domingo, 2 de octubre de 2011

Washington: un aliado peligroso

Nacional
Es más peligroso cruzar por nuestro país que cruzar la frontera
Washington: un aliado peligroso
Por: Carlos Damián 20 de Agosto, 2011
La política sucia y criminal de México
México. - Las acciones de los grupos criminales han hecho que el paso por México sea más riesgoso que intentar cruzar la frontera con Estados Unidos, coincidieron expertos en el tema de migración. Fabienne Venet Rebiffe, directora general del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim); Sandino Asturias Valenzuela, coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), y Oscar Chacón, director ejecutivo de la National Alliance of Latin American and Caribbean Communities (Nalacc), lamentaron que México le esté haciendo “el trabajo sucio” a Estados Unidos para apoyar su política de seguridad, y añadieron que lamentablemente esto es a cambio de ‘todo por nada’.

La política sucia y criminal de México
Chacón consideró que lo que viven los migrantes a su paso por México es “dantesco” debido a que son víctimas del crimen organizado, a lo cual se agrega “el trabajo sucio” que en su política hace el gobierno de México para apoyar al gobierno de Estados Unidos y este trabajo “lo hace gratis”. Añade en su plática, esta situación es “penosa” e insistió en la humanización de los migrantes”. Venet Rebiffe sostuvo la relación que hacen los gobiernos entre seguridad y migración es “equivocada”, pues coloca a los migrantes como “posibles amenazas” y por consiguiente así justifica todo tipo de acciones.

La directora general de Inedim, añade, que ver la política migratoria desde la perspectiva de seguridad y el “control” es un retroceso y llamó a elegir “la visión integral” del fenómeno, que implica abordarlo desde los problemas estructurales que incentivan la migración irregular forzada porque ellos emigran para tener alguna oportunidad en la vida, no lo hacen para enriquecerse o por aventura.

Washington: un aliado irregular
De acuerdo con lo informado miércoles, 6 de julio, 2011 por Darrel Issa, presidente del comité legislativo que analiza los alcances del ‘operativo Rápido y furioso’, por medio del cual la Oficina de Alcohol, Tabaco y Amas de Fuego (ATF), del gobierno estadounidense hizo llegar a cárteles mexicanos miles de armas de alto poder en la operación participaron, además de funcionarios de distintos niveles de la dependencia mencionada, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), así como la instancia federal encargada de perseguir al narcotráfico (DEA).

Según Issa, ese trasiego ilegal de armas con el que pretendidamente, se buscaba “monitorear” el abasto de armamento de procedencia estadounidense de las organizaciones mexicanas dedicadas al tráfico de drogas, se habría realizado mediante el pago a contrabandistas para que fungieran como informantes de la DEA y del FBI. En semanas previas, las investigaciones que encabeza el presidente del comité legislativo permitieron establecer que los más altos mandos de la ATF, incluido su director en funciones, Kenneth Melson, recibían informes semanales del desarrollo de ‘rápido y furioso’, y ‘contrabandista de armas’ que permitió el ingreso clandestino a nuestro país de unos 2 mil fusiles de asalto, medio centenar de rifles de francotirador y una cantidad indeterminada de municiones.

Es inverosímil que el secretario de Justicia del país vecino, Eric Holderm no haya estado al tanto de la participación de tres dependencias policiales y de seguridad tan importantes del gobierno estadounidense y resultan poco verosímiles, por tanto, los alegatos en su favor formulados por el presidente Barack Obama. Si ‘rápido y furioso’ fue una decisión de gobierno, sería sumamente grave que la Casa Blanca la ocultara. Por otra parte, si las más altas cúpulas del poder público estadounidense no tenían idea de esas actividades ilegales de la ATF, la DEA y el FBI, esa ignorancia supina apuntaría a un descontrol mayúsculo en las acciones de Washington contra el narcotráfico.

Washington no combate a la delincuencia combate a la droga
Por lo que respecta a México, es claro que el gobierno de Estados Unidos no puede ser considerado un socio confiable en el combate contra la delincuencia organizada y por la seguridad pública, y mucho menos como una instancia de coordinación con las fuerzas públicas mexicanas, función violatoria de la Constitución y que, sin embargo, ha podido comprobarse a raíz de la difusión de los cables diplomáticos del Departamento de Estado obtenidos por ‘WikiLeaks’ y divulgados en México.

En este contexto el conflicto ha representado a Estados Unidos un vasto mercado donde colocar parte de su producción de armamento de sus fábricas de guerra, una gran cantidad de dinero cuyo lavado reporta ganancias astronómicas a las entidades financieras del país vecino y, por si fuera poco, un buen pretexto para multiplicar y profundizar sus acciones dentro del país. El país vecino ha participado en el abasto de armas a los cárteles que supuestamente pretende derrotar, constituye un dato intolerable que debiera llevar al cuestionamiento radical de la cooperación bilateral en la materia y profunda revisión de las implicaciones que ésta ha tenido en México.

En lo inmediato, la operación ‘rápida y furiosa’ y ‘contrabandista de armas’ debiera llevar al legislativo mexicano a exigir alto total a la Iniciativa Mérida, reformular la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y otros instrumentos bilaterales en materia de seguridad y combate a la criminalidad. (La Jornada, política, p. 6, 7 de julio, 2011).

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