El atropello del uno de diciembre: 1-D

Nacional Esclarecer y sancionar la represión El atropello del uno de diciembre: 1-D Por: Carlos Damián 11 de Diciembre, 2012 El desenlace parcial del atropello México. – La liberación por falta de pruebas de 56 de los 70 ciudadanos que aún permanecían encarcelados desde el 1 de diciembre, dictada ayer (9/12/12), por la jueza Patricia Mora Brito, constituye un rotundo desmentido a las versiones oficiales del gobierno federal y de la autoridad de la capital, sobre lo ocurrido ese día, en el contexto de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto (EPN), como presidente que obliga, a cuestionar el fundamento legal de los procesos iniciados contra los 14 presos restantes y deja en entredicho el accionar de las fuerzas del orden. En efecto: podría entenderse que, durante la confusión marcada por el vandalismo y ataques contra las corporaciones policiales, estas hubiesen incurrido en error en unas cuantas de las docenas de detenciones realizadas; pero si el 80 por ciento de los arrestados y encarcelados son inocentes, como lo señala el fallo judicial y como consta en numerosas pruebas videográficas, el dato sólo puede ser interpretado como expresión de una asombrosa ineptitud en el mejor de los casos. En el peor de los casos, podría ser cierto que en cumplimiento de órdenes que exigían capturar a personas no involucradas en los delitos cometidos ese día. Significativamente, muchos fueron encarcelados y golpeados por el simple hecho de ejercer su libertad de expresión y manifestación, como lo indican los documentos recabados y ampliamente difundidos en las redes sociales y por algunos medios impresos y electrónicos. Sin embargo es necesario, en corto que las autoridades ofrezcan una disculpa a sus víctimas por las arbitrariedades y los agravios que sufrieron, entre ellos la semana que pasaron en la cárcel sin haber cometido delito alguno. Desenlace grave y torpe Se han dejado libres a 56 de los detenidos por resolución judicial por los sucesos del pasado uno de diciembre significa cuando menos lo siguiente: El gobierno de Marcelo Ebrard ese día permitió un operativo policíaco muy injusto y torpe; que son infundadas las pretensiones de ciertos periodismo oficialista, y sus comentaristas adjuntos, de vincular delictivamente la protesta ciudadana con la comisión de delitos. Finalmente el gobierno de Miguel Ángel Mancera, como continuador del gobierno de Ebrard debe ofrecer oficialistas disculpas públicas por el abuso evidente, reparar el daño hecho a los apresados, castigar a los mandos superiores responsables de las órdenes dadas a los policías obligados a cumplirlas, y garantizar a los capitalinos que habrá respeto a los derechos políticos, en esta caso al ejercicio crítico y libertad de expresión. Esperando este tecleador que los policías no se usen como chivos expiatorios. Estas acciones han llevado estas situación a un nudo jurídico, llevando al extremo la represión debido a la instrucción abierta de Ebrard de realizar detenciones a granel con un notable significado social y político, a pesar del linchamiento mediático, del paso apabullante del PRI de EPN, y la descarada provocación física del pasado sábado negro, el conjunto de fuerzas progresistas pudo detener y vencer lo que se perfilaba el inicio de un proceso fascista, sin descartar, sino la agenda de pendientes por aplicar en algún momento del desenlace parcial. En este momento no se avizoran líderes a la vista, implicaciones de partido, o del tipo electoral pero la comunidad activista social de la capital, pudo enfrentar el amago de EPN urgido de imponer “orden” y de sus aliados cupulares de la capital. Entre los cuales podemos distinguir a: Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, y Manuel Mondragón y Kalb. Por otra parte, diversas grabaciones de video indican que los verdaderos violentos fueron tolerados por los propios cuerpos policíacos y cabe preguntarse, si algunos de los responsables materiales de los destrozos llegó a ser detenido y si hay algún culpable real entre los 14 que el pasado domingo recibieron auto de formal prisión. Varios de éstos últimos, en todo caso, han exhibido constancias de comportamiento cívico y pacífico. Pero en dado caso que la parte acusadora llegará a probar la culpabilidad de los imputados, resultaría inverosímil que sólo 14 personas hubiesen protagonizado la enorme violencia vandálica que se abatió el uno de diciembre en el primer cuadro de la ciudad capital. De modo que a algunos días de ocurridos los hechos, sigue sin saberse quiénes agredieron a las fuerzas el orden y causaron los destrozos. Lo cual nos indica esta lectura de los designios de encubrimientos provocación y represión, surgidos desde algunas oficinas públicas a cargo de la administración de EPN. El primer saldo de las batallas del 1DMX podría aportar lecciones a las partes en conflicto y ayudar a disminuir riesgos a lo largo del tramo sexenal de EPN, que ya se avizora por los hechos mencionados una situación compleja. El aspirante a candidato presidencial 2018, ha cometido uno error político, al ordenar una represión extemporánea e ineficaz, pues los verdaderos causantes de los destrozos en la avenida Juárez ya se habían esfumado. De los 69 acusados solo 56 fueron liberados por falta de pruebas. Estos errores que cometieron sería en otros países una virtual sentencia de muerte política a tan tragicómica represora. Es injustificable que las autoridades federales y locales sigan remisas, hasta el momento a investigar y sancionar los excesos policiales que dejaron, en las inmediaciones de San Lázaro, dos heridos graves, y que en el centro de la ciudad, se tradujera en detenciones arbitrarias, golpizas, agresiones sexuales, y tortura, como lo ha documentado la CNDH. Resulta procedente y necesario, que la PGR y PGJDF, llamen a declarar a quienes ese día fungían como mandos de las fuerzas federales y de las capitalinas. De no proceder al esclarecimiento de estos atropellos y al castigo de los responsables materiales, intelectuales y políticos, el Estado estará enviando un mensaje de impunidad y ruptura del estado de derecho. (La Jornada, política, p.p. 6-8, 10 de Diciembre de 2012).