México. - La Comisión permanente del Congreso de la
Unión emitió el pasado miércoles (20/08/14), un exhorto dirigido al gobierno
de Sonora, y a todas las secretarías federales para que se suspendan las
actividades de la mina Buenavista del Cobre, Cananea, operada por Grupo
México, en tanto se evalúan los daños por el derrame de 40 mil metros cúbicos
de ácido sulfúrico, en los ríos Sonora y Bacanuchi. Asimismo, el órgano
legislativo instó ante la SE que cancele la concesión mediante la cual la
empresa referida opera en este lugar, demandó que presente las denuncias
penales correspondientes y pidió al Ejecutivo federal que investigue si la
empresa filial del Grupo México, está operando sin cumplir la ley, y que se
indemnice a los habitantes de Sonora por los perjuicios sufridos a
consecuencia de la grave contaminación que por 30 años se prevén los peligros
por atenuar en la zona, causada por el derrame. La avaricia, la corrupción y
utilidades de la empresa que preside Germán Feliciano Larrea, en este
homicidio industrial. Se infiere que la falta de control, la negligencia y
supervisión causó que se vertiera venenos como: cianuro, cadmio, arsénico y
varios minerales que son peligrosos al ser humano. Aunque se culpe a empresas
externas que estaban dando servicio de mantenimiento a la empresa filial, a
la lluvia espontánea, y a la mala planeación de la pileta de lixiviados (ya
que sólo tiene una).
Hasta ahora no se han investigado ni evaluado a
fondo los efectos de este enorme descuido, ni las consecuencia que
desafortunadamente tendrá no sólo para los peces, el ganado las tierras de
cultivo y la ecología de la zona, sino en los niños, personas y familias que
viven de la agricultura, la pesca o la ganadería, que además son altamente
dependientes en su vida diaria del agua escasa y muy valiosa que corre por
los ríos, acequias y lagunas. Como es costumbre de Grupo México, por cierto
considerara por diversos organismo internacionales como una de las diez
compañías menos éticas del mundo, trató de ocultar la tragedia, no avisó sino
hasta que unos días después y eso es un acto de cobardía y de
irresponsabilidad criminal, ya que muchas personas que utilizan esa agua para
su vida se enteraron del desastre varios días después. Las consecuencias, por
tanto son inimaginables, ya que todos esos químicos son generadores de cáncer
y altamente dañinos para la salud. México y el mundo entero vieron las fotos
de peces y animales muertos, millones de personas han sido testigos de la
tragedia ambiental.
Hasta hoy, nadie ha mencionado siquiera la salud
de los seres humanos que habitan toda esa región. Este grave ecocidio no
puede quedar en la impunidad, ya que Larrea, los accionistas y directivos de
esa empresa trataron de ocultarlo a la opinión pública, al igual que sucedió
en 19 de febrero de 2006 cuando explotó la mina de carbón de Pasta de Conchos
debido a la falta de desalojar el gas grisú, en el municipio de San Juan de
Sabinas, Coahuila, en la cual murieron 65 trabajadores y al quinto día del
desastre la empresa huyó con la complicidad del entonces secretario del
Trabajo del gobierno de Vicente Fox, Francisco Javier Salazar, ambos
cómplices del Grupo México. De acuerdo con la información disponible fue
causado por la empresa renuente a observar las medidas de seguridad laboral
reglamentarias y por la obsecuencia de las autoridades de la Secretaria de
Trabajo y Previsión Social (STPS). En esta situación se deben considerar culpables
de esta tragedia humana y social a todos aquellos que tuvieron en sus manos
la decisión de abandonarlos a su suerte. Cruelmente dejaron abandonados 63 cuerpos que hasta
hoy siguen sin rescatarse por la negligencia, la impunidad y la cobardía de
Larrea y cómplices, pero también por la falta de decisión de los gobierno
para obligar a aquellos a dar la cara frente a las familias y cumplir la ley.
El gobierno de Sonora no ha tomado acciones
serias para investigar y castigar con todo el peso de la ley a esta empresa
que dondequiera que opera lleva destrucción y muerte, sea en nuestro país, en
Perú por medio de las firmas Southern Peru Copper Corporation y de la
explotación posible de la mina Tía Mará, así como en Chile, y aún en el
propio Estados Unidos, donde explota las minas Arizona y Texas mediante la
compañía subsidiaria, antiguamente la matriz, American Smelting and Refining Company
(ASARCO). Hasta ahora tampoco el
gobierno federal ha ido al fondo de este muy delicado asunto. La Procuraduría
de Protección al Medio Ambiente, por ejemplo, entre otras medidas,
aparentemente ha determinado que para prevenir otra tragedia de esta
naturaleza, Grupo México debe comprometerse a monitorear las descargas de
elementos químicos en los ríos durante
los próximos cinco años. Si esto se confirma, sería como poner a la Iglesia
en manos de Lutero. La otra decisión que verdaderamente parece irreal e
increíble, es imponer una multa a la Empresa responsable de esta tragedia
medioambiental de un máximo de 20 mil salarios mínimos, equivalente a un
millón 380 mil pesos, en contraste con un monto de utilidades de esta empresa
durante el primer semestre de 2014 de más de 15 mil 500 millones de pesos, o
sea apenas 0.0001 por ciento de las ganancias en el período mencionado.
Esta empresa sólo lleva destrucción
y muerte
El pueblo de Sonora rechaza a esta empresa ya que
al cambiar de nombre de minera Cananea a Minera Buenavista del Cobre logró
quitar los derechos de huelga y prestaciones sociales a los anteriores
habitante de esta región con la ayuda de la
fuerza federal y tuvo que traer forzosamente a gente de fuera de
Sonora para trabajar en la mina, y ahora está obligando a la gente de Sonora
y municipios vecinos a correr de este nuevo homicidio industrial y Ecocidio
mexicano. Esta multa es ridícula, absurda y una burla para los afectados, por
eso seguramente Grupo México continuará provocando contaminación. Como lo ha
señalado el Sindicato Nacional de Mineros en
diferentes ocasiones, este nuevo homicidio industrial no debe quedar
en la impunidad y dejarlo como un ejemplo para el futuro y no vuelva a
ocurrir. Ni el gobierno de México, ni los mexicanos debemos permanecer
indiferentes porque de todos los grupos mineros del país, Grupo México tiene
en sus manos, a base de concesiones del Estado la mayor de extensión de
tierras que son propiedad de la nación, en condiciones ilimitadas para el
aprovechamiento y abuso de sus contenidos. Por lo tanto, esta compañía se ha
vuelto una amenaza nacional contra el patrimonio del pueblo mexicano. En
realidad se trata de un grupo parasitario formado con los bienes nacionales y
a costa de la explotación despiadada y descarada de los trabajadores y sus
familias.
Una decisión humanitaria, inteligente y apegada a
la aplicación de la justicia sería retirar la concesión a Grupo México de la
explotación de la mina de Buenavista del Cobre, Cananea, o en su caso detener
sus operaciones hasta que se investigue por organismos nacionales y
extranjeros competentes e independientes, el alcance de esta grave
negligencia criminal. Aunque nuestros políticos y el gobierno federal se
rehúse deberá prohibirse a esta empresa repetir, como lo ha hecho siempre,
actos cobardes de atacar al sindicato minero para distraer a la opinión
publica, nacional e internacional este nuevo homicidio industrial, como
sucedió después de la tragedia de Pasta de Conchos y como lo intentaron la
semana pasada con el escándalo amarillista de la supuesta ficha roja del
líder nacional de este sindicato nacional (NGU).
Desde hace años se ha documentado el desdén del
corporativo minero para la vida de los trabajadores, la seguridad de la
población y las leyes. El desastre ambiental provocado es la muestra de la
irresponsabilidad empresarial. Además los percances personales, laborales,
sociales y ambientales no serían posibles sin autoridades omisas y hasta
cómplices. El caso de esta empresa es
ilustrativo de la impunidad legal con la que operan las empresas de todo
género y la necesidad de emprender modificaciones jurídicas orientadas a
corregir una aberración, ya que las personas morales no son imputables en la
ley. Debería el estado desarticular empresas que son por si mismo peligrosas
para sus trabajadores y consumidores, para la sociedad, la economía y el
entorno. (La
Jornada, política, p.p. 2- 46, 21 de Agosto, 2014).
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