La fabricación de la quiebra de Mexicana

Nacional El juez tiene el apoyo del sindicato de la aerolínea La fabricación de la quiebra de Mexicana Por: Carlos Damián 15 de Agosto, 2013 El Estado coloca obstáculos para el rescate del ícono aéreo de México México. - El juez federal Felipe Consuelo Soto (FCS), encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, resolvió el pasado martes (15/11/11), de aplazar el uno de febrero de 2012, la fecha de quiebra de la aerolínea. La cual venció la medianoche del pasado martes, luego que detectó una inconsistencia en el conteo realizado por la SCT, sobre una prórroga al período de conciliación, emitida en marzo pasado. Por su parte, el empresario Iván Barona (IB), quien en fechas recientes se ha colocado como el prospecto más viable para capitalizar la aerolínea, informó que el pasado 13 de noviembre comenzó la transferencia de 400 millones de dólares destinados al rescate de Mexicana, proceso que podría concluir hoy (16/11/11). La prórroga para lograr el salvamento de la empresa y el inicio de la transferencia de fondos para su recapitalización ocurren con el telón de fondo de diversos señalamientos sobre la conducta de la SCT en las negociaciones de rescate de la compañía : la semana pasada, el propio juez FCS denunció trato hostil del director de asuntos jurídicos de la dependencia, Adolfo Sánchez Henkel (ASH) (por consigna del gobierno federal), en contra del propio IB durante las reuniones realizadas en la sede de la secretaría. En ese mismo documento, el magistrado hizo referencia a “intereses siniestros” (y bastardos) de las aerolíneas beneficiadas con la salida de Mexicana del transporte aéreo, y afirmó que algunos empresarios han sido amenazados para que no inviertan en la línea aérea, “porque nunca les iban a dejar volar”, situación que explicaría el retiro de la oferta presentada por el grupo Med Atlántica. El lunes (14/11/11), el sindicato de trabajadores en tierra de Mexicana denunció que el propio ASH había solicitado al Consejo de la Judicatura la remoción del referido juez, en represalia por haber ventilado las citadas irregularidades. Al margen de que se complete la transferencia de recursos económicos para el rescate de Mexicana, se fortalecen los indicios de que el principal obstáculo para la reanudación de sus operaciones no es la falta de inversionistas, sino el accionar poco transparente del gobierno federal por conducto de la SCT. El pretendido interés de las autoridades de Calderón en que la empresa aeronáutica “vuelva a volar cuanto antes” es desmentido una y otra vez tal falacia retórica por la reducción injustificada de los plazos legales para llevar acabo el rescate, por exigencias discrecionales a los potenciales inversionistas, tales como el requisito de entregar un millón de dólares a la secretaría en “garantía de seriedad”. La pregunta para quien va a ser el dinero entregado –al funcionario corrupto que está detrás de los obstáculos del gobierno de Calderón- con discreción y sin garantía de que sea devuelto al inversionista. El juez es el único que atiende intereses de los trabajadores En este contexto de obstáculos hechos por consignas de ‘intereses bastardos’ está la intención de remover, a 14 meses de iniciado el concurso mercantil, al juez encargado de ese proceso jurídico- administrativo, en particular afecta a FCS. La actitud asumida hasta ahora por las autoridades federales ha operado, en suma, como disuasivo para los múltiplos grupos de inversionistas que han manifestado interés en la empresa aeronáutica, y ha terminado por beneficiar a sus competidoras nacionales y a los consorcios aéreos extranjeros. En contraste, a más de un año del quebranto de la compañía, el saldo ha sido devastador para los más de 8 mil trabajadores de Mexicana, y que han sido castigados por el gobierno federal al privarse a los trabajadores y sus familias de un ingreso fijo, durante todo el tiempo que ha durado la fabricación de la quiebra de la compañía, por odio del gobierno federal a una empresa que es ícono del avance aéreo de México. Para el conjunto de los usuarios de líneas aéreas, que han padecido el encarecimiento de 40 por ciento en promedio en el costo de los boletos de avión, y para la economía nacional, en la medida en que el cese de operaciones de la aerolínea ha representado la disminución en la presencia de México en diversos aeropuertos internacionales. El juez federal FCS, encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación notificó este martes (15/11/11) a las partes interesadas en ese litigio que será en el primer minuto del próximo 10 de febrero cuando concluya el plazo para que se realice el rescate de la aerolínea o se concrete la quiebra. A su vez, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) negó este martes que se hubiera presentado una queja administrativa en contra del juzgador. El pasado lunes (14/11/11), Miguel Ángel Yúdico, líder del sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), denunció públicamente que la SCT está ejerciendo presión contra el juez FCS, y aseguró que el departamento jurídico de esa dependencia había pedido su remoción mediante una queja administrativa. De su lado, fuentes cercanas a FCS indicaron que aunque el funcionario judicial no ha recibido notificación oficial de la posible queja en su contra, ya consultó con un despacho jurídico para armar su defensa administrativa en caso de que requiera demostrar que su actuación en el asunto de Mexicana ha sido apegada a derecho. Esta situación se presenta debido a la gran cantidad de intereses siniestros que se han convocado para bloquear todos los posibles caminos para resolver el conflicto y puedan los trabajadores de Mexicana tener un ingreso fijo, y puedan los usuarios nacionales de justas tarifas aéreas, lo cual es contrario a los intereses del gobierno federal. La quiebra de Mexicana es sólo cuestión de días En días anteriores el juez FCS hizo público que percibe “intereses siniestros” de las aerolíneas beneficiadas con la salida de Mexicana, y sostuvo que sabe que algunos empresarios han sido amenazados para que no inviertan en la línea aérea. Este martes el juez reconoció que no es usual que un concurso mercantil dure tanto tiempo; sin embargo, en este caso se ha considerado la importancia de la empresa. Indicó que es probable que en las próximas horas se anuncie públicamente que ya existe dinero para el rescate de la aerolínea. “Posiblemente hoy, o en las próximas horas, se haga público que haya una certificación de que existe dinero y que está etiquetado para que sólo pueda ser utilizado para el rescate de Mexicana”, indicó. Agregó que mantiene una buena relación con la SCT, y reiteró que su actuación ha sido apegada a las normas de comercio que establecen los requisitos para un concurso mercantil. En otro acuerdo, el juez FCS requirió ayer al Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para que expliquen los motivos del desalojo, de pilotos de esa aerolínea durante diversas manifestaciones el pasado 9 de noviembre. El juzgador requirió a los funcionarios para que en un plazo no mayor a 24 horas envíen un segundo informe sobre los hechos. Sobre el particular expuso que “la función más importante e imprescindible dentro de un Estado que se jacta de ser protector de los derechos humanos”, es que las autoridades “supervisen que el actuar de sus agentes se ajuste o compatibilice con los tratados internacionales de derechos humanos”. Si el gobierno se ha negado en múltiples ocasiones rescatar a Mexicana con dinero público, lo menos que cabría esperar es que, dentro del marco de la ley, otorgara todas las facilidades y apoyos a los inversionistas privados tanto nacionales como internacionales, interesados en sacar adelante a la aerolínea. En cambio, la actitud asumida hasta ahora por la SCT hace sospechar que la quiebra de la empresa no es necesariamente un escenario indeseable para la actual administración y cabe preguntarse si ello es reflejo de la indolencia característica del actual gobierno, si es producto de una claudicación ante presiones empresariales o de una confabulación entre intereses particulares y funcionarios de la administración pública. (La Jornada, economía, p.p. 6-28, 16 de Noviembre, 2011).