La impunidad en homicidios

Nacional La calma aparente en México La impunidad en homicidios Por: Carlos Damián 20 de Agosto, 2012 Es una acotación a los privilegios de los militares México. – El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, adelantó que pronto se enviarán recomendaciones a propósito de “la impunidad” que priva en los casos de homicidios y desapariciones como parte de la lucha contra el crimen organizado. Declaró que antes de que acabe esta administración, el Estado tendrá que cumplir con las sentencias pendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Celebró los pronunciamientos de la comisión en torno a delitos cometidos por militares, pero lo más importante dijo, es alcanzar la justicia “en cada uno de estos asuntos que todavía están en la impunidad”. Esta situación podría considerarse una antesala a la tormenta, ya que las fuerzas están en tensión y hacen amagos con las armas políticas veladas. Este tiempo en clama es sólo en apariencia, todo transcurre en una rutina sin sobresaltos. Los coordinadores de las bancadas legislativas de los diferentes partidos acercan posiciones y hacen discursos de circunstancia, mientras que los recién elegidos legisladores cumplen con los trámites de acreditación de su rango. El inquilino de Los Pinos se mueve con complacencia y palabras optimistas entre actos oficiales y de untadas de buena fe. La clase política se afana en definir posiciones en un mar agitado como el que se presiente que llega para la nación, pero para las élites será sumamente benéfico. El privilegio de los militares Los jueces de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), como Sergio Aguirre y Margarita Luna Ramos, coincidieron que corresponde conocer al fuero de guerra cuando no existan víctimas civiles. Una vez resueltos los dos conflictos competenciales, el pleno empezó la discusión del primero de los 28 amparos. Este tema tiene una importancia fundamental porque plantea el derecho de los familiares de la víctima a presentar un juicio de amparo para que el proceso contra un militar que mató de un tiro a un civil y le causo la muerte en un retén, sea juzgado por el fuero civil y que éste resuelva su demanda de daño moral. El proyecto elaborado por Sánchez Cordero, propone que el soldado Valentín Alejo Hilario, acusado de asesinar a Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar en junio de 2009, sea juzgado por un juez federal. Argumentó que “es imposible que las víctimas acudan al juicio de amparo o porque fueron privadas de la vida, como en el caso de Rosendo Radilla, hay una desaparición forzada. Entonces exigir que la víctima sea la única que pueda recurrir a dicho recurso es hacer inoperante en gran medida el sistema de protección de derechos humanos interamericano”. Juan N. Silva Meza, presidente de la Corte; Arturo Zaldívar, Sergio Valls y Cossío se sumaron a la postura. En cambio, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia cuestionó que los familiares estén legitimados, comentó que la Secretaría de la Defensa Nacional ya les había pagado indemnización, ya que oficialmente la dependencia otorgó por cada civil muerto un promedio de 153 mil 563 pesos. Cossío respondió que si se trata de eso, “estaríamos sujetos a la pura contingencia de la reparación; si paga más la justicia militar, entonces no importa violar una regla de jurisdicción y una regla competencial”. La educación en México El nuevo ocupante precario de la silla presidencial que con aire resignado los ciudadanos esperan de forma inevitable a Enrique Peña Nieto (EPN), sin embargo no despeja la sensación de que todo aparezca amarrado con tres líneas de colores, el listón con llamativas leyendas como, “el estado tiene el derecho a reprimir a los ciudadanos”, y en cuanto a la educación dice que “no quitará la reducción automática que hace el gobierno a los salarios de los profesores para pasarlo al sindicato”. Según las cifras, nos dice, que hay 33 millones de mexicanos que asisten a los distintos niveles educativos en el país. Hay alrededor de 350 mil escuelas (cerca de dos terceras partes son de educación básica), un millón 700 mil profesores, un instituto de evaluación educativa, u programa de evaluación para alumnos. No son sólo razones electorales por la cuales será difícil cerrar el ciclo de la nueva imposición a los electores mexicanos. Tal vez bastaría con la emisión del certificado de compra por parte del abúlico tribunal electoral federal. Este supuesto triunfo del partido tricolor que supuestamente lo están festejando con júbilo, hoy se está viendo difícil justificar la validez del triunfo electoral ante las múltiples pruebas de evidente fraude –lavado de dinero del narco- y compra del voto que resulta cada vez más deslegitimada y abollada. Ante este triunfo desfondado electoralmente, se presentan algunos ingredientes de la falta de control de la economía e inflación como el precio del huevo y su impacto en la cadena de costos que acompaña al consumidor mexicano. Jesús Zambrano, presidente del PRD, no es la persona idónea para ser vocero por sus abiertos vínculos con la corriente de los chuchos, que sólo esperan la declaratoria del proceso legal como “presidente” a EPN, para ponerse a negociar beneficios grupales. Este vocero del PRD hace saber a los magistrados favorables a EPN, los riesgos de una declaratoria de presidente electo a favor del PRI. Añade el vocero de Sonora que no es una amenaza, pero los magistrados que no invaliden la elección presidencial, llena de irregularidades e ilícitos, no descarten que haya “un estallido social ante una respuesta no favorable”. Por su parte Pedro Joaquín Coldwell contesta que el país no es rehén, por conflictos poselectorales de un candidato derrotado. Jesús Murillo Karam, encargado de la defensa jurídica del caso EPN, agregó que no será con presiones y amenazas como un capricho se ponga por encima de la voluntad ciudadana, que según eso, habría estado de parte del PRI. (La Jornada, política, p.p. 4 – 15, 22 de agosto de 2012).