reunión sin sustancia
En la reunión del presidente de México con su similar de Estados Unidos, la relación bilateral atraviesa por un momento complicado y crítico en el que los factores económicos, políticos y de seguridad confluyen en un cuadro explosivo. En las condenas expresadas por ambos gobiernos sobre la Ley SB1070 revelan la impotencia y la falta de ideas claras de ambos presidentes para contrarrestar una normativa discriminatoria, racista y a todas luces injusta, y abonan con ellos a un sentir de retroceso en el asunto de la migración binacional. Resulta significativo que Obama haya admitido que la solución a este asunto pasa por una reforma migratoria integral, la cual, sin embargo, no puede darse sin el apoyo de los republicanos en el Senado.

Por descontado, ni uno ni otro gobierno han puesto sobre la mesa los problemas de fondo: las asimetrías económicas y los inequívocos términos que regulan los intercambios entre ambos países, factores que en última instancia, alientan el vasto flujo migratorio que cruza la frontera común en dirección al norte a pesar de la recesión, de las normativas discriminatorias, persecutorias, y de los dispositivos de alta tecnología para la vigilancia fronteriza. En lo que corresponde a la violencia asociada al narcotráfico, es patente la ausencia en ambos gobiernos de una estrategia eficiente den el combate a ese fenómeno: los recientes anuncios del gobierno estadounidense en torno a un viraje en sus propias políticas de combate al trasiego y consumo ilegal de estupefacientes.

Así como las críticas formuladas por altos funcionarios de la Casa Blanca a los lineamientos de Calderón de seguridad y combate a la delincuencia, ponen en entredicho la utilidad y la procedencia de la visión policíaco -militar que ha prevalecido en el tratamiento bilateral de ese fenómeno en las últimas décadas, y que hoy se articula en torno a la denominada Iniciativa Mérida. Por elemental congruencia, las autoridades de Washington tendrían que emprender una revisión profunda de dicho plan de asistencia.

En este sentido llama la atención, que en la agenda de la reunión no se haya planteado una revisión a fondo de los aspectos económicos e la relación bilateral, pese a que los fenómenos referidos –delincuencia organizada y migración ilegal- se explican en buena medida como resultado de la falta de oportunidades de desarrollo y del pésimo estado de la economía nacional en las últimas décadas, a consecuencia de las directrices impuestas desde Washington y adoptadas por el ciclo de gobierno neoliberales.

En suma, los términos, que modulan actualmente la relación bilateral en materia económica, política y de seguridad resultan, a la luz de los elementos de juicio disponibles, caducos, anacrónicos e inadecuados para el tratamiento de las problemáticas actuales, y estos elementos ponen de manifiesto la pertinencia y necesidad de una redefinición general y profunda de la relación bilateral. En esta perspectiva, resulta difícil entender cómo podrán ambos gobiernos avanzar en la relación binacional si persisten, en uno y otro lado, ejercicios de inercia y de rutina política como los que siempre se han dado entre Washington y México. (La Jornada, opinión, p. 21, 21 de Mayo, 2010).