La justicia en México

Nacional

La justicia en México es corrupta: ciudadano

La justicia en México

Por: Carlos Damián                                         28 de Abril, 2015

Se reconoce rezagos y olvidos; la ley, fuera del alcance del pueblo

México. -   Entre 90 países, México ocupa el lugar 79 en el índice del estado de derecho, a raíz de que las personas piensan que el sistema de justicia es corrupto, porque los juicios sólo avanzan si hay sobornos; asimismo, los procedimientos son largos y con numerosos obstáculos para llevarlos a cabo; además existen dudas de que sirvan para solucionar los problemas de los ciudadanos. La justicia se percibe lejana, incomprensible, y la falta de acceso a ella tiende a incrementar la desigualdad social. Así lo advierte el Informe y propuestas sobre justicia cotidiana en México. La carencia de justicia cotidiana tiene que ver con los problemas que enfrentan; cuando las trabajadoras domésticas no les pagan su salario o les niegan sus días de descanso; la falta de justicia para que el maestro perciba completo su salario porque le arrebatan su dinero al quitarle días cuando desaparecen su entrada y salida en un reloj marcador con pantalla de 2 cm por 2 cm al marcar su entrada con su huella en el aparato digital sin boleta marcada para poder reclamar a la empresa, las dificultades que pueden tener pequeños empresarios para cobrar adeudos, y conflictos de convivencia entre vecinos. Con mucha frecuencia, las personas que enfrentan estos problemas no saben dónde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo. El pasado lunes, 27 de abril, 2015, en el acto de presentación del informe sobre justicia cotidiana en México que elaboró el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el presidente EPN reconoció que la mayoría de la población civil está excluida de la justicia en sus vertientes civil, mercantil, laboral y administrativa en las que los procesos son excluyentes, complejos, lentos y costosos, lo que genera “espacios de ilegalidad e impunidad de corrupción y abuso”. Y agregó: “La justicia cotidiana  está rezagada, y hay que reconocerlo, olvidada, y en muchos de los casos, rebasada”. Si a lo anterior se agrega la desastrosa situación que impera en el ámbito penal es preciso concluir que la procuración y la impartición de justicia en México enfrentan una situación de desastre que hace cuando menos cuestionable  la existencia de un estado de derecho en el país y confluye en la crisis institucional generalizada por la que atravesamos. La situación de sinceridad del presidente desde que tomó el cargo es inusitada y parece saludable en la medida  en que, se produce el reconocimiento de los problemas: “es el primer paso para encontrar soluciones de fondo”. Se han generado en tres grandes grupos: el primero propone y evalúe la política pública de acceso a la justicia; crear centros de asistencia jurídica temprana para apoyar a quienes enfrentan un conflicto; revisar los programas de formación de los abogados y la regulación de su ejercicio. En segundo lugar que se revise el modelo de operación de las juntas de Conciliación y arbitraje y el de Justicia familiar. Y en tercer lugar, crear propuestas de mecanismos de organización y atención de usuarios en las dependencias del gobierno federal y uno más que aborde acciones para mejorar la operación del sistema de justicia y reducir la marginación jurídica debido a que algunas personas no pueden iniciar el proceso por carecer de documentos oficiales.  Además se resaltó que si las personas carecen de mecanismos accesibles y efectivos para proteger su patrimonio y entorno más íntimo. La demanda de justica no satisfecha es una realidad insoslayable en el país. La terca realidad  Ayotzinapa y Tlatlaya En efecto numerosas voces de organizaciones se le reprocha al gobierno federal asumir la dimensión y gravedad del problema en que se encuentra el país en general, y se espera que esta distancia tomada de la autocomplacencia cotidiana se haga más regular en el discurso oficial. Este discurso retórico ojalá vaya más allá de las palabras y se traduzcan en voluntad política para emprender un cambio en el rumbo  que el país requiere. Son muchos años que el pueblo con déficit de justicia ha esperado y esta carencia de justicia tiene sus raíces  en la injusticia social y económica, y por lo tanto las acciones aisladas en los ámbito de procuración y la impartición difícilmente se traducirán en una mejoría perceptible si no van acompañadas de una moralización general de las instituciones públicas, por una parte y por el otro deben ir acompañadas de un replanteamiento de la política económica vigente. Además se plantea que sin justicia cotidiana no habrá prosperidad de la nación ni garantía para el futuro de la democracia, y en este sentido a este gobierno le falta hacer realidad la justicia cotidiana, entendida como el mecanismo para la solución de los conflictos inmediatos y que no involucren procesos penales. Finalmente sin acceso a la justicia cotidiana “la modernidad política podría desfondarse”. Se deben considerar los principios de equidad e imparcialidad que no resulten meras abstracciones cuando entre los abogados se enfrentan en los tribunales existe una desigualdad tan aplastante cono la que separa a trabajadores de bajo escalafón y empleadores poderosos, a consumidores individuales y corporaciones trasnacionales, a comunidades indígenas y promotoras de megaproyectos, a usuarios de servicios financieros y grandes bancos, a ciudadanos atropellados en sus derechos e instituciones de seguridad pública. Si a lo anterior se agrega la descomposición social existente en procuradurías y tribunales, resulta claro que la desproporción de los recursos que unos y otros pueden invertir en un juicio equivale un juego con cartas marcadas. Para superar el empantanamiento de la justicia en sus diversas vertientes resulta necesario, en suma, reformular el rumbo del país y emprender una transformación orientada al restablecimiento de condiciones mínimas de justicia social, rendición de cuentas y respeto irrestricto a los derechos humanos. Las desapariciones forzadas son un terror Cuando los familiares de la escuela de Ayotzinapa exigen verdad y justicia, “están levantando una demanda universal”, porque “la cuenta no deja de crecer y a la larga suma” de desaparecidos y asesinados “se sale del estado de Guerrero, México, de Centroamérica, del continente”, afirmó el subcomandante insurgente Galeano (antes Marcos).  Sostuvo que los integrantes del EZLN “no olvidaremos y no terminaremos nunca de agradecer” que los familiares de los normalistas hayan venido a platicar, porque “bien sabemos que les dijeron que no lo hicieran, que el zapatismo ya había pasado de moda, que los íbamos a mal orientar, a usar, pero. Como quiera, vinieron y nos alimentaron”. Agregó: “ya sabíamos que los medios nos iban a hablar de algo pasado y los familiares de algo presente, que íbamos a encontrar en ellas y ellos el futuro, porque el porvenir, amigos y enemigos, se construye cuando alguien en cualquier rincón y sin importar si le llevan o no la cuenta no se rinde, no se vende, y no claudica”. Aseguró que “allá arriba se ahonda el interés por dar vuelta a la hoja, por superarlo, por mirar para adelante”. No se encuentra explicación para una ausencia, y “adelante hay un abismo sin fondo en el que al caer ni siquiera queda el consuelo de un final, porque la desaparición forzada es una caída continua, el terror alargándose más y más”. El ex subcomandante Marcos, reitera, “Ayotzinapa significa en cambio, la búsqueda porfiada de la verdad y la justicia. Y se busca martillando preguntas en el corazón de un Estado, un país o un continente, un mundo que arroja sangre y mierda por todos lados”. “Y las preguntas quedan en el aire, ¿cuál es la ganancia con el crimen y desaparición de personas que no estaban en la cuenta de las amenazas presentes y futuras?” Galeano afirmó que “aún apagándose en los medios de comunicación, en el entusiasmo virtual de las redes sociales, en las movilizaciones y mítines, abajo permanece el dolor, abajo sigue la rabia” por el caso Ayotzinapa. (La Jornada, política, p.p. 1-4, 6 de Abril, 2015).