Masacre de Acteal

Internacional
Sobrevivientes lo acusan ante corte de Connecticut por “crímenes contra la humanidad”
Masacre de Acteal
Por: Carlos Damián 5 de enero de 2012
Zedillo: son imputaciones “infames e irresponsables” aparece en Yale Daily News
México. - Al cumplirse el 14 aniversario de la masacre de 45 civiles en Acteal, Chiapas, y depuse de las denuncias y expresiones de protesta de las principales organizaciones de derechos humanos internacionales durante los años recientes, ahora el caso está presente mediante una demanda civil presentada en Estados Unidos contra el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (EZPL), y por otra parte, la presunta responsabilidad del Estado Mexicano continúa bajo una investigación “de fondo” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los demandantes solicitan anonimato
Al principio de enero de 2012 Zedillo responderá por primera vez a la demanda civil en su contra por “crímenes contra la humanidad”, entre otras acusaciones, presentada ante un tribunal federal en el estado de Connecticut, U. S. A. en un proceso judicial que podría durar meses. Abogados de las partes del litigio informaron que esta semana que procede y cada una de las partes prepara sus estrategias. La primera fase concluye el 6 de enero, 2012 (fin del plazo para una respuesta inicial de Zedillo) y ahí comenzará la determinación de un juez los pasos a seguir de la demanda.

El abogado de los demandantes, Roger Kobert, indicó que existen pocos precedentes para casos civiles de ese tipo, pero “si existen las circunstancias necesarias se puede hacer, y creemos que aquí si tenemos esas circunstancias, los elementos necesarios para que este caso se sostenga”. Esta situación extraordinaria para un ex presidente mexicano empezó de manera sorpresiva demandado en el extranjero por un asunto tan importante como derechos humanos, el 16 de septiembre, 2011 se presentó una demanda civil contra Zedillo por 10 “víctimas” del ataque, ya que no se sabe por el anonimato solicitado si son sobrevivientes y/o familiares de los muertos; contra la agrupación de Las abejas en Acteal, cuando el acusado despachaba en la residencia oficial de Los Pinos.

En la demanda de 53 páginas se acusa a Zedillo de “conspiración para encubrir” su vínculo o responsabilidad por la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en violación de leyes nacionales e internacionales, y se busca el pago de hasta decenas de millones de dólares por daños compensatorios y punitivos. Se argumenta que “Zedillo sabía que sus subordinados estaban cometiendo abusos de derechos humanos, y falló en prevenirlos o castigo a los responsables”. Revisar la demanda en:
http://acteal197.con/w pcontent/uploads/2011/09/complaint_cover sheet.pdf

Es una sorpresa la demanda en Estados Unidos
La demanda ha provocado sorpresa llamando la atención en estados Unidos por el perfil tan alto de Ernesto Zedillo en los ámbitos académicos, empresariales y de relaciones internacionales. Ya que es profesor y director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale, y trabaja en proyectos de la Organización de las Naciones Unidas en comisiones sobre la despenalización de drogas, etc. La reacción de Zedillo rechazó los cargos y sembró dudas sobre la posible motivación detrás de éstas.

En un correo electrónico enviado al Yale Daily News el pasado septiembre, el expresidentes mexicano calificó las acusaciones de “infames e irresponsables” y afirmó que “carecen totalmente de bases y son obviamente falsas. Cualquier persona que se atreva a Verificar los hechos concluirá que ésta es una calumnia fabricada por razones que desconozco”. También en una carta enviada a la agencia de noticias AP por las mismas fechas, Zedillo calificó las acusaciones de “calumnias” y afirmó “es obvio para mí que quien esté detrás de esta demanda no está de verdad buscando justicia para la gente inocente cuyas vidas fueron tan dolorosamente devastadas por ese crimen atroz”. En otra carta, dirigida al Hartford Advocate, periódico local de Connecticut, Zedillo aseguró que el gobierno mexicano nunca empleó y “bajo ninguna circunstancia aceptaría la existencia de grupos fuera de la ley para resolver argumentos o conflictos”, y reiteró que las acusaciones son falsas.

Mientras Zedillo ha contratado un abogado privado, ya que la demanda es de carácter privado sin alguna relación con la Universidad de Yale, informó la institución. El abogado de Zedillo, Jonathan Freiman, dijo en su declaración al Yale Daily News que el caso es “claramente político”. La organización social Las Abejas se deslindó de esa demanda, reiteraron que ninguno de sus integrantes participa en ella y criticaron que el caso parecía motivado más por dinero y política que por interés en la justicia.

Los costos del juicio serán recuperados con la demanda por pago de daños
Las especulación se incrementó porque los 10 demandantes han solicitado el anonimato, argumentado su seguridad personal y “temor a represalias” de “simpatizantes” de Zedillo, del PRI, y de los paramilitares (según se afirma en la demanda), y porque no se ha “aclarado quién contrató al bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenhotlz, Bounds & Hess en Miami, que más bien se dedica a casos empresariales o personales, ni quién está pagando los costos legales.

Kober el abogado de los demandantes sobre la “motivación política” respondió que “si alguien le está responsabilizando por cometer atrocidades tal vez la mejor cosa que hacer es intentar cambiar de tema”, ¿no? Además sus clientes son indígenas que no pueden pagar los costos legales, y que su bufete decidió que los costos serían recuperados con un porcentaje del pago de los daños que la demanda solicita. La demanda se presentó ante el tribunal distrital bajo dos leyes (Alien Tort Claims Act y Torture Victim Pretection Act) que permiten que los demandantes presenten demandas civiles sobre ciertas violaciones de leyes internacionales en Estados Unidos.

El caso contra el gobierno de México por la masacre de Acteal presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue admitida en 2010, y por ese motivo se abrió una investigación con la cual esa instancia estudia “a fondo” los méritos del caso, de acuerdo con lo que dice María Isabel Rivero, jefa de comunicación social del organismo. El estudio terminará con un informe, aunque no hay plazo para su conclusión. Ese reporte es presentado tanto al Estado como a los demandantes, y por lo general incluye recomendaciones para “reparar la situación”. (La Jornada, política, p. p. 5- 6. 23 de diciembre, 2011).