domingo, 18 de abril de 2010

Políticos monaguillos

Nacional
Políticos monaguillos
Por: Carlos Damian 30 de Noviembre, 2009
Tenemos mujeres encarceladas en el país por el derecho a su libertad
El PAN y PRI de acuerdo con la jerarquía católica han aplicado en el país su apoyo a castigar jurídicamente a las mujeres que opten por el aborto
México.– Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las mujeres (Inmujeres), dijo en el senado (26 de noviembre) que son retrógradas las reformas que se han hecho en 17 estados para penalizar la interrupción del embarazo eliminando causales, y denunció que ya hay mujeres encarceladas (Jalisco, Guanajuato) en el país por interrumpir el embarazo.

A las mujeres las tratan como ciudadanas de segunda clase, al obligar a la mujer que recurra al aborto a tratamiento y rehabilitación. Los gobiernos federal y estatal no han frenado la violencia contra la mujer, lo que tiene un costo de 2 por ciento del PIB, además de que desde hace una década no se hacen campañas de planificación familiar. Muchas de las reformas de acuerdo a las políticas religiosas para criminalizar a las mujeres están con pies de barro, y se pueden caer porque México firmó tratados internacionales, que fueron ratificados por el Senado y son Ley Suprema en el país, están por debajo de la Constitución de la República, pero por encima de las constituciones locales y las leyes estatales.

Reformas para penalizar el aborto
El aborto está penalizado en el país, incluso en el Distrito Federal (DF). Lo que sucede es que en el DF se legisló para que se permita la interrupción del embarazo hasta la semana 12 sin ninguna causal, y las mujeres que decidan practicarse un aborto pueden hacerlo en clínicas sin riesgo para su salud.

En lugar de enviarlas a la cárcel, debemos decirles que tienen protección, que tienen oportunidades y que hay que hacer campañas de prevención. Cuando son obligadas a abortar lo hacen por presión de sus parejas, y ellos las acompañan a que se practiquen el legrado. La pareja sentimental de las mujeres que abortan debería recibir tratamiento contra la violencia.

Descalifican a Secretaría de Gobernación por su actitud
Cesar Nava Vázquez del PAN menciona que apoya decididamente las reformas estatales que penalizan la interrupción del embarazo y que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo. El Secretario de Gobernación (SG) se opone al aborto con argumentos referidos a que la vida comienza desde el momento de la concepción, encontrando simpatías en Nava Vázquez. En el Senado, no sólo los legisladores del PRI y PRD reprobaron los señalamientos del secretario y le demandaron que respete la Constitución y el estado de derecho.


La gente del PRI menciona, que al SG no se le olvide que el estado mexicano es un estado semilaico, que aun no corrige adecuadamente su articulo 30, para que concuerde con las leyes y reglamentos de los estados, al que debe respetar en lugar de seguir abriendo puertas a la intromisión de la jerarquía religiosa. Su partido lo puede hacer pero el como responsable de la política interior del gobierno federal tiene que ajustarse a lo que marca la constitución mexicana.

Opiniones dela izquierda mexicana
Pablo Gómez (PG) dice que lo expresado por Gómez Mont tiene trasfondo religioso, sin abordarlo como un problema social que tiene que ser resuelto. Añadió (PG) que se sujete al derecho canónico, “porque a propósito de fieles, las fecundaciones in vitro están condenadas por la Iglesia”. Vidal Lleneras, rechazó las afirmaciones de Gómez Mont y le exigió que respete la ley. “El está obligado, más que nadie, ha respetar el carácter laico del estado. El riesgo que corremos, de no ser corregidas estas actitudes y esta ofensiva conservadora, es vernos nuevamente inmersos en polarizaciones y confrontaciones “.

En nuestra sociedad mexicana el SG violenta el estado laico al expresar su opinión personal, por lo que debería estudiar también la reproducción asistida, como la fecundación in vitro. Podemos plantear en base a las declaraciones infortunadas del funcionario, puso en evidencia la incapacidad de la administración calderonista para separar su ideología conservadora de la política pública que está obligado a aplicar a todos los sectores de la población. Sin embargo SG también transgredió el espacio público, a la vez que confirmó la determinación de la derecha de mantener las acciones que violentan las garantías fundamentales de las mujeres. (La Jornada, sociedad y justicia, p. 32, 27 de Noviembre, 2009)

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