México. -
El río Sonora, y el río Bacanuchi están muertos, la empresa en su sed
de ganancias, como en múltiples ocasiones, ha omitido medidas se seguridad
básicas para evitar condiciones peligrosas y desastres que atentan contra la
vida humana y la naturaleza. No es la primera vez ni será la última y tal vez
es la única minera en el país que afecta seriamente el equilibrio natural y
la vida de las personas que rodean a la minera. Tenemos que el suceso en Sonora, estado que
se encuentra al norte de México y es frontera con Estados Unidos es una
tragedia de dimensiones enormes. Viola los reglamentos de la Semarnat en
particular el artículo 159 de 2011, la minera Buenavista de Cananea, Sonora,
y otras industrias de trasformación
como la producción masiva de cerdos, la petroquímica, las industrias
que producen insecticidas, han causado desastres semejantes y son un peligro
común para la vida de la población y su salud.
Tenemos que la política del Gobierno federal en
los últimos gobiernos ha sido permisivo para dejar que las empresas
trasnacionales saqueen nuestros recursos favoreciendo la acumulación por
despojo como hoy está ocurriendo en el remate de cochera de recursos
estratégicos de gas, petróleo y electricidad. Lo cual se refleja al abrir
nuestras puertas al fracking y la minería a cielo abierto, que son muy
contaminantes al medioambiente y a la salud de la población. Con azoro se
observa que las autoridades sanitarias se mantienen calladas y al margen su
obligación de velar por la vida de los mexicanos. Desde la perspectiva del cuarto Foro de la
construcción social del derecho a la salud, debemos obligar al estado a
detener la entrega y remate liberal de la naturaleza, pues la salud y la vida
de miles de mexicanos están en peligro. En virtud de la existencia de normas
sanitarias debemos obligar al estado que tome las medidas necesarias para
evitar que minera México siga matando y envenenando a la población.
El funcionario Juan José Guerra Abud (JGA)
catalogó el derrame que afecta a 24 mil personas como un “descuido” de la
empresa, y dijo que sólo la Secretaría de Economía (SE) puede retirar la
concesión. Aunque han platicado con el titular de la SE, Ildefonso Guajardo,
no se han planteado la posibilidad de cancelar las operaciones de la minera.
En la presentación del informe de acciones del gobierno federal en atención
al derrame de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, ocurrido el 6
de agosto en instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre en Cananea,
Sonora. El ejecutivo de Semarnat admite que la ley es laxa y no obliga a
cerrar a la empresa. El ejecutivo JGA mencionó que la empresa ha insistido en
que el percance ocurrió por lluvias arriba de la media, pero los reportes del
Servicio Meteorológico Nacional indican que esto es falso y el derrame se
debió a al falla de un tubo “por un mal diseño que se hizo” en las
instalaciones de la minera. Explicó que el derrame ocurrió el 6 de agosto
sobre el arroyo Tinajas, el día 7 habitantes de la zona avisaron a la Unidad
de Protección Civil de Sonora, y el 8 de agosto la empresa notificó a la
autoridad federal, pero formalmente lo hizo cuatro días después.
Los funcionarios enumeraron las medidas que han tomado
desde que tuvieron conocimiento del derrame peligroso. El ejecutivo de
Conagua, David Korenfeld ha realizado un mil 20 muestras realizadas en
laboratorios certificados, y se detectó la presencia de arsénico, cadmio,
cromo, plomo, cobre, aluminio y fierro con niveles “fuera de normas
ecológicas y de salud, así como del estado de la calidad del río previo al
derrame”. Explicó que los síntomas que ocasiona la contaminación por ese tipo
de sustancias son daño a las mucosas,
y si hay ingesta se presentarían daños al sistema digestivo, náuseas,
diarreas, debilidad. También podría haber daños al hígado y riñones. Pese a
lo anterior, el titular de Profepa, Guillermo Haro, aseveró que la empresa no
puede ser cerrada totalmente y sólo se puede clausurar el área en la que se
desbordaron los residuos tóxicos. Explicó que están en revisión nueve
resolutivos de estudio de impacto ambiental para detectar mayores
irregularidades. “La mina es una de las más grandes del mundo, la más grande
de México”.
La industria lechera ha tirado el
lácteo a la calle; “nadie lo compra”
Añadió que de las medidas de urgente aplicación
que la Profepa pidió a la empresa. Ésta únicamente ha cumplido con una.
Durante la visita que se hizo el viernes pasado (22/08/14) a la zona, se
detectó que en las márgenes de los ríos hay desechos que se deben retirar, y
que en un bordo de contención que se pidió a la empresa hay filtraciones que
pueden llevar más contaminantes hacia los ríos de Sonora. Ya se integró una
averiguación previa para la consignación de los presuntos responsables ante
un juez, en la que la empresa sería multada con millones de pesos, y la
Profepa ha clausurado la única irregularidad grave en la mina, el derrame de
tóxicos del patio de lixiviados que causó el envenenamiento de la población,
de flora y la fauna de Sonora.
Habitantes del municipio de Banámichi tomaron la
alcaldía de esa localidad en protesta por el insuficiente abasto de agua, a
causa de la restricción por la contaminación del río Sonora, con más de 40
mil metros cúbicos de tóxicos, en perjuicio de alrededor de 4 mil habitantes
que temen perder sus cosechas y ganado. Los productores de leche de esa
región han tenido que tirar el lácteo de las ordeñas debido a que no se puede
comercializar por la emergencia que se vive en la zona, donde la
desesperación e inconformidad de los alrededor de 22 mil lugareños afectados
de siete municipios, crece día con día. Desde el 8 de agosto fueron cerrados
los pozos ubicados a 500 metros de ambas márgenes del río para evitar que la
contaminación causada por la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo
México, llegar al subsuelo, donde generaría mayores daños al ecosistema y
expondría a la población a intoxicaciones severas en caso de que se
consumiera el agua.
Impunidad a empresas mineras
El
gobernador tenía información de la inconformidad que hay entre pobladores de
Banámichi, y “hay protestas, la gente quiere respuestas; hay que darle una
pronta respuesta a todos los habitantes”. Habitantes de los municipio de
Aconchi, Ures y Baviácora también mostraron su inconformidad en las redes
sociales, donde se quejaron de que no han podido comercializar quesos y otros
productos. “Estamos en una verdadera emergencia, hay gente que ya tiene días
sin comer o ha comido desperdicios; los habitantes de estos pueblos viven al
día y si no trabajan no comen; la ayuda es insuficiente”, expuso Irma Barrón
Espinoza, habitante de Ures. El gobierno de Padrés Elías (PAN), van a
reubicar 300 pozos en los siete municipios afectados, y con ello se busca que
22 mil personas tengan acceso al líquido de vida. Aunque Rodrigo Olvera opina
que: en México se está generando mucho trabajo precario, lo que se asemeja a
formas modernas de esclavitud, y las constantes violaciones a todos los
derechos de los trabajadores, incluido los derechos a la vida.
“Estamos viviendo una etapa de violencia laboral
de Estado, porque las instituciones gubernamentales, legislativas y
judiciales no están para imponer el estado de derecho, sino para cuidar los
intereses patronales”, dijo. En este contexto, el sector de la minería de
carbón es el paradigma de esta violencia laboral del Estado. Las empresas
dominan la economía de las regiones, la vida social y son intocables para el
gobierno federal, concluyó. (La
Jornada, política, p.p. 2-5, 27 de Agosto, 2014).
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