Cédula de identidad

Nacional
Cédula de identidad
Por: Carlos Damian 27 de Noviembre, 2009
Se atenta contra la democracia y se sospecha del gobierno
Debemos avanzar en un convenio y leyes que proteja los datos personales
México. – Ante la ambigüedad legal que existe acerca del documento que debe certificar la identidad de los mexicanos, la Secretaría de Gobernación (SG) y el Instituto Federal Electoral (IFE) están obligados a encontrar una opción viable, que no puede ser la coexistencia de la credencial de elector y la cédula de identidad. La expedición de la cédula de identidad simultánea a la credencial para votar atentaría contra la democracia de manera indudable y colocaría al gobierno en una innecesaria suspicacia.

El IFE ha dado su aval respecto de 63 millones de credenciales renovada y hechas con plena seguridad entregadas al electorado mexicano, más aún se advertirían cuestionamientos al proceso de los comicios 2012; por eso partimos de la premisa de que al gobierno le interesa preservar una elemental estabilidad para la elección presidencial y esa estabilidad pasa por no emitir un documento simultáneo a la credencial de elector. Además si el consenso que se está tratando de construir se rompe por cuestiones administrativas en marcha quedará a la luz pública la calidad moral y política del gobierno federal.

El instituto propuso al Ejecutivo federal crear un documento con doble función
Después de años de estar usando la credencial de elector podemos ver que ha sido un factor fundamental en la consolidación de la democracia mexicana, en la construcción del padrón electoral y en la construcción misma de lo que sería la cédula de identidad. En suma las reformas de 1990 y 1996 muestran la transformación que ha tenido la credencial de elector y la tozudez de algunas ambigüedades entre la ley electoral y la legislación en materia poblacional.

Se ha anunciado de parte de SG que la empresa holandesa Smartmatic International Holding ha ganado la licitación de los equipos para elaborar la cédula de identidad ciudadana, las otras compañías participantes en dicho proceso informaron que (nov 26, 09) interpondrán una queja ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el fallo, y acusaron al área técnica del registro Nacional de Población (Renapo), dependiente de la SG, de otorgar contrato bajo condiciones de favoritismo.

El instituto propuso al Ejecutivo federal crear un documento con doble función
Por principio de cuentas la brillante idea del gobierno federal por crear una cédula de identidad cuando ya hay dos: en primera instancia, la credencial de elector por parte del IFE por medio del Registro Federal de Electores y segunda, la credencial del Sistema de seguridad social del estado encarnada por la propia credencial que elabora el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los ciudadanos del país, que pagan impuestos (SHCP). Las dos opciones son ciertas y mucho más exactas que el de la clave única de registro de población (CURP), a cargo de la SG, la cual sería la base para la expedición del documento propuesto.

No deja de ser inquietante, la perspectiva de que el Ejecutivo Federal disponga, en una de sus dependencias, del registro de datos biométricos de toda la ciudadanía; habida cuenta de las condiciones imperantes de descomposición y corrupción en el seno de la administración pública en todos los niveles, un padrón semejante podría colocar a quienes se registren en este sistema en un estado de indefensión y de riesgo frente a servidores públicos inescrupulosos, frente a grupos delictivos infiltrados en las distintas instancias del gobierno o ante virajes hacia mayores cotas de autoritarismo y represión de las ya existentes.

Finalmente, ante la persistencia gubernamental de destinar grandes sumas de dinero a la elaboración de un instrumento oneroso y torpe, y ante la manifiesta incapacidad de SG para dar argumentos sólidos y coherentes sobre la conveniencia y necesidad del uso de esta cédula, resulta inevitable preguntarnos si los planes de elaboración de tal ID obedecen a un designio de control policial sobre la población, con miras a la posible aplicación de represalias en contra de las oposiciones políticas y sociales; y a una voluntad de emplear los dineros del Estado para favorecer negocios particulares e internacionales . He ahí el quid de tal persistencia del Estado. (La Jornada, política, p. 5, 27 de noviembre, 2009)