El sistema penitenciario mexicano

Nacional El buen éxito sin base real El sistema penitenciario mexicano Por: Carlos Damián 8 de Noviembre, 2012 Se necesita un cambio en el sistema penitenciario del país México. – Al inaugurar una conferencia internacional sobre prisiones que se realiza en esta capital, el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna (GGL), se jactó de la creación de un “nuevo modelo penitenciario”, supuestamente caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, por un alto nivel educativo de sus empleados, y por la privatización de servicios que sería, a decir del funcionario “un freno a la impunidad”” y “una referencia a nivel mundial”. La construcción y modernización de cárceles en el país ha sido una de las actividades más publicitadas en el discurso oficial, sin embargo en la visión gubernamental haber ampliado las prisiones federales hasta un total de 21, todas a “prueba de riñas, fugas y motines”, y haber recluido en ellos a los reos de alta peligrosidad, es indicativo de un avance significativo en la lucha contra la delincuencia y en la consolidación del estado de derecho, y esta acción, “facilitaría la reinserción social de los internos”. Las afirmaciones ya mencionadas, así como la expresión de GGL. “la prisión representa la protección a los derechos de los ciudadanos tanto de los libres como de los reclusos”, han de ser contrastados con el panorama esbozado a finales del mes de septiembre por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, Raúl Plascencia Villanueva (RPV), quien señaló que el sistema penitenciario del país, “atraviesa una crisis por la falta de políticas públicas en la materia”. La tortura en México que siendo una práctica “común y sistemática”, de acuerdo con una larga lista de informes presentadas por 73 organizaciones no gubernamentales (ONG) que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Estas organizaciones tienen en sus manos un documento que contradice el discurso oficial que contradice el discurso oficial previo al informe que entregará el gobierno de México ante el Comité de la ONU; contra la tortura. En sus asertos el ombudsman nacional no incluyó en su evaluación los penales federales, estos albergan sólo a una pequeña fracción de los presos en el país: cerca de 40 mil personas, del total de 250 mil personas que forman la población carcelaria total. Si fueran ciertas las palabras del secretario federal de seguridad en la nación, más del 80 por ciento de los presos sobreviven en condiciones de violencia, corrupción, narcotráfico, tráfico sexual, insalubridad, hacinamiento y toda suerte de atropellos contra sus derechos humanos. En su discurso, vendió el modelo de cárceles mexicanas como la soñada panacea que muchos países “deben considerar” para resolver sus problemas penitenciarios, pero no una sola mención de la reciente fuga de más de 130 presos del penal de Piedras Negras, Coahuila, la mayoría reos acusados de delitos federales. El sistema carcelario fue hecho para poner freno a la impunidad El funcionario soslayó también en su mensaje a los miembros del ICPA el contenido de los actuales reportes de la CNDH, que refieren que de 2010 hasta finales de septiembre de ese año hubo al menos 14 fugas en centros penitenciarios mexicano, en los cuales se evadieron 521 internos. Además en ese período se registraron 75 riñas, con saldo de 352 fallecidos. RPV ha reportado de manera reciente que en las prisiones mexicanas imperan las extorsiones, motines y autogobiernos de reos, quienes incluso llegan a poseer la llave de la celda de los prisioneros. Los datos más recientes tanto del Sistema Nacional de Seguridad Pública como del INEGI refieren que en México hay 238 mil 269 reclusos, de los cuales 50 mil pertenecen al fuero federal (uno de cuatro reos que están en penales estatales son acusados de incurrir en delitos federales), es decir cometieron ilícitos como trafico de personas, contra la salud, lavado de dinero o en su caso delincuencia organizada. Sin embargo a pesar de estos datos duros que tiene en sus archivos la CNDH, GGL tiene su propio diagnóstico: “Se han logrado muchas cosas: el objetivo es sumar este modelo a los sistemas penitenciarios estatales (…) en la anterior administración se logró aumentar siete veces la capacidad de las prisiones del sistema federal”. El presidente de ICPA, Peter van der Sande (PVS) señala que en el mundo se presentan los mismo problemas de hacinamiento, sobrepoblación e inseguridad dentro de las prisiones, lo que se atribuye en buena medida a deficiencia en las instalaciones. “Más de 10 millones de personas han pasado por la prisión preventiva en el mundo; en este momento no hay un sistema de justicia penal que no pase por la prisión preventiva (…) pero hoy la cárcel está considerada como una institución más compleja que requiere mayor atención”. Además de la saturación de espacios, indicó PVS que otro de los problemas que genera es la posibilidad de violentar derechos fundamentales, al apartarse los plazos de este tipo de encierro. “Viola el derecho de tener un juicio expedito; los legisladores deben tener en cuenta que esto también genera sobrepoblación, ya que es urgente y necesario controlar el volumen mediante el uso de alternativas”, dice PVS. Si incluimos el impresionante incremento de los procesados y sentenciados por delitos federales durante el sexenio (de 3 mil 164 a 18 mil 283 entre 2006 y 2011, un aumento de 500 por ciento) podría considerarse un éxito en la lucha contra la delincuencia si ellos se reflejara en una disminución de la inseguridad pública. Pero ésta se ha extendido, agravado y multiplicado de forma rotunda en el presente sexenio. Esto nos indicaría que la sociedad ha generado más presos de los que encarcela, que muchos de los presos son inocentes, o ambas cosas. De cualquier forma, lo realizado en el curso de esta administración en materia carcelería no puede ser considerado un éxito, ni en forma aislada ni en el marco de la estrategia de seguridad. Presentarlo de esta manera no muestra el triunfalismo sin fundamento que ha sido la constante del gobierno federal anterior. (La Jornada, política, p.p. 4-5, 30 de Octubre de 2012).