Las desapariciones forzadas

Nacional Pro-víctima nació mal hecha, y es un chipote en la administración Las desapariciones forzadas Por: Carlos Damián 30 de Diciembre, 2012 Las comisión nacional prefiere pecar de omisa que excederse en sus funciones México. - Luego de un sexenio en donde el respeto a las garantías individuales se vio gravemente afectada por la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, uno de los principales retos del Estado mexicano es promover un cambio cultural mediante el cual sus instituciones se acostumbran a aceptar las críticas y señalamientos en este sentido. En esta tónica lo expresó, Raúl Plascencia Villanueva (RPV), presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde realizó un balance de su gestión, y subrayó que el organismo a su cargo no ha sido tibio ni lento en su trabajo, aunque admitió que en algunos temas prefiere, “pecar de omiso” que correr el riesgo de excederse en sus funciones. Este abogado y académico RPV, es originario de Tijuana, B. C., y el 16 de noviembre de 2009, en sustitución de José Luis Soberanes Fernández, permanecerá en el cargo de ombudsman, hasta 2014 con posibilidad de ser reelecto para otro período de cinco años. Agrega el abogado que en el tiempo que se ha hecho del cargo, el número de quejas se duplicó y también la gravedad de asuntos que tienen que ver con atentados a la vida, desapariciones forzadas, cateos ilegales, torturas y cateos ilegales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que ha colocado a las fuerzas armadas en el primer lugar de violaciones a derechos humanos, cuando históricamente no estaban en esas posiciones. En esta línea de denuncias la “guerra” contra el narcotráfico marcó un antes y un después en materia de violaciones a los derechos humanos. “En 2005 los tratos crueles y torturas solamente implicaban un poco más de 400 casos, y terminamos 2012 con un poco más de 2 mil casos al año, esto es, cinco veces más asuntos. Las desapariciones forzadas, que parecían haberse quedado como una práctica de los años 70, lamentablemente resurgió y ahora tenemos abiertos 2 mil 126 casos, más otros 24 mil de personas no localizables o extraviadas. El reto enfrentado por esta Comisión Nacional, ha demandado ir cambiando mentalidades en algunos servidores públicos y en algunas instituciones. Debemos tener un mayor compromiso en el tema de derechos humanos, y particularmente la idea de que las recomendaciones se fueran aceptando y dejáramos esa especie de rivalidad o pugna en donde emito la recomendación y el Ejército dice; no la acepto o no la cumplo”. Los funcionarios aún no aceptan las recomendaciones, y deban comparecer ante el Senado, implica un choque cultural y político, pero es parte de un proceso de educación. Se dio la reforma de derechos humanos en junio de 2011, que se ha calificado como lo más trascendente desde 1917, y desde luego lo más importante es llevarlo a la práctica. “Por la agresión injustificada contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el 12 de diciembre del año pasado, se llamó a comparecer al gobernador de Guerrero, y también le solicité al Senado que llamara al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna”. “Es un proceso que sin duda necesitará madurarse y afinarse con el objetivo de que este mecanismo de rendición de cuentas rinda los frutos esperados, pero la mejor manera de modernizar y hacer que funcionen estos procedimientos es llevándolos a la práctica, y ya iniciamos”. La supuesta tibieza y lentitud de la CNDH, se contrasta con los pronunciamientos del ombudsman cuando tiene elementos suficientes. “A veces es muy sencillo hacer conjeturas, pero cuando se está al frente de una institución se tiene que asumir la responsabilidad de respaldar todo aquello respecto de lo cual se pronuncia. No es válido hacer señalamientos a la ligera”. “Cada asunto tiene particularidades muy distintas. El caso de Ayotzinapa, por ejemplo, lo pudimos resolver en menos de 100 días, porque tuvimos más de 200 videos que permitieron fijar imágenes, pedimos localizar a decenas de testigos y hablar directamente con las víctimas. Sin embargo, la masacre de Tamaulipas, en San Fernando, ocurrió en secreto, en parajes solitarios, sin testigos claros, cuando se solicita, la autoridad niega la información. Hemos tratado de cumplir con el papel que nos corresponde. Al margen de cualquier circunstancia política y evitando el protagonismo personal. La situación de la CNDH, implica un mayor compromiso del personal y una saturación en la carga de trabajo”. “Este año de 2012, tuvimos un presupuesto de un mil 280 millones de pesos, y para 2013 se ha considerado solamente que se incremente en el promedio de la inflación respectiva. No me parece tampoco que la CNDH tenga que crecer y multiplicarse. En cuanto al arraigo, he escrito señalando que es una práctica aberrante pero la comisión no puede oponerse a una reforma constitucional, y no tenemos facultades en esa materia. En este caso he querido pecar en buena medida de omiso que excederme en el ejercicio de facultades que no me corresponden”. “En el caso del fuero militar hemos presentado denuncias por doble vía: ante la PGR y ante la Procuraduría de Justicia militar, para que se debatiera el tema de la competencia, y así fuimos generando un antecedente que hizo que la SCJN se pronunciara al respecto y quedara establecido que todo delito que se comete por elementos militares contra un civil debe ser conocido por las autoridades civiles. “En cuanto a Pro-víctima nació mal, como un chipote en la administración pública. Sin facultades legales, por decreto y en una situación en donde se fue convirtiendo en una especie de enlace entre dependencias públicas, a través de un conmutador. Tiene que revisarse con mucho cuidado esta procuraduría social, porque tal como está, no tiene fundamento legal ni constitucional”. Pro-víctima es un homenaje al estado fallido. (La Jornada, política, p.p. 6-12, 18 de Diciembre de 2012).