Albazo en San Lázaro

Nacional En la Cámara de Diputados se apresuran en el trámite para imponer la iniciativa del PAN Albazo en San Lázaro Por: Carlos Damián 11 de Diciembre, 2013 Los derechos y libertades en la capital son pisoteados por: PRI, PAN, y PVEM México. - Los grupos parlamentarios de PRD, PT y MC en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tomaron la tribuna para manifestar su rechazo al “albazo” de parte de legislativos de: PRI, PAN y PVEM. Todo este episodio sucedió en la cámara de Diputados que aprobaron el dictamen sobre la ley de manifestaciones para la ciudad de México. Al dar a conocer la postura del bloque de izquierda, el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados (MG), aseveró que dicho dictamen vulnera el estado democrático y de derecho de la urbe, postura que también esgrimieron la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y Amnistía Internacional. “La vida soberana de la ciudad de México se ve nuevamente vulnerada por el Congreso federal; estamos en un tema de discusión y análisis de la reforma política de la ciudad en la que se busca autonomía y se le amplíen atribuciones. De ahí que nosotros no podemos avalar, en ninguna circunstancia, el esquema de que los derechos y libertades consagradas en nuestra Constitución sean pisoteados, vulnerados, en detrimento de las garantías constitucionales de todos los mexicanos, y que han defendido a lo largo de su historia”, apunto MG. En las Comisiones de Derechos Humanos del DF de la Cámara de Diputados, legisladores de los partidos PAN, PRI y PVEM aprobaron ayer (10/12/13), sin debate y con sucias artimañas, un dictamen de ley de Manifestaciones Públicas del DF que vulnera gravemente las libertades y derechos humanos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, particularmente los de reunión, expresión y libre tránsito, y se contrapone con ordenamientos legales ya vigentes en la capital de la República. El documento elaborado por el panista Jorge Sotomayor Chávez, pretende constreñir la realización de manifestaciones a vías secundarias y limitar su horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, condicionadas a una autorización previa del Gobierno del DF y prohibir que se realicen marchas para exigir la modificación de decisiones gubernamentales, sean locales o federales. Semejante falta de propósito jurídico y absurdo ha sido promovido, con intenciones claramente electoreras de su autor panista, en aprovechamiento de la anomalía jurídica que impone al DF una tutela anacrónica e injustificable por parte del Ejecutivo (EPN) y Legislativos Federales, y deja al descubierto dos asuntos centrales. Amnistía Internacional advierte de abusos de las fuerzas del orden La diputada Ariadna Montiel advirtió que se evaluarán las acciones a seguir para echar abajo “ese madruguete legislativo”. Por otra parte, al referirse al tema, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del DF, remarco que el debate para regular las marchas debe centrarse en el respeto a los derechos de libre tránsito y manifestación. La presidenta de la CDHDF Perla Gómez, calificó de “retroceso de las buenas conciencias” el dictamen sobre la referida ley de manifestaciones, la cual, comentó, es un asunto que compete a la ALDF. Iván Pérez, director de cultura por la No Discriminación, del Consejo para prevenir la discriminación; Marciel Itzel Checa, responsable del programa de Derechos Humanos del DF, y Dinorah Pizano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del ALDF, lamentaron el intento de inhibir “el derecho de la libre manifestación”. Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, aseveró que la pretensión de limitar las manifestaciones busca crear la idea falsa de que en México “no pasa nada”, la fantasía que siempre nos han comprado los gobiernos del PRI-AN, y ahora refrendadas por el albazo hecho en San Lázaro. Amnistía Internacional alertó que la mencionada ley es contraria al derecho de libertad de libertad de asociación y expresión, e incluso podría repercutir en un aumento de los abusos policiales en contra de los manifestantes. Por el contrario, el diputado del PAN Federico Döring dijo que con “la misma vara” que el GDF aprobó, mediante una encuesta, el aumento a la tarifa del metro (subió la tarifa de 3 a 5 pesos), se debe medir que los capitalinos están a favor de poner orden y reglamentar el caos generado por la CNTE y otras organizaciones. La comparación es absurda y ridícula y así es de incongruente y tonta la existencia misma del PAN. Por su parte los grupos parlamentarios de derecha en la Cámara de Diputados pusieron en marcha la aplanadora y aprobaron, sin debate, el dictamen sobre la ley de manifestaciones públicas del Distrito Federal, en una reunión en la que las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal apresuraron el trámite parlamentario para desahogar la iniciativa del panista Jorge Sotomayor Chávez (JSC), a quien los perredistas señalan como integrante de El Yunque y del Opus Dei. Sin embargo, la mesa directiva de la cámara aclaró que el dictamen será incluido al final de la lista de asuntos pendientes, por lo que difícilmente se aprobará en el período de sesiones y se trasladará al que empieza en febrero. La intromisión de los partidos de derecha en cuestiones jurídicas del DF La mañana de ayer (10/12/13),Laura Barrera Fortoul –secretaria de Turismo en el gobierno de EPN en el estado de México- y Miriam Cárdenas Cantú- del equipo del primer círculo del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira-, presidentas de las comisiones, no permitieron el uso del micrófono a los legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC).Esto provocó que los perredistas Karen Quiroga, Roberto López Suarez y José Luis Muñoz Soria hablaran a gritos para exigir que se revisara el dictamen y las reservas que presentaron. Con 30 votos a favor de PRI, PAN y PVEM, 11 en contra de PRD y PT y Movimiento Ciudadano, así como dos abstenciones del nieto de Elba Esther Gordillo, René Fujiwara Montelongo (participa en las dos comisiones), se avaló una ley que busca limitar el horario de las manifestaciones de 11 a 18 horas, únicamente en vías secundarias, y se prohíbe que las marchas sean para exigir al gobierno de la ciudad y al federal modificar una decisión. La ley, que servirá a JSC para promocionar su candidatura a la delegación Benito Juárez, define que quienes deseen realizar movilizaciones en la ciudad deberán solicitar permiso dos días antes al Gobierno del DF y nombrar un representante. El dictamen define que la autoridad capitalina podrá negar la autorización con el argumento de la contaminación, e incluso disolver, “con respeto a los derechos humanos”, cualquier manifestación no autorizada, aunque no hace referencia a la ley del uso de la fuerza pública que está vigente en la ciudad de México. Dos tópicos torales que mencionamos anteriormente son: una cara de este poliedro jurídico, es la mentalidad autoritaria y represiva que impregna a los representantes de los tres partidos mencionados y que en tiempos recientes ha tenido un preocupante avance en la esfera institucional del país. Este episodio de intromisión nos da la impresión de que, a medida que el grupo gobernante avanza en la siembra de factores de inconformidad social –las reformas laboral, educativa, fiscal y energética, la paralización deliberada de la economía, la tozudez en restaurar una presidencia omnímoda y despótica-, busca cerrar las válvulas de escape pacíficas de la inconformidad popular del profundo México. En esa medida, el intento por mutilar las libertades ciudadanas en la ciudad capital constituye una provocación innecesaria y peligrosa que debe ser revertida en el pleno del Congreso de San Lázaro. Aunque seamos sinceros, este hecho nos evidencia la necesidad urgente de avanzar en una reforma política para el DF que consagre la plena igualdad de éste respecto del resto de las entidades federativas. De otro modo, las fuerzas de la derecha autoritaria y fascista seguirán aprovechando la supeditación capitalina a los poderes federales para intervenir en la vida política de la capital de la República. Se ha de considerar que los partidos que aprobaron el dictamen mencionado son minoritarios en el DF, y no tienen en consecuencia, legitimidad ni representatividad alguna para determinar las normas legales que han de regir los asuntos de la ciudad capital. Sin embargo, a pesar de todo imponen ordenamientos represivos y agresivos con una expresión fascista y de una carencia de espíritu republicano. En lo inmediato deben los ciudadanos del DF expresar su rechazo a una imposición autoritaria de EPN con sus partidos acólitos, y exigir los derechos y prerrogativas que corresponde a una entidad federativa más. (La Jornada, política, p.p. 2-42, 11 de Diciembre, 2013).