El campo mexicano

Nacional
El campo tiene inconsistencias
El campo mexicano
Por: Carlos Damián 17 de enero de 2012
El veto impuesto por el presidente al decreto legislativo
México. - Aunque se argumente la incongruencia del veto impuesto la semana pasada a un decreto legislativo que pretendía destinar 10 mil millones de pesos para atender la emergencia provocada por las sequías, el titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa (FCH), señaló que la Cámara de Diputados, carece de atribuciones constitucionales para , “unilateralmente y durante el ejercicio fiscal, aprobar gastos no previstos en el Presupuesto de Egresos de la federación ni menos aún para modificarlos”. Por su parte, la Comisión permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exhortar a Calderón a resolver el diferendo con el Legislativo sobre la creación del citado fondo, en tanto diputados de oposición criticaron a su gobierno porque “no hace nada para resolver el problema”.

Preferible a los estirones políticos en que se han enfrascado Los Pinos y San Lázaro sería que los representantes trabajaran, cada uno en su respectivo ámbito de acción, para atender un problema que el año pasado arrojó saldos de catástrofe alimentaria: afectó a casi 70 por ciento de la superficie cultivable, derivó en la muerte de cientos de miles de cabezas de ganado y la pérdida de cosechas y cultivos, cuyo impacto habrá de resentirse en meses próximos en los precios de los alimentos. Para colmo, no hay indicios de que la situación haya llegado a su fin, y ni siquiera a su punto más alto: por el contrario, como anticipó ayer mismo (6/1/2012), la Comisión Nacional del Agua (CNA), la sequía afectó gran parte del territorio nacional en 2011 y continuará por lo menos en el primer trimestre de 2012, lo que multiplica el riesgo de incendios forestales y de pérdidas económicas.

El abandono del campo es estrategia de la política neoliberal
En tal circunstancia, la discusión en que se ha enfrascado el gobierno federal con el Legislativo equivale a seguir retardando una ayuda que resulta impostergable para los habitantes de los entornos rurales, y que también es necesaria para las poblaciones de las ciudades. Por otra parte y al margen de consideraciones sobre la constitucionalidad del decreto emitido por el Legislativo, la actitud del Ejecutivo es consistente con la política de abandono deliberado del campo y del retiro del Estado de ese sector estratégico que ha caracterizado a las administraciones del ciclo neoliberal, y que se expresa en la reducción de apoyos presupuestarios para los pequeños productores; en la ausencia de reservas estratégicas de granos, al desmedido incremento en las importaciones agrícolas, la profundización de la dependencia alimentaria y el sometimiento de la población en general a los vaivenes del mercado internacional de alimentos y a la ambición de los especuladores.

Llama la atención el celo con que el Ejecutivo Federal defiende los preceptos del texto constitucional que definen y acotan las funciones del Legislativo cuando no ha mostrado una actitud semejante al momento de defender los numerales de la Carta Magna que consagran que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará” (artículo 4); que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable” (artículo 25), y que, a efecto de “lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”, el gobierno dictará las medidas necesarias para “preservar e restaurar el equilibrio ecológico (…); para disponer la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad” (artículo 27).

Si el interés del gobierno es evitar perspectivas adicionales de catástrofe para el campo y hacer cumplir lo que dicta la Constitución, no debiera haber problemas para resolver el diferendo actual con el Legislativo y para aprobar, cuanto antes, la erogación de recursos económicos para aliviar la difícil situación por la que atraviesan los entornos rurales del país. Para ello, podría usarse una porción minima de los más de 45 mil millones de dólares obtenidos por concepto de renta petrolera tan sólo en el año pasado. Si no lo hace, la administración federal volverá a poner en entredicho su compromiso con el mandato constitucional, y alimentará la percepción de que sólo recurre a éste cuando así conviene a sus intereses políticos de partido, y facciosos.

CAP: se dramatiza la circunstancia por periodo electoral
Organizaciones campesinas lamentaron la “necedad” del gobierno federal y confirmaron tanto Francisco Mayorga de la Secretaría de Agricultura, como la Secretaría de Hacienda, Antonio Meade, que no canalizarán 10 mil millones de pesos para atender estragos provocados por contingencias climatológicas en el campo. La negativa está basada en la falta de sensibilidad, racionalidad y voluntad política, de acuerdo al líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos (ALR), tales recursos monetarios “no se los tiene que sacar de la manga, sino de la reserva internacional de divisas, de los excedentes del petróleo o de la recuperación del gasto no ejercido o de créditos de organismos internacionales”.

Añadió ALR que “no hay disculpa” contra “la torpeza de argumentar que no hay recursos para el campo, cuando sí existen para la Estela de Luz, carreteras, puentes federales de récord Guiness”, y el CAF empresa de origen español. Rafael Galindo Jaime (RGJ), dirigente de la Central Campesina independiente (CCI), coincidió en afirmar en que el rechazo a canalizar dinero extraordinario al sector abona al aumento de la crisis económica y social en el agro, donde se genera una “bomba de tiempo, pues aumentarán la pobreza, el desempleo y la migración”. Afirmó que el gobierno del PAN tiene de donde sacar financiamiento; mencionó en particular las “reservas, que tienen un poco más de 140 mil millones de dólares.

José Luis González Aguilera (JLGA), coordinador nacional del Congreso agrario permanente (CAP), señaló que frente al problema se deben hacer llegar recursos al agro, pero insistió en que los estados deben cooperar. “Si hay que atender la sequía, pero con objetividad y con corresponsabilidad de los gobiernos del estado” (…) “En el campo hay pobreza, pero hambruna no. El dramatismo que le están dando es por el período electoral; se exagera el problema”, expresó JLGA. El secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), consideró que; “El gobierno debería actuar de manera distinta pero parece que no le da sensibilidad y deja a los campesinos en la indefensión con las opciones de salir a la calle, sumarse al delito o emigrar” (…) “Entienda que el problema de la crisis en el campo es en serio. “ Hambruna, sequía, y helados los cultivos del campo por el cambio climático del mundo. (La Jornada, economía, p. 16, 14 de enero, 2011).