Golpe al estado laico

Nacional
La reforma política del 24 amenaza libertades
Golpe al estado laico
Por: Carlos Damián 16 de Diciembre, 2011
Emilio Chuayffet: “mala fe” a ‘La Jornada’
México. - En una accidentada sesión, la Cámara de Diputados avaló ayer, por mayoría y con el respaldo de las bancadas del PRI y PAN, una reforma constitucional que permite la realización de actos de culto en espacios públicos sin dar avisos a la autoridad correspondiente, lo que incluye la difusión de ceremonias religiosas en medios masivos de comunicación e incluso abre la posibilidad de que las organizaciones clericales sean concesionarias de radio y televisión.

La reforma se sustenta en aseveraciones tan falaces como que no permitirá la realización pública de ceremonias religiosas es un atentado “a la libertad de creencia” e implica que el Estado mexicano “sea anticlerical por definición”. El señalamiento es improcedente porque en ningún punto de la legislación en vigor se estable que las autoridades tengan capacidad de proscribir o perseguir a ningún credo: por el contrario, el artículo 24 de la constitución ordena: “El congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna”, en tanto el 130, si bien consagra el principio institucional de la separación entre Iglesias y el Estado, ordena al segundo no intervenir en la vida interna de las iglesias.

La mala leche de Chuayffet
El presidente de la cámara de Diputados, Emilio Chuayffet Chemor, (ECC), dijo ante diputados del PRD y PT que la reforma 24 constitucional no implica el fin de Estado laico. “Esa es sólo la mala fe de los periodistas de La Jornada. No quiero decirles quiénes son, pero ustedes los conocen”, afirmó sobre la reunión ordinaria de ayer. (15/dic/11). Agrega que “las minutas deberán ser aprobadas por mayoría absoluta: de lo contrario, se tendrán por desechadas”. Chuayffet atribuyó la denuncia que hicieron diputados del PT sobre el intento de albazo a que los reporteros no leen. “Hay una gente ahí de un periódico no voy a decir cuál, que no lee. Y si lee lo hace siempre tratando de encontrar errores. “leyeron la ley de seguridad Nacional en la lista de las que pueden declararse precluidas porque ya se venció el tiempo para dictaminar. Eso es una cosa, quiere decir que ya se venció el tiempo para discutirla y de ahí pensaron: ‘ah entonces la van a discutir’. ¡Qué barbaridad! Hay que saber leer, hay que entenderle a lo que dicen los documentos de la Cámara para que no pueda uno escribir barbaridades y desorientar a la opinión pública”.

Fin al estado laico
En todo caso, la mano negra de la jerarquía católica del país y de una escasa sospecha de ocultamiento electorero del PRI y PAN es lo que parece estar detrás de la aprobación legislativa del jueves, (15 de diciembre, 2011); es una grave falta de discernimiento de los legisladores que avalaron la citada enmienda, al sostener que, en aras de la libertad de culto, el espacio público no debe ser regulado en su laicidad, en tanto escenario de la interacción social cotidiana, está sometida por definición a la regulación del Estado; éste a su vez, debe fijar las condiciones de su uso colectivo e individual del espacio público, a efecto de garantizar su accesibilidad a todos los ciudadanos, y ello incluye, desde luego mantenerlo al margen de cualquier sesgo confesional.

No existe, pues afán “anticlerical” alguno en la reivindicación de que las instituciones estatales acoten la realización de los actos religiosos a los templos, sino el reconocimiento de la necesidad de preservar un ámbito neutral para todas las personas independientemente de su credo. Por otra parte, resulta preocupante que los promotores de la mencionada reforma equiparen las limitaciones a la difusión de actividades religiosas en medios masivos con una “censura previa”, y que se pretenda, con base en ello, dar concesiones de radio y televisión a las organizaciones religiosas.

La argumentación contrasta con el trato discriminatorio que la propia autoridad ha dado en ese ámbito a entidades federativas, municipios, universidades, comunidades, gremios y otras formas de organización social, algunas de las cuales tienen mayor trascendencia legal y social que cualquier instancia religiosa, incluida la Iglesia católica, y que tendrían que verse beneficiadas, antes que éstas, de una eventual liberalización de las concesiones de medios electrónicos. En cambio, un efecto posible de la reforma avalada ayer es la colocación de frecuencias televisivas y radiofónicas en manos de las instituciones religiosas que cuentan con más recursos económicos, y ello podría agravar el desequilibrio que persiste en favor de esas organizaciones.

Es cuestionable la aseveración de que con estas modificaciones se reconoce: “el derecho implícito en la tutela de los padres sobre los hijos para enseñarles la religión que profesan”, esto que dijeron los legisladores enseñan su escasa imaginación y abusan de la inteligencia de la nación a la que representan. Lo que sienta un precedente nefasto y un riesgo considerable para la vigencia de otros preceptos, como el carácter laico de la educación pública asentado en el artículo tercero de la Carta Magna.

En suma, la aprobación de la reforma referida no derivará en una sociedad más libre, como afirman sus impulsores: por el contrario, y dada la correlación de fuerzas existentes entre autoridades policiacas y los poderes fácticos y desde luego incluida la Iglesia; de esto cabe suponer que se traduciría, si hallara convalidación en el Senado, en una sociedad más intolerante, en un poder político más atado de manos ante el clero católico en una multiplicación de la capacidad de chantaje de las jerarquías eclesiásticas y en un debilitamiento del carácter laico. (La Jornada, editorial, p.p. 5 - 8, 16 de Diciembre, 2011).