La infiltración criminal

Nacional Se debe tener transparencia en las empresas del estado La infiltración criminal Por: Carlos Damián 13 de Diciembre de 2012 La bases de datos deben estar actualizadas México. - El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección (IFFAI) ordenó (12/2/12) a la Secretaría de Marina (SEMAR) que busque y divulgue el número de empleados públicos adscritos a esa dependencia que hayan sido cesados o procesados por presuntos vínculos con el crimen organizado y bandas delictivas foráneas, de 2006 a 2011. De tal manera que el IFFAI revocó la respuesta inicial dada por la Semar a un particular que pidió esa información: los datos requeridos había contestado la dependencia ya son públicos y se encuentran en el sistema Informex. El peticionario presentó un recurso de revisión, señalando que esa base de datos sólo registra información sobre militares con mando, no del todo el personal. El tema es de gran interés porque atañe a la infiltración de la delincuencia organizada en la institución a la que con mayor frecuencia y confianza ha recurrido el Ejecutivo federal para combatirla. En distintas escalas, tal infiltración existe en el conjunto de las corporaciones de la fuerza pública y hay razones para sospechar de su gravedad, pero hasta ahora la sociedad no cuenta con información suficiente que le permita hacerse una idea clara de sus dimensiones. La Perestroika mexicana Desde hace años el gobierno federal ha venido refiriéndose a la descomposición de las corporaciones policiales estatales y municipales para explicar el fracaso de su estrategia de seguridad pública y combate a la criminalidad, y ha sido acusado de usar tal información con propósitos de golpeteo político contra administraciones del PRI y PRD. En cambio, hasta ahora, el Ejecutivo federal ha guardado silencio sobre la corrupción que impera en sus propias dependencias y sobre la manera en que ese fenómeno ha incidido en el rumbo que tomo la guerra contra la delincuencia declarada por la administración de Calderón desde sus inicios. Más aún, el tamaño de la infiltración de la criminalidad en las corporaciones federales de la fuerza pública, tanto civiles como militares, tuvo que ser, salvo que se hubiese actuado con una irresponsabilidad mayúscula, un dato crucial en a determinación del actual gobierno de emprender esa guerra, y hubiese sido correctamente ponderado habría podido marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la estrategia en curso. Ciertamente, el dato solicitado por medio del Ifai a la Semar es sólo un fragmento de la información con la que el poder público debe contar acerca de los vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado, y ni siquiera basta por sí mismo para entender el grado de integridad y fiabilidad del personal de la dependencia mencionada: la cantidad de delitos no necesariamente guarda proporción con las veces en que se recurre a los mecanismos de justicia para investigarlos, y en su caso, sancionarlos. La glasnost en la marina armada El IFAI ordenó a la Semar ordenó dar la información requerida, sin embargo el particular al recibir la información parcial presentó un recurso de revisión ante el Ifai, argumentando que los datos referidos sólo corresponden a militares con mando, y no a “todos los funcionarios”, como él requirió en su oportunidad. Del análisis de la normatividad aplicable, se concluyó que la Semar cuenta con diversas unidades administrativas competentes para conocer de la información solicitada, como la oficina del Oficial Mayor, la Unidad Jurídica y la Dirección de recursos Humanos. Por tanto, el pleno del Ifai determinó revocar la respuesta de la Semar e instruirle a hacer una búsqueda exhaustiva de la información en todas sus unidades administrativas competentes, la cual deberá entregar al particular. Por lo que se refiere al Ejército Mexicano y de acuerdo con información pública, es en esta administración al menos 174 militares han sido procesados, y destituidos por posesión de drogas como mariguana, cocaína; por permitir, tolerar y participar en el tráfico de estupefacientes. Según datos públicos entre los cesados hay 12 comandantes de bases de operaciones, 11 comandantes de pelotón, además de un general. Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que, en 2006, 15 militares fueron procesados, tres en 2007, uno en 2008 y 33 en 2010, mientras que el año pasado se reportó el mayor número de soldados vinculados con actividades ilícitas, al alcanzar la cifra de 50. La semana pasada (10/2/12) se informó que un general y 29 soldados bajo sus mandos acuartelados en Chihuahua se les sigue un proceso por cargos de narcotráfico, homicidio y tortura, entre otros delitos, a quienes se les acusó desde agosto de 2009. Otros casos se reportaron en Tijuana, Baja California, donde al menos ocho militares fueron detenidos al momento de transportar una tonelada de cocaína. Fueron detenidos en un retén militar. Por ello es pertinente y positivo que la sociedad busque información adicional sobre la infiltración de la delincuencia en las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y procure hacerse una idea clara de las dimensiones de este desafío. Cabe esperar que en los meses que le restan la administración de Calderón se abstenga de obstruir ejercicios de transparencia como la aquí comentada, y colabore en el esclarecimiento del fenómeno de criminalidad en el país. (La Jornada, mundo, p. p. 4 - 29, 13 de Febrero, 2011).