Desmantelamiento

Nacional

El número es mayor, al referirse a la ordeña de ductos en la República Mexicana

Desmantelamiento y claudicación

Por: Carlos Damián                                       20 de Febrero, 2015

Los cañerías y la propaganda del gobierno federal

México. -   En un comunicado difundido ayer (17/02/14), por Pemex, informó su decisión de abandonar  las labores de transporte de petrolíferos terminados  - como gasolinas y diesel- mediante su red de ductos en el territorio. Según la empresa productiva del Estado, la determinación obedece al creciente robo de combustible en su modalidad de ordeña de ductos; en lo sucesivo sólo se transportarán a través de esas redes los petrolíferos no terminados, como forma de tratar de quitarle incentivos su sustracción ilegal y posterior robo que los legisladores no han tratado con dureza a pesar de tratarse de un estratégico energético nacional. Con independencia de las razones esgrimidas por la compañía Nacional, es inevitable vincular la medida anunciada ayer con el brutal recorte  presupuestario anunciado por la Secretaría de Energía hace unas semanas en el sector energético y particularmente en Pemex y la CFE, empresa nacional dedicada a la producción de electricidad, a consecuencia entre otros factores, del desplome en las cotizaciones internacionales del crudo, que ha derivado en una baja en las expectativas de ingreso de divisas al país. A ese factor coyuntural se suman otros, como la creciente importación de gasolinas y la falta de construcción de refinerías, que nunca pusieron en operación por orden de Estados Unidos debido a que en ese país faltaba el energético para hacer funcionar sus múltiples refinerías que han llevado a ese país a ser el imperio por excelencia. Estas refinerías han mermado la capacidad de abasto de combustibles por parte del Estado y de Pemex y han tratado de llenar ese hueco propagando una más de sus torpezas al anunciar que van a traer petróleo de Estados Unidos producto de la extracción de lutitas sumamente tóxico y se van a llevar refinados nacionales del país, como un pago a sus servicios. Las circunstancias descrita en suma, pone en perspectiva un proceso de reducción y desmantelamiento de las capacidades de Pemex, que no se explica sólo como resultado de los términos privatizadores y entreguistas de la reforma energética del gobierno federal y que fue aprobada durante la actual legislatura. Por el contrario dicho desmantelamiento ha formado parte de la agenda de las más recientes administraciones federales, incluida la actual: desde la reclasificación de los productos petroquímicos básicos –cuya producción estaba reservada al Estado- en secundarios  durante el gobierno de Miguel de la Madrid hasta la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto, pasando por la creación del esquema Pidirigas durante el sexenio de Ernesto Zedillo y de los llamados “contratos incentivados de servicios” durante el período de Felipe Calderón. Petróleo mexicano de humor negro Se ha visto que dentro de Pemex –compromisos de transparencia, y apertura- y el gobierno todo es miel y sonrisas, pero en las turbias cañerías de la política nacional se observa todo en sentido contrario.  Esta situación embona perfectamente con la práctica gubernamental pero destaca el caso de la “reforma energética” y la cesión del petróleo nacional al capital privado. Cuando se presentó en sociedad el inquilino de Los Pinos en 2013, aseguró que uso de sus pilares –objetivo del Estado mexicano- era la “reforma” energética y convertir a la compañía propiedad del Estado en un consorcio transparente, y que tuviera las mejores “prácticas de transparencia de obras, las adquisiciones y los contratos de utilidad compartida con particulares”. Esta sospechosa iniciativa fue presentada por legisladores levanta dedos sin cerebro, sin ideales, y sin deseo de superarse en materia humana, pero promulgada con elegancia, y siempre acompañada de la música de fondo y la transparencia mexicana. En una segunda etapa (agosto de 2014), se promulgó y pasó lista de presentes con un ganchito para cada uno de los partidos que acudió a apoyar la ley reglamentaria de la “reforma” y el coro de nitidez se escuchó a todo volumen y en cada uno de los múltiples discursos vacíos que apoyaron a la venta de la gallina de los huevos de oro. El “compromiso” de los reformadores siempre fue la “transparencia” en materia energética, y como siempre se ha insistido e independiente de que el teatro de la abundancia se le desmorona al gobierno federal, por la fuerte caída de los precios del petróleo, desplome que ha “desestimulado” a los inversionistas mexicanos porque a las trasnacionales extranjeras no ha decaído su interés ni un ápice. Todas las organizaciones junto con el gobierno federal son los menos interesados en que se haga público el contenido de contratos, concesiones y conexos a la hora del reparto del pastel de oro negro antes propiedad de la nación. Esta situación ha resultado “una de las propuestas de modificación a la Ley General de Transparencia que formuló el gobierno federal (al Senado de la República), va en el sentido de evitar que se haga pública la información relacionada con la reforma energética. En este contexto el escrito que el PRI  y su cómplice PVEM presentaron ante las comisiones dictaminadoras –que incluye 82 cambios elaborados por el consejero jurídico de la Presidencia de la República- se proponen eliminar la  obligación de dar a conocer contratos, permisos, alianzas, y sociedades que el Estado suscriba con empresas nacionales y extranjeras en materia de explotación de petróleo”. (La Jornada, Andrea Becerril), o lo que es lo mismo exactamente lo contrario de lo que han bombardeado con publicidad a todo el territorio Nacional, estos sinvergüenzas.                               Gobierno mendaz y sinvergüenza Sólo se escuchó la voz de un par de senadores “advirtieron que es imprescindible que esa información sea pública, ya que los mexicanos tienen derecho a saber que ocurrirá  con los hidrocarburos, luego de la reforma que permite el regreso de las petroleras extranjeras al país y el riesgo de que las ganancias se las lleven las trasnacionales. El sector energético deber ser un ente obligado a abrir y proporcionar información sobre su operación y actividad, ya que nada justifica que las operaciones y decisiones que se tomen durante  el proceso de apertura y privatización sean omitidas de la ley de transparencia. La información que existe en materia de exploración, extracción, producción y refinación del petróleo debe ser pública; también la relativa a los contratos que se firmen en este sector.  La ciudadanía tiene todo el derecho de saber los ingresos, costos contribuciones, prestaciones, contraprestaciones que deriven del sector energético”.  Aprobada la ley reglamentaria de la “reforma” energética, Pedro Joaquín Coldwell, difundió que la legislación aprobada “garantiza transparencia en el otorgamientos de contratos a empresas privadas” pues “ni una sola institución va a otorgar contratos en solitario, ni de manera disfuncional”. Una gran mentira que después el gabinete de Pena Nieto desmentirá. El objetivo evidente de los sucesivos gobiernos neoliberales ha consistido en devaluar sistemática y deliberadamente la industria energética propiedad de la nación. Ahora, ante el incremento en el robo de combustibles de los ductos de Pemex –que ha generado pérdidas anuales por alrededor de 5 mil millones de pesos- , el anuncio que se dejará de transportar esos productos equivale a una renuncia ´tacita del Estado a aplicar los recursos y medidas a su alcance para combatir ese fenómeno delictivo, empezando por el combate a la corrupción que campea en las oficinas de la compañía, y sin la cual no podría entenderse la implicación de dirigentes sindicales en la ordeña de ductos de terminados, como se dio a conocer hace unos días. El anuncio realizado ayer (17/02/15), por Pemex da cuenta, en suma, de una conducción corporativa que resulta doblemente agraviante para el país: por un lado, porque ha reducido y devaluado el patrimonio nacional y provocado una merma en los activos nacionales, y por el otro, porque constituye una abdicación tácita a la obligación irrenunciable del gobierno de combatir delitos como el robo de combustible en los ductos de la empresa. Se ha enviado de esa forma, un mensaje que desalienta a la sociedad y una señal equivocada a los inversionistas. (La Jornada, política, p.p. 2-26 Febrero 16, 2015).