La Reforma Agraria

Nacional
La Reforma Agraria estorba al gobierno
Por: Carlos Damian Septiembre 13, 2009
Los campesinos son excluidos como motor de desarrollo de las zonas rurales
Con el cierre de SRA, el Estado cancela el proyecto de defensa de la tierra
México.- Propone el ejecutivo federal en su plan de austeridad para 2010 desaparecer tres secretarías de Estado: las funciones de turismo (Sectur), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), y por último la Secretaría de la Función Pública (SFP). Proyecto que remitió al Congreso de la Unión, además la supresión de programas que comenta F. Calderón no han funcionado, ofreciendo ahorrar en tales recortes del gobierno federal 80 mil millones de pesos que con los cambios en materia fiscal sumarían 180 mil millones de pesos, equivalentes a 1.4 por ciento del producto interno bruto.
Concluye funciones SRA
Al dar por concluidas las funciones de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el Estado termina con el proyecto político de defensa de la tierra y con el pacto social que sostuvo desde el siglo pasado con los campesinos. En los hechos, la SRA ya estaba extinta, pues a partir de 2003 al sector agrario se le asignó 3 por ciento, en promedio, del monto total destinado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (Pecsdrs). Los pocos recursos dejaron de ser dirigidos para generar país a través de obras de infraestructura; ahora son entregados de manera individual, por organizaciones. Estos fondos monetarios se canalizaban a personas como: Narcotraficantes, parientes de políticos, ricos de abolengo y gente bien relacionada con el status quo, desvirtuándose el destino de recursos federales.

La historia de finiquito de la SRA
La existencia de una secretaría de Estado depende del compromiso del gobierno en turno con determinada política: para el actual la tierra dejó de ser el eje central y prevalece la visión de que el campesino estorba. Se explica que los ejidatarios y comuneros de los estados del centro y sur del país reciben más apoyos por medio de los recursos para el combate a la pobreza que de los subsidios para fomento productivo.

Al crearse la SRA, en 1974, la Comisión Nacional Agraria (CNA), de 1911, y el Cuerpo Consultivo Agrario (CCA), de 1935, ya habían dotado o restituido a ejidos y comunidades 8 de cada 10 hectáreas, y asignado 87 por ciento de las tierras de riego. Luego, con el cambio al artículo 27 constitucional en 1992, y la expedición de la ley agraria, la existencia legal de la Secretaría de la Reforma Agraria se respalda sólo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).

En los últimos años, la actividad de la SRA se centró en resolver los conflictos de límites y en ratificar a ejidos y comunidades la posesión de la tierra, pero bajo la perspectiva del programa de Certificación de Derechos Agrarios (Procede), cuya visión es mercantilista.

Los neoliberales en el gobierno federal
Desde la perspectiva neoliberal, se clausura una secretaría estorbosa, que mantenía viva en la sociedad campesina la idea de reivindicar la lucha por la tierra, y ello estorba en un gobierno que continúa encontrando los caminos jurídicos para que los terrenos nacionales y los de propiedad social con riqueza natural y de subsuelos sean propiedad privada. La lucha por la permanencia de la Reforma Agraria, y de que sus funciones no se diluyan en otras instancias del gobierno, debido a que el liderazgo del movimiento campesino está diluido, están fraccionados porque se convirtieron en gestores o bufetes jurídicos para acceder a los recursos de los programas gubernamentales.

La figura de Zapata en el devenir del tiempo
Estamos siendo testigos de que el gobierno federal busca enterrar todas las formas de derecho social de naturaleza agraria y laboral, criminalizando la lucha social desde cualquier frente. En este proyecto social del país del águila descalza busca desintegrar todo movimiento social que no puede pelear con el estado, porque todos tienen intereses distintos y con ello impide a los campesinos reconstruir su historia a través de sus documentos agrarios; pues el Procede se encargó de desarticular a los ejidatarios y comuneros. En verdad la disyuntiva no es si desaparece la SRA, sino que desde el estado se hace a un lado el espectro político nacional el proyecto de desarrollo rural basado en la tierra, e incluir a los campesinos como motor de desarrollo en las zonas rurales. (La Jornada, política, p. 6, Septiembre 14, 2009).