La Institucionalidad lesionada

Nacional El TEPJF no ha respondido de acuerdo a la ley a las peticiones agraviadas La Institucionalidad lesionada Por: Carlos Damián 31 de Agosto, 2012 Es un tribunal con decisiones aldeanas y estrecho de miras México. – Desde febrero pasado, meses antes de la reciente elección, el abanderado de la elección Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Instituto Federal Electoral (IFE) que impidiera, y en su caso, sancionara irregularidades como la compra de votos, el rebase en los gastos de campaña y la inequidad en la cobertura por la mayor parte de los medios informativos, especialmente los electrónicos. A esa petición el IFE respondió que no tenía facultades para evitar o castigar tales infracciones a la ley electoral en tanto éstas no fueran perpetradas. Fue evidente también la actitud omisa de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade). En las semanas siguientes la ciudadanía constató el exceso de recursos en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto (EPN). Por lo demás, desde el día mismo de los comicios se dieron a conocer miles de testimonios fotográficos, videos gráficos y notariales que documentaban la compra de sufragios para la fórmula del partido tricolor. Posteriormente, la coalición de izquierda divulgó docenas de documentos, confirmados uno a uno como auténticos, que evidenciaban diversos manejos de dinero de procedencia desconocida, posiblemente ilícita, en el contexto de la campaña política de EPN. No hay peor ciego que el que no ve Por lo antes mencionado, la parte agraviada pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que fallara la invalidez, toda vez que ésta no cumplió con las características establecidas en la Constitución Mexicana. En tal circunstancia, con un resultado electoral inverosímil a ojos de millones de ciudadanos mexicanos y del mundo, el tribunal tenía ante sí la disyuntiva de calificar, esclarecer e investigar las pruebas presentadas; corregir, de esa forma, las omisiones del IFE y de la Fepade; dar con ello certidumbre y solidez a los procesos electorales, y sentar un precedente para impedir la repetición de los mecanismos de distorsión de la voluntad popular, o bien recurrir a formulismos legales para declararlas improcedentes y desechar en su totalidad el recurso del Movimiento Progresista. Los magistrados del TEPJF optaron, en la sesión de ayer (30/8/12), por lo segundo: dieron la espalda a los testimonios de las irregularidades y buscaron –y encontraron- pretextos legalistas para descalificarlos. En la lógica enunciada por los magistrados, la única prueba admisible habría sido, acaso una reconstrucción de hechos, realizada ante sus ojos y con todos los protagonistas presentes, de los sucios eventos electorales, que fueron vistos, por lo demás, por innumerables ciudadanos. La falta de pulcritud y la parcialidad fue llevada a tal punto que Salvador Olimpo Nava Gomar se adelantó a los procedimientos jurídicos para referirse a EPN como “presidente electo” y a calificar de “elecciones libres y auténticas” el proceso pasado, en tanto que su colega Flavio Galván se refirió al proceso culminado ayer como “juicio anecdótico sin acto impugnado”. La situación política anunciada Los magistrados responsables no atendieron todos los indicios y pruebas aportadas por el candidato presidencial quejosos y se atrincheraron en la legalidad manipulada, desde la cual liberaron el camino para el retorno al poder de la peor clase política actual, abriendo puertas para la inconformidad ciudadana proveniente de, tanto la oposición electoral a el resultado a todas luces fraudulento, y del hartazgo acumulado a causa de la corrupción, la ineficacia, y la frivolidad de dos administraciones sexenales del Pan, y de las fundadas expectativas de continuidad agravadas que ofrece la corriente política de EPN. La cerrazón mental de los jueces seguidores de la corriente política del PRI, afecta a todos tanto aquellos que lo hicieron dentro del marco institucional político, y “democrático” establecido legalmente, y esta resolución la sufren aquellos que compitieron dentro de las filas del PRI, y del PAN, porque creen haber ganado pero ni siquiera les es posible expresar legítimamente alguna forma de gozo público, debido a las múltiples evidencias de la compra electoral, evidencia que no permite alborozos. Finalmente sufrirán las mismas consecuencias que el resto de la sociedad, al empezar el cobro político y económico, del patrocinio de los diversos carteles de tres colores, que han concurrido a las operaciones de inversión financiera y exigirán que sus intereses puedan recuperarse con múltiples ganancias, y obviamente con daños al erario público. Los estornudos del gobernador Carstens del Banco de México, ha contraído otro catarro debido a la transferencia de 50 millones de pesos que salieron del bolsillo del gobierno del estado de México (Edomex), al bolsillo de la campaña política de EPN. Se supone que en algún momento volvió a las arcas del Edomex. Supuestamente dieron un paseo pero Ricardo Monreal presentó ante la PGR una denuncia penal en su contra, y asegura que fue alterada la transacción, salpicando a muchos involucrados. En suma, los magistrados no juzgaron la legalidad de la elección, sino que se limitaron, basados en una interpretación estrecha de las leyes e ignorando indicios de la comisión de posibles delitos graves, a descalificar el Movimiento Progresista y a sus recursos de impugnación. Porque, en contraste a lo que afirmó el magistrado Manuel González Oropeza, la ley no es aplicable si no se interpreta, y en el caso presente los integrantes del organismo decidieron dar a la Constitución y a las normas electorales una interpretación omisa, complaciente y para colmo, sumamente lesiva para el conjunto de la institucionalidad política del país. Porque ante su negativa, a investigar y a esclarecer el cúmulo de irregularidades del pasado proceso comicial, abren la puerta a la perpetuación de prácticas electorales repudiables, a un gravísimo descrédito de los procesos democráticos, y a un nuevo gobierno carente de legitimidad. (La Jornada, política, p.p. 3-6, 31 de agosto de 2012).