Lucha por la injusticia laboral

Nacional El estudio comparativo de la Cámara de Diputados señala distancias Lucha por la injusticia laboral Por: Carlos Damián 25 de Septiembre, 2012 Es necesario eliminar las Juntas de Conciliación y arbitraje por corruptas México. – Cuando el nuevo presidente esté sentado en su silla presidencial ya estará aprobada la nueva ley Federal del Trabajo y Enrique Peña Nieto (EPN) comenzará su gobierno. De esta manera lo afirmó Isaías González, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y senador por el PRI. El PAN, ya cambió la “actitud intransigente”, que mantenía y aceptó respetar los derechos colectivos, por eso la bancada priísta en la cámara de Diputados puede avanzar en las discusiones para aprobar la iniciativa presidencial y la Cámara de Senadores hará las revisiones que sean necesarias cuando le sea remitida. Aclaró de se dejará fuera el tema de los sindicatos, pero también algunas de las propuestas sobre flexibilización laboral, como el pago por horas. En cuanto a la tercerización puntualizó que “se va a regular y el patrón que contrate por este régimen será el responsable directo, no solidario”, al tiempo que los casos de simulación serán tipificados como delito laboral. “Esta ley aunque la presente el PAN va a ser con la opinión de la fracción del PRI, y desde luego de los trabajadores de este país”. En otro contexto, tenemos que la iniciativa del PAN como la del PRI proponen regular las subcontrataciones porque en la actualidad, empresas trasnacionales han abusado de este modelo. En materia de autoridades laborales las tres iniciativas proponen la eliminación de las juntas, tanto federal como local de Conciliación y Arbitraje; PAN y PRI proponen que permanezcan autoridades especializadas, creándose así los funcionarios conciliadores. El PRD pretende que actúen como jueces laborales. Las tres iniciativas incorporan como causas de recisión de contrato, con responsabilidad tanto para el patrón como para el trabajador,-según sea el caso de quien haya cometido el ilícito-, el hostigamiento sexual, y destaca la iniciativa del PRD por incorporar las figuras de hostigamiento moral y violencia laboral. Por lo que corresponde al trabajo infantil el PAN busca prohibir la contratación de menores de 14 años; el PRI eliminar los topes mínimos y máximos de edad para su contratación, y en el caso del PRD, la prohibición de utilizar niños en labores que obstaculicen su educación obligatoria. A través de la iniciativa conocida como Ley Lozano, el PAN trata de promover la desaparición de los sindicatos de oficios y cuando ocurra la disolución de un sindicato que se repartan los bienes entre los agremiados. En materia de responsabilidad y sanciones las iniciativas de PAN y PRD definen el concepto de reincidencia y en ambos se incrementan los montos de las multas y sanciones derivadas de las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones como por los trabajadores. Las mentiras de la reforma laboral La exposición de motivos y la propaganda que se hace a favor de la tramposa y perjudicial reforma laboral contrastan severamente con la realidad y engañan a la ciudadanía. Veamos algunas mentiras de las que repiten hasta el cansancio para engañarnos y mentirnos en la cara. En realidad es una reforma estructural, y la iniciativa mantiene los vicios y limitaciones del actual modelo de relaciones de trabajo. No modifica el sistema de justicia sustentado en órganos tripartitos parciales e ineficientes, como son las Juntas de Conciliación y Arbitraje. No toca para nada el control corporativo; y en todo caso, lo desplaza más al sector empresarial; no genera condiciones para mejorar el salario y fortalece prácticas corruptas de simulación vigentes. No favorece en lo inmediato al crecimiento del empleo e impulsa la competitividad. No hay indicios que acrediten que la iniciativa favorezca estas metas. Se oculta la evidencia de que son factores de orden económico los que influyen en la creación de empleo, como la inversión y el crecimiento económico. También se ha demostrado que las afirmaciones relacionadas con esta meta no tienen sustento alguno, por el contrario, se advierte que en general la experiencia internacional de propuestas sustentadas en promover la falta de éstas sólo va a producir más pobreza, desigualdad y encono social. El beneficio a los trabajadores no se ve por ningún lado. Es evidente que una subcontratación salvaje, sin factores de equilibrio, una nueva figura de contrato por hora sujeta a la discrecionalidad del patrón, un mayor control empresarial de los trabajadores y la reducción del carácter protector de la ley jamás podrán entenderse como favorables a las personas que trabajan. Se vislumbra una mayor injusticia laboral, ya que con la propuesta se carga sobre los hombros de los trabajadores la lentitud de los juicios por despido injustificado, incrementando la tardanza; así de esta manera sin defensa alguna van a quedar los trabajadores, y se verán obligados a aceptar pagos de indemnización reducidos, ante el escenario de esperar seis o siete años para tener derecho a recibir, en el mejor de los casos, tan sólo una año de salarios. A pesar de las convocatorias que ha tenido la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de resolver en períodos cortos las controversias de trabajo, el Ejecutivo Federal optó por soslayar esta exigencia y castigar a los trabajadores con una responsabilidad que es aplicable al Estado. En realidad esta modificación al LFT, no cambia, ni regula la subcontratación para evitar abusos. En los términos que se plantea la reforma legaliza los vicios que existen, convirtiendo al trabajo en mercancía desechable, privada de derechos superiores a los mínimos e imposibilita ejercer derechos colectivos que permitan negociar las condiciones de trabajo. De una manera tramposa, omite que únicamente se garantizan los derechos básicos, y al impedir su regulación, provoca que esta forma excepcional de contratación, sólo se justifique para actividades complementarias o especializadas, y se convierte en la regla general. En ésta sarta de engaños, las figuras laborales se difuminan: la responsabilidad solidaria, supuesta vigilancia sobre el subcontratista, se oculta que el beneficiario es el patrón, que en caso de simulación debe incluir un registro especial de subcontratistas y la participación explícita de la inspección laboral por parte del Estado. (La Jornada, economía y justicia social, p.p. 5-18, 22 de septiembre de 2012).