Un peso un voto

Nacional
Precedente preocupante
Un peso un voto
Por: Carlos Damián 7 de enero de 2012
IFE : medidas absurdas
México. - El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) discutió ayer, en una prolongada sesión extraordinaria y con marcadas diferencias en su seno, las restricciones impuestas previamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a las pre-candidaturas presidenciales únicas Debemos recordar que el pasado miércoles (21/12/2011) el máximo órgano de justicia electoral resolvió que los precandidatos únicos no pueden realizar actos proselitistas de manera abierta, “porque podrían incurrir en actos de campaña anticipada”.

En respuesta, el aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió a ese órgano jurisdiccional un cuestionario en qué solicita a las autoridades en la materia aclararan los alcances de los derechos de esos precandidatos a la libre expresión y a la libre asociación, y especificaran que tienen permitido en el marco de la actual legislación comicial. Una vez que el TEPJF turnó la solicitud del tabasqueño al IFE, éste redactó un dictamen en que se afirmaba, entre otras cosas, que “la ley electoral no establece una limitante respecto del tipo de actos que pueden realizar” los precandidatos únicos, y que no había, en consecuencia, razón jurídica para limitar sus apariciones públicas ni para prohibirles hacer precampaña.

Instituto Federal electoral (IFE)
No es por medio de ambiguos exhortos a la “prudencia” de los actores políticos que el IFE podrá revertir el legado de impunidad y simulación que hoy caracterizan a los procesos electorales, sino con una acción firme e institucional que imponga sin miramientos el estado de derecho. En lugar de gastar cientos de miles de pesos en desplegados sin ninguna relevancia jurídica, lo que debe hacer el TEPJF es investigar y sancionar los recurrentes fraudes a la ley que corroen el sistema democrático. Tienen razón los consejeros electorales cuando afirman que “nuestro país merece un proceso electoral ejemplar” y que “ello depende de refrendar la vocación democrática y apegada a las reglas vigentes de todos los mexicanos”. Pero se equivocan al culpar sólo a los actores políticos cuando los mismos funcionarios electorales son los principales de haber generado el actual contexto de ilegalidad generalizada en materia electoral.

El IFE se encuentra el día de hoy inmerso en una profunda crisis de legitimidad que nos conduce a una jornada electoral cuestionada y llena de conflictividad política. Si los tres nuevos consejeros electorales quieren evitar este obscuro desenlace no será suficiente con ayudar a administrar la desgracia, es preciso que ayuden a imprimir inmediatamente una nueva dinámica institucional al órgano electoral. Recordemos que desde la reforma electoral de 2007, y en aras de fomentar la equidad, el artículo 41 de la Constitución prohíbe explícitamente la contratación o adquisición de espacios en radio y televisión por los partidos políticos. Esto incluye la “donación” de espacios de parte de los medios de comunicación. Los que minan los cimientos de la convivencia democrática no son aquellos funcionarios que con valentía e independencia buscan asegurar el cumplimiento del Estado de derecho, sino los actores políticos que buscan dar la vuelta a la ley y las autoridades que se hacen de la vista gorda ante los atropellos constitucionales.

Imperfecciones de la actual legislación en materia electoral
Los consejeros del IFE habían acordado, por mayoría, permitir la presencia de los aspirantes presidenciales de unidad en actos públicos, pero limitar su presencia en anuncios de radio y televisión durante el tiempo que duren las precampañas. La anterior circunstancia descrita pone de manifiesto, en primer lugar, las imperfecciones de la actual legislación en materia electoral, de lo cual inferimos que en tal documento tiene unas enormes lagunas conceptuales. Pero sobre todo las dificultades de las autoridades en la materia, para compensar tales deficiencias con criterio y sentido común. Si como reconoció el propio IFE, la normativa vigente no establece una distinción entre los precandidatos presidenciales únicos y los que enfrentan contiendas internas en sus respectivos partidos, lo procedente sería que las autoridades garantizaran a unos y otros los mismos derechos.

En cambio la consideración del tribunal de que las actividades de los primeros deben estar limitadas para evitar una supuesta posición de ventaja respecto de los segundos resulta improcedente a la luz de la evidencia empírica: hasta hoy, los tres precandidatos presidenciales del Partido Acción Nacional (PAN) gozan de prerrogativas y presencia mediática privilegiadas respecto de los aspirantes de la oposición, y ello desvirtúa los alegatos del TEPJF de que las restricciones referidas obedecen a un afán de procurar equidad en las contiendas. Se recuerda que los precandidatos únicos son: Enrique Peña Nieto (PRI), y Andrés Manuel López Obrador (PRD),

Las actividades de los precandidatos deben ser limitadas sólo a su partido
Un juicio similar merece el argumento de que los pronunciamientos de los aspirantes presidenciales no deben estar dirigidos a la población en general: llevado al extremo, semejante razonamiento podría conducir a la inviabilidad de las precampañas, pues resulta imposible asegurar que el público de los anuncios difundidos por radio y televisión está constituido sólo por militantes y adherentes de determinado partido. En el caso de las pre-candidaturas únicas, el TEPJF exhibió una actitud cuestionable, no sólo por la impresión que dio de favorecer a los aspirantes presidenciables del partido en el poder, sino también porque muestra una propensión a judicializar el proceso electoral y a contaminarlo con consideraciones legaloides, y para colmo el propio TEPJF acusa un déficit de credibilidad en su desempeño como juez electoral imparcial y confiable, habida cuenta de su cuestionable papel en la calificación del proceso electoral de 2006, el cual dio por bueno pese a haber detectado “irregularidades graves”.

De nueva cuenta nos da la impresión que las medidas tomadas por el tribunal son para apoyar al oficialismo, apareciendo las interpretaciones facciosas de la ley, ellos estarían en contra de las candidaturas alternativas y progresistas, y desde luego vuelven recurrentes otros vicios que contaminaron el ambiente electoral hace cinco años. Aunque haya una corrección parcial a las injustas limitaciones impuestas por el TEPJF, el rumbo que va a adquirir la discusión en torno a los precandidatos únicos no tendrá buen precedente de cara a los comicios federales de 2012. (La Jornada, opinión, p. 6, 27 de diciembre, 2011).