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México. -
Con la elevación a rango constitucional de las reformas estructurales
y la aprobación de las leyes secundarias en materia energética está por
culminar el largo proceso mediante el cual, las estructuras que sustentaban
el modelo de desarrollo estabilizador, vigente hasta la década de los
setentas del siglo XX, han sido desmontados para dar lugar a un régimen
económico y social excluyente caracterizado por una profunda subordinación al
Consenso de Washington y México se rinde en todos los ámbitos a las
corporaciones trasnacionales y los centros financieros trasnacionales. Se han
derrumbado los mitos como: La tierra es para quien la trabaja, sufragio
efectivo no reelección, el petróleo es propiedad del pueblo mexicano. Estos
mitos urbanos y rurales han sido tomados como botín por la actual clase
política mexicana. Al presidente le preguntan sus cómplices políticos
comerciales, los financieros y las trasnacionales que sigue después de este
regalo al extranjero. Sin embargo a pesar del triunfalismo gubernamental que supone
se incrementarán significativamente los flujos de inversión extranjera
gracias a las reformas aprobadas, las estimaciones realizadas por los
principales centros de investigación y análisis indican que se mantendrá el
mediocre desempeño de la economía nacional, cuyo índice de crecimiento para
el presente año será inferior a 3 por ciento.
En este contexto, las centrales sindicales
independientes y democráticas requieren construir alianzas con los más
amplios y diversos sectores sociales para revertir las contrarreformas
estructurales, mediante un conjunto de instrumentos como la consulta popular
vinculante, la movilización social, la propuesta y la interlocución social,
entre otros, con la finalidad de recuperar los derechos y el bienestar
perdidos por los mexicanos tras varios décadas de políticas neoliberales. Se
requiere la formulación de proyectos de políticas alternativas de desarrollo
socioeconómico. Reactivar el mercado interno es l gran prioridad nacional,
para ello es necesario establecer políticas de fomento agropecuario e
industrial concertadas con los distintos factores de la producción para generar empleo con plenos derechos y
la construcción de una política de recuperación y mejora de los salarios. Es
en este sentido que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) respalda la
iniciativa de diversos actores políticos y sociales, en torno a la urgente
necesidad de revertir la pérdida acumulada por el poder adquisitivo de los
trabajadores, particularmente los que perciben el salario mínimo.
Después de Haití tenemos el peor
salario de América
Nuestro país requiere de un amplio acuerdo
nacional con el propósito de mejorar de manera gradual, sostenida y
progresiva, los ingresos de los trabajadores, fomentando el empleo formal de
conformidad con los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) respecto del trabajo digno. De acuerdo a las cifras del Banco de
México, los salarios mínimos han acumulado un rezago respecto a la inflación
de alrededor del 74.5 por ciento desde 1977, del 93 por ciento desde 1982 en
el caso de los salarios contractuales. Ello es consecuencia de las políticas
neoliberales que han convertido al salario mínimo en el único factor de la producción sujeto
a control, ya que los demás variables dependen de las condiciones de mercado.
El principal problema a resolver es definir una estrategia viable y
responsable para corregir dicho rezago. Hasta este momento predomina una
inercia que siempre destaca las objeciones para mejorar los ingresos de los
trabajadores, sin buscar alternativas para resolver la decreciente
participación del trabajo en el reparto del PIB.
Debemos combatir el dogma de que los aumentos son
necesariamente inflacionarios, por lo que la única manera de atender la
pérdida del poder adquisitivo de los mismo en supeditarlos al incremento de
la productividad de las empresas y al crecimiento económico del país. De
acuerdo a esta posición, primero es necesario generar riqueza para luego
repartir los beneficios. Para la UNT, el crecimiento económico sostenido y
sustentable con base en la innovación y desarrollo tecnológico, la
competitividad de las empresas, la productividad del trabajo, el incremento
de los salarios reales, así como una distribución más equitativa de la
riqueza son ingredientes que se construyen simultáneamente. Dentro de esta
dinámica la mejora salarial no es inflacionaria y se convierte en una palanca
de la reactivación económica. Como señala el documento fundacional de la UNT
relativo a la reforma Social y Democrática del Estado, es necesario propiciar
un círculo virtuoso que, con la generación de empleos estables y bien
remunerados, consecuencia directa de las acciones para fomentar el desarrollo
agropecuario e industrial, se conforme una población cada vez más amplia de contribuyentes
y consumidores que fortalezcan a su vez la actividad económica y que pueden
convertirse, además, en el soporte de los sistemas de seguridad social de
corte solidario, gracias a las aportaciones obrero - patronales.
Asimismo los sindicatos, las uniones de
campesinos y las organizaciones de la sociedad civil manifestamos desde hace
varios años que estamos por la conformación de políticas económicas que
detonen la creación de empleos bien remunerados, que recuperen el poder adquisitivo
de nuestros salarios y que establezcan seguros de desempleo financiados con
recursos públicos. La restitución gradual, sostenida y progresiva del poder
adquisitivo de los trabajadores implica la articulación de varias acciones
que incluyen incrementos sostenidos de los salarios por encima de la
inflación, la libre negociación de las organizaciones sindicales con las
empresas, así como otras políticas concertadas entre los factores de la
producción para obtener ingresos adicionales a través de instrumentos como
los programas de productividad, paquetes de prestaciones total o parcialmente
desgravadas, los apoyos fiscales directos, las fusiones entre categorías y
las retabulaciones salariales. Necesitamos una política salarial distinta
basada en una nueva institucionalidad del mundo de trabajo. Entre otras
medidas, debe desaparecer la obsoleta Comisión Nacional de Salarios Mínimos
para ser sustituida por un Instituto Nacional de los Salarios Mínimos, la
Productividad y Reparto de Utilidades de carácter autónomo e independiente.
Además de ampliar las prioridades del Banco de
México para incluir la protección del empleo y el salario; integrar órganos
como el Consejo Económico y Social no corporativo para concertar con los
diversos sectores productivos las políticas de fomento al desarrollo
agropecuario e industrial; establecer un salario mínimo nacional y nuevas
normas que auspicien el desarrollo y la capacitación de la fuerza de trabajo;
y sobre todo, impulsar un proceso de recuperación del poder adquisitivo de
los salarios que salvaguardar el ingreso de los asalariados frente a la
inflación, a través de mecanismos pactados bilateralmente, con el fin de
participar equitativamente del aumento de la productividad. Dicho programa
tendrá como objetivo garantizar el
precepto constitucional del salario suficiente y remunerador. El mejoramiento
de la capacidad de compra, permitirá frenar la precarización y
sobre-explotación para construir un nuevo México justo y democrático, con un
modelo económico que integre las cadenas productivas y los mercados, que
promueva la mayor vinculación de la educación con el aparato productivo y
fortalezca el empleo. La mejora sostenida de los salarios permitiría trazar un horizonte de crecimiento
económico con inclusión y participación social dentro de un nuevo Pacto
Social. (La
Jornada, política, p. 46, 21 de Agosto, 2014).
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