En defensa de la universidad pública

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En defensa de la universidad pública
Por: Carlos Damián 2 de enero de 2012
Socialismo y patria
México. - La prensa informa por enésima vez sobre las intenciones del gobierno federal de reducir el presupuesto de las universidades públicas. No se entiende que de estas instituciones depende el porvenir de México y que al estrangular su financiamiento, se hipoteca el avance general de la educación, la ciencia y la tecnología nacionales, y en consecuencia, se incrementa atraso, la dependencia y la articulación desventaja en el proceso de globalización capitalista. La estrechez económica ya ha afectado el relevo generacional en la mayoría de nuestros centros de trabajo, impidiendo la digna jubilación a la que tenemos derecho de quienes han entregado su vida a la docencia y la investigación, y a su vez, haciendo prácticamente imposible que existan nuevas plazas para los jóvenes egresados.

Siguiendo el modelo neoliberal imperante y el estilo de gobierno, partidario y excluyente, se ha fomentado una competencia desleal por becas, bonos y prebendas académicas al interior de las universidades y centros de investigación públicos, facilitando la creación de grupos de poder que eliminan rivales, persiguen opiniones divergentes y sospechan de la creatividad intelectual.

Incluso, varias autoridades de espacios universitarios, investigación y formación de recursos humanos, han dado la voz de alarma sobre la desarticulación de la vida colegiada y la pérdida de valores generada por la imposición de un modelo de “excelencia administrativa” en nuestras instituciones de carácter público. Sin embargo, estas políticas parecen haber sido asumidas por colegas universitarios que reproducen cotidianamente los estilos de corrupción, oportunismo, intolerancia, mediocridad, abuso y codicia imperantes en instancias del gobierno federal y local.

Es urgente que investigadores y docentes dejemos atrás este modelo de competencias individualista que las políticas educativas han impuesto en el medio académico del país. Cumplamos con nuestro compromiso de reemplazo generacional y hagamos lo posible por dejar las nuevas generaciones una vida académica más generosa e independiente, con un presupuesto suficiente y acorde con los intereses nacionales, reconstituir universidades, centros de investigación y docentes conscientes de su papel en la construcción de un México más justo y democrático que el que ahora tenemos.

Por ello proponemos una estrategia consistente en convocar a una primera reunión de académicos interesados en transformar la actual relación de dependencia entre las universidades, centros de investigación y docencia con el Estado mexicano, con el fin de hacer un diagnóstico y una propuesta conjunta, que deberá presentarse a la sociedad civil y a los poderes ejecutivo y legislativo.

Un nuevo modelo democrático en el estado mexicano
En esta propuesta rechazamos que México tenga como única opción para el desarrollo, la implementación de un modelo centrado en el control de la inflación y el déficit público pero incapaz de generar empleos y crecer distribuyendo los recursos económicos y sociales de manera equitativa. Por lo que pensamos que deberíamos asumir los siguientes puntos: 1). Garantizar el acceso de toda la población al bienestar, reconociendo que ninguna sociedad puede prosperar si está dividida por grandes brechas de desigualdad económica; 2). Construir un estado social de derecho fundado en una inquebrantable vocación democrática y con la capacidad de convertirse en el gran referente para la integración y la cohesión social; 3). Construir una economía generadora de empleo y con capacidad distributiva del ingreso a fin de romper con la lógica concentradora de riqueza, y que permita garantizar niveles de vida dignos para todos los mexicanos;

4). Rediseñar la política social, con el objetivo central de construir ciudadanía, para orientar y dar cohesión al desarrollo nacional. Esta política social deberá desplegar su centralidad en un sistema de planeación dirigido a superar las disparidades regionales y a recobrar el sentido de una nación solidaria y justa para todos; 5). Redefinir las prioridades del desarrollo social, a fin de edificar una sociedad para todas las edades, en la que la convivencia y solidaridad intergeneracional estén en las base de las relaciones sociales, y garantice un México apropiado para la infancia, incluyente de todos los jóvenes y capaz de proteger en la vejez, teniendo como eje rector el derecho a un envejecimiento activo.

6). Participar activamente en la construcción y globalización justa, a fin de impedir que la desigualdad regional y planetaria continúe profundizándose, teniendo como principal objetivo la relación solidaria y pacífica entre las naciones, así como promover un nuevo diálogo intercultural y de fraternidad internacional. En base a lo anterior debemos replantear los mecanismos mediante los cuales dar a nuestro país un nuevo modelo de desarrollo para la igualdad. Se propone los siguientes puntos: a). impulsar el fortalecimiento de un sistema de Gobierno democrático y socialmente arraigado, basado en la plena garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Consideramos que esto será posible en la medida en que los pactos políticos fundamentales estén dirigidos a la construcción de un nuevo modelo de “Estado de Bienestar”, cimentado en una nueva cultura ciudadana para la paz, la justicia, la legalidad y la dignidad de las personas.; b). Consideramos que el “Estado de Bienestar” debe caracterizarse, al menos por: A). Un sistema de protección social universal, desde el nacimiento hasta la vejez mediante el régimen integrado de previsión social, acceso oportuno a servicios de salud de calidad, así como a prestaciones sociales y económicas básicas, tales como la renta básica universal.

B). Un sistema educativo universal y gratuito para toda la vida, a través del cual las personas, en el contexto de una sociedad global del conocimiento tengan la oportunidad de re-aprender en función de las constantes innovaciones científicas y tecnológicas, así como en la complejidad del pensamiento social y humanístico. C). Un nuevo sistema de seguridad alimentaría. Con estas características este Estado exige: 1). Impulsar una reforma hacendaria como base de un sistema social para la equidad. Debe comprenderse que la política fiscal es parte constitutiva de la política social y no a la inversa. Que la justicia social sólo es posible cuando se distribuye equitativamente la riqueza y el acceso al bienestar.

En ese sentido, el régimen de excepciones, el trato preferente a quienes más tienen, así como la protección de la lógica especulativa, son elementos que deben ser desarraigados de nuestro sistema tributario. Lo mismo debe ocurrir con el gasto público corriente y de capital, cuya asignación debe contemplar criterios explícitos de igualdad y equidad sociales, así como los que se desprendan del objetivo de encauzar a México en la ruta de desarrollo sustentable. (La Jornada, política, p. p. 11-13. 7 de diciembre, 2011)