Las zonas costera de México

Nacional La reforma peligrosa del PRI Las zonas costera de México Por: Carlos Damián 19 de Abril, 2013 La reforma constituye una inconsistencia jurídica México. - Las pandillas legislativas practicantes del rito de San Lázaro vandalizaron el territorio nacional, asestando golpes peligrosos al cuerpo nacional con piedras y palos reformistas que permitirán a extranjeros regularizar la apropiación de tierras y construcciones en playas, litorales y zonas fronterizas antes preservadas por el atemorizado grupo social denominado Los Mexicanos para exclusiva propiedad nacional. Estos traidores nacionales se han apoderado del legislativo y han despojado a la nación de la protección histórica contra incursiones armadas de fuerzas extranjeras que, al tener paisanos como propietarios de franjas estratégicas, contarían con compradas bases de apoyo, y han abierto la puerta a la tramposa” regularización” de las truculentas formas de posesión, mediante fideicomisos, fondos y otras tretas jurídicas. Estos reformadores han hechos cambios de códigos y leyes mexicanas, para poder violarlas, lástima que en México, sólo los legisladores vean su bolsillo. En este enjuague de leyes cocinadas al vapor, no seamos ingenuos y pensemos que se encierran muchos intereses particulares. Como Manlio Fabio Beltrones (MFB), quien esconde un negocio en el que están involucrados políticos y empresarios. Dos entidades: Baja California y Sonora, son costeras, y el equipo de MFB, tiene intereses particulares y una persona de su equipo: Fernando Castro Trenti, busca la gubernatura. Esta ley tiene dedicatoria, y se le ven las orejas al violín, sino pensemos en los baby boomers, gente que no tiene dinero más que una barata pensión de Estados Unidos, son los extranjeros que van a comprar una casa en la playa y en México la van a encontrar regalada. En estas zonas los forasteros gringos y españoles, han practicado en zonas turísticas, como sucede en estos días en Baja California Norte y Sur, donde las colonias de extranjeros forman asentamientos de exclusión a los nacionales, que eventualmente podrían invocar la protección de sus gobiernos en cualquier tipo de conflicto, real o simulado. Una forma oficial de estos delincuentes de cuello blanco con el producto de sus felonías que realizan desde el poder es el cobro de comisiones por negocios autorizados. Se lesiona el interés público pero se benefician carteras privadas, de manera que no pueden comprobar, y en casos de desastre, las sanciones son más aparatosas que efectivas. En este contexto de robos disfrazado sucede que los encargados de otorgar permisos, concesiones y generosidades varios de estos rateros de cuello blanco acaban como directivos y consejeros de las empresas beneficiadas. Las reformas del legislativo sólo impulsadas por el dinero Todavía no puede creer que estos legisladores y presidentes, como Ernesto Zedillo, acabaron como consejeros de empresas que privatizaron, secretarios de Hacienda que pasan a ser directores y asesores de bancos extranjeros a los que beneficiaron en su tiempo, como la secretaria de energía de Felipe Calderón, la honesta Georgina Kessel, que ahora es consejera de Iberdrola, la empresa española que es la principal productora de energía eléctrica en México, con gran crecimiento en México en proyectos eólicos, para que los ciudadanos mexicanos paguen cara la energía al asociarse a estas empresas extranjeras insaciables. El martes 23 de abril, en la cámara de Diputados se aprobó una reforma al artículo 27 de la Constitución, propuesta por la diputada del PRI Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, que elimina la prohibición para que ciudadanos extranjeros posean bienes inmuebles en las llamadas zonas restringidas –una franja de 100 kilómetros en las fronteras y de 50 kilómetros en las playas- con la condición de que tales propiedades sean destinadas a uso habitacional y no comercial, industrial y agrícola. En la sesgada lógica de los legisladores que aprobaron dicha modificación, pertenecientes a las bancadas de PRI y PAN, dicha prohibición constitucional obedece a una circunstancia histórica que no podemos decir que se ha superado, por los continuos ejercicios militares de nuestro vecino del norte – el riesgo de una invasión “cuerpo a cuerpo” de ejércitos extranjeros por las playas o por las fronteras-, que ha dado lugar a ejercicios de simulación en los que ciudadanos de otros países adquieren propiedades en esas franjas de territorio mediante fideicomisos o prestanombres. Podríamos comentar que la reforma constituye una inconsistencia jurídica con respecto a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales, que define a las playas como una franja territorial siempre viables, “que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de menor reflujo, hasta los límites de mayor reflujo y hasta los límites de mayor flujo anuales”, y establece una Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat) que constituye un bien público, delimita el área propiamente habitable de la región costera y que “estará constituida por la franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas”. Sin embargo esta última frase si siquiera se tomó la molestia de mencionarla en el dictamen aprobado por los diputados. La eliminación de la prohibición referida va a generar una presión inmobiliaria y especulativa devastadora sobre las zonas hasta ahora restringidas, habida cuenta la simetría enorme entre los ingresos de los habitantes de las regiones costeras y los de inversionistas de las regiones costeras y los de inversionistas extranjeros que quieran invertir en ellas. Muchas comunidades han padecido un abandono y deterioro económico que las han colocado al borde de la supervivencia, y en las que es inevitable sucumbir a una demanda inmobiliaria exponenciadas por la brusca expansión del universo de compradores. Ante semejante situación los vendedores se enfrentan ante una situación de tragedia como muchos ejidatarios en la época de Carlos Salinas se deshicieron de sus tierras tras la reforma de este ex presidente y el legislativo, al artículo 27 constitucional, que hizo posible enajenar tierras ejidales: la pérdida simultánea del espacio laboral y del habitacional, la imposibilidad de transformar en capital productivo el dinero recibido a cambio. Las ventas de playas y de las propiedades en la frontera sea parte de la gran venta petrolera en curso. Una parte de los frecuentes viajes del presidente actual al extranjero han servido para dar seguridad a los clientes, de que el gran pastel de Pemex será puesto a disposición de inversionistas extranjeros y que la administración de la franquicia del PRI formada por comerciantes espontáneos garantizará “el estado de derecho” para que los compradores tengan seguridad y confianza en sus operaciones comerciales. Además la conversión de tierras restringidas a tierras turísticas, y habitacionales, que supuestamente son propiedad de la élite mexicana y extranjera, haría insoportable la vecindad de cooperativas, pesqueras, franjas acuícolas, y prestación de servicios turístico artesanales. Lo adecuado con esta información sesgada y práctica aberrante de los legisladores que tratan de erradicar prácticas fraudulentas de los extranjeros que burlaban la prohibición de poseer vastos territorios en manos de extranjeros, y que supuestamente la ley pretende derogar. En esta circunstancia es mejor hacer frente, de una vez por todas, a la vasta corrupción que las hace posible. Sin embargo como son personas que no tienen la visión de sociedad y de futuro que no tienen sus similares en San Lázaro. Es procedente solicitar a los integrantes del Senado tengan la disposición y actúen con sensatez y amor a la patria que los vio nacer. (La Jornada, elecciones, p. 4, 16 de Abril, 2013).