sábado, 21 de diciembre de 2013

Los juegos del simio

Nacional Los partidos del ala derecha realizan más ajustes que benefician a trasnacionales: PRI-PAN Los juegos del simio Por: Carlos Damián 14 de Diciembre, 2013 La aprobación a esta reforma fueron hechos por: PRI, PAN, y PVEM México. - Al ser aprobado el dictamen sobre la reforma energética y con la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales permite la apertura total al capital privado en la exploración y explotación de petróleo, en su industrialización, así como en la generación de electricidad, actividades antes reservadas hasta hoy al Estado, con cambios de última hora que introdujeron PRI-AN en el dictamen permiten que las empresas mineras que operan en el país, y que en su mayoría son canadienses, puedan explotar el petróleo y gas, asociados a los yacimientos de carbón u otros minerales que forman parte de la concesión que se les haya asignado. Los cambios al artículo 27 constitucional posibilitan la celebración de contratos de riesgo, incluidas concesiones con compañías petroleras internacionales; en el caso del artículo 28, se elimina el carácter estratégico a la refinación de petróleo, la producción de gas y la generación de electricidad, actividades que quedan por completo en manos de particulares, al igual que el transporte de hidrocarburos. En el artículo 25 se crea un nuevo estatus para Pemex y CFE, que pasan de entidades paraestatales a “empresas productivas del Estado”, las que competirán por los contratos con las trasnacionales, y para ello deberán demostrar en un plazo de 90 días que “cuentan con las capacidades técnicas y financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva”. Se genera un nuevo estatus para las paraestatales Se estableció que a más tardar en dos años Pemex y CFE deberán reconvertirse en “empresas productivas del Estado”, -en la venta nacional están vendidas y produciendo con manos de extranjeros, y es un absurdo que sigan siendo productivas del Estado-, cuyos titulares podrán ser libremente removidos por el presidente de la República. A través de 21 artículos transitorios se dejan en la Constitución los lineamientos de la legislación secundaria. Se creo en el artículo cuarto transitorio un régimen de contratos para beneficiar a las empresas extranjeras, que podrán quedarse con el crudo que extraigan e incluso registrar como propias las reservas de hidrocarburos mexicanos y comercializar directamente electricidad. Ese artículo cuarto transitorio es otro de los modificados por los presidentes de las comisiones, quienes consideraron que en lugar de decir que las modalidades de contratación “podrán ser” de servicios, de utilidad y producción compartida y licencias – que son equivalentes a la concesión-, se precisaran que los tipos de contratos “deberán ser, entre otras”. En el artículo 27 constitucional se estipula que “tratándose del petróleo y de los hidrocarburos, sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones”. Igualmente, que “corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones”. Sin embargo, se adiciona a ese artículo que ello “sin que el Estado pueda celebrar contratos con particulares, en los términos que establezcan las leyes. En el artículo cuarto transitorio, que es otro de los que fueron modificados de fondo a última hora, se adelanta un sistema de contratación que da ventaja a las trasnacionales. La entrega de infraestructura a las trasnacionales extranjeras Se contempla la privatización de archivos, y en el artículo 16 transitorio se ordena que en el plazo de un año, luego de la aprobación de la ley reglamentaria, Pemex entregue su infraestructura –ductos- para el transporte y almacenamiento de gas, y CFE sus redes del servicio público de transmisión y distribución en condiciones de continuidad, eficacia y seguridad, a dos órganos de nueva creación. Del proyecto de dictamen, PRI y PAN quitaron la eliminación gradual de los subsidios a la gasolina y la electricidad, contemplada en el artículo decimoprimero transitorio. Ese artículo posibilita a las empresas extranjeras que generarán electricidad a “financiar, instalar, mantener y operar la ampliación de la infraestructura necesaria para que presten el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”. Modificaron también el nombre del organismo autónomo que distribuirá la renta petrolera, que se denominará ‘Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo’. Se precisó que sus recursos se transferirán en primer lugar a la Tesorería de la Federación, a los gobiernos de los estados, para ahorro a largo plazo, y al sistema de pensión universal, cuando haya saldo del ahorro a largo plazo. Eliminaron del dictamen un párrafo del artículo séptimo transitorio, en el que se indicaba que “las disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México”. Tal disposición haría que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se aplicara, eliminando la reserva del petróleo que México impuso cuando se signó este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Separadamente en el curso del proceso legislativo de imposición de la reforma energética impulsada en un 90 por ciento por el PAN esto pasó por episodios irregulares en su aprobación. De parte del Senado se cansó la mayoría aritmética –PRI, PAN, PVEM, y Panal- las fatigosas y largas tretas para alargar y hacer conciencia en estos legisladores comerciales por la oposición patriótica y visionaria en el pleno de la Cámara en donde la diferencia de votos entre bancadas aplastaría las pocas esperanzas objeciones con argumentos sólidos del ala de izquierda –PRD, PT y Movimiento Ciudadano-. La exótica reforma energética Los acuerdo que llevaron a cabo el PAN y PRI al margen del Congreso tendría fruto en el pleno del Congreso, agravado por las negociaciones finales del PAN donde se buscó más agresión negativa y entreguismo a las trasnacionales petroleras y mineras, ya que se presentaron modificaciones al dictamen de omisiones legislativas. En un giro totalmente privatizador con la convicción de las cúpulas de poder debido al débil diseño energético se pudo lograr más licencias, y concesiones extraterritoriales. En contraste se ha dejado de lado al sindicato petrolero cumpliendo una expectativa del PAN al acusarlos de la corrupción en Pemex, pero se han olvidado de la dirigencia de proveedores, y directores de la paraestatal, atacando al líder petrolero y legislador Carlos Romero Deschamps al enviarlo a la nevera oficial pero sin consignarlo judicialmente y clara exigencia de que devuelva lo saqueado al país. Una vez más, otro político corrupto se le envía al infierno para que “sufra” impune su riqueza en el extranjero, viajes de lujo y su retozo en parques privados en los Alpes Suizos. En el edificio de San Lázaro están listos para aprobar en “fast track” la consigna de Manlio Fabio Beltrones, EPN y el Virrey Videgaray; en plenaria los diputados la aprobarán y así quedará listo para las fiestas decembrinas, y el nuevo año (2014), gozaremos las aprobaciones en congresos estatales. Desde lejos se observa el cerco por miembros de Morena encabezados por el hijo de AMLO y el presidente de Morena, Martí Batres donde seguían apostados ciudadanos en protesta por la reforma energética, aunque es digno decirlo son menos de los que se esperaban –falta la mano del peje-, y sin expectativas de triunfo. Por su parte los miembros del PRD, continuaban con su caminata de 75 horas alrededor del Ángel de la Independencia en Reforma, ahora con la compañía del ex dirigente de ese partido, Cuauhtémoc Cárdenas, quien participó discursivamente en un breve mitin. Este segmento del sol azteca se ha quedado sin la bandera de la consulta popular en 2015, pues en la Cámara de Diputados se aprobó una ley sobre la materia que no contempla las reformas constitucionales. (La Jornada, política, p.p. 10-14, 11 de Diciembre, 2013).

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