El presidente Jolopo

Nacional La posible conspiración de LEA para asesinar a JLP El presidente Jolopo Por: Carlos Damián 17 de Abril, 2013 La crónica sobre el aire político que se respiraba en ese entonces en México México. - Hace 37 años el embajador en Estados Unidos en México enviaba información el 6 de agosto de 1976, al Departamento de Estado, cuando era secretario de Estado Henry Kissinger. Escribe el ex embajador estadounidense sus pensamientos y crónicas sobre el aire que se respiraba, político pesado y peligroso, al apuntar en sus escritos los rumores de que el presidente Luis Echeverría Álvarez (LEA) estaba conspirando para asesinar al presidente electo José López Portillo (JLP) para extender su poder más allá de la vigencia de su período presidencial. Recuerda que eran los rumores insistentes y las versiones eran de lo más variopinto, en el ambiente que se desenvolvía el diplomático Joseph John Jova (JJJ), estos cables de Kissinger como son conocidos en el ambiente diplomático rememora incluso el modus operandi del atentado: LEA con un conjunto selecto de militares de carrera serían los encargados de montar el complot y tratar como “chivo expiatorio” a la Liga 23 de septiembre e incluso “salpicar” a la CIA (Agencia Central de Inteligencia). En este escenario sangriento la circunstancia de lugar y de tiempo lo daría el 1 de septiembre, último día del informe de LEA son gente de su confianza, con militares de mayor rango leales al presidente, para no perder el “liderazgo del PRI”, y desde luego la silla presidencial volver a recuperarla. Un año antes en Estados Unidos, el ex presidente Gerald Ford había sufrido dos atentados fallidos, uno el 5 de septiembre de 1975, en Sacramento y otros 17 días después en San Francisco California. Posteriormente esta información fue desclasificada el 4 de mayo de 2006. Forma parte de los poco más de 3 mil 100 cables procedentes de la embajada de Estados Unidos en México, dentro del universo de un millón 700 mil informes de los años de la diplomacia de Kissinger, que fácilmente es navegable en la Biblioteca Pública de Diplomacia Estadounidense. Tal vez la encuentre con fecha de 25 de junio de 1976 y se refiere, según su título a una “denuncia de Echeverría de presiones de Estados Unidos contra López Portillo”. Es posible que no sean rescatados todos los cables sobre este tema en aquellas fechas debido a su condición de información sensible de Estados Unidos. El día de hoy usted encuentra como Top Secret, y “no está disponible”, toda esta información. Este tema “sólo menciona soterradamente entre amigos cercanos: la intención del presidente de conservar el poder más allá del término de su sexenio”, dice Daniel Cosío Villegas (DCV) en la última edición en la revista ‘Plural’ poco antes de su muerte en marzo de 1976. El embajador JJJ recoge una ominosa predicción de DCV, para sostener la hipótesis del complot presidencial: “si llega a ocurrir algo grotesco e inesperado”, escribe DCV. JJJ se explica la persistencia de estos rumores como “el síntoma de un clima político en el que LEA es visto con mucho recelo por muchos mexicanos, más que como un indicio de que algo así pueda suceder”. Pero justifica su decisión de abordar el tema es este despacho dados los antecedentes históricos –los atentados contra Álvaro Obregón, un cuñado de Manuel Ávila Camacho, y Carlos Madrazo, “y también porque para Estados Unidos las consecuencias de un evento así serían profundas”. En el marco de esta hipótesis, JJJ también se explaya en especular sobre lo que sucedería después. Menciona lo previsto en el artículo 85 de la Constitución en caso de que el presidente electo no se presente ese día de la toma de posesión. En esa situación, sería nominado un presidente interino mientras se realizan, en un plazo de entre 14 y 18 meses, nuevas elecciones. En esta circunstancia del complot presidencial, el embajador estima que el asesinato ocurriría después del uno de septiembre, y que el presidente interino podría ser seleccionado entre las tres fichas de Lea: Hugo Cervantes del Río, Augusto Gómez Villanueva y Porfirio Muñoz Ledo. “Lo que le permitiría al presidente mantener el poder a través de alguien más manejable que López Portillo”. Esto sería posible porque, en definitiva, asienta JJJ, el Congreso mexicano lleva impreso “el sello de Echeverría”, incluso la elección recién electa. El hilo de esta conjetura nos lleva a otra: que los legisladores, incondicionales podrían modificar la Constitución para ampliar el término de LEA en la Presidencia más allá del período legal. En este ejercicio mental hipotético, la información menciona la posibilidad de que una crisis política de esa magnitud afectaría de manera severa la economía, lo que en su opinión, no inhibiría a LEA de llevar a cabo su plan maquiavélico, ya que frente a esa crisis se invocaría la lealtad de la “familia revolucionaria”, de la cual no está exento el sector privado, que tendría que plegarse ante los hechos consumados para “restablecer la confianza”. Finalmente el embajador sin pretenderlo plasmó en sus cables diplomáticos el ambiente enrarecido político del paso de un presidente mexicano a otro. Responsabilidades de las relaciones bilaterales diplomáticas Al visitar por segunda ocasión el presidente de Estados Unidos, Barack Obama (BO) a México, con esta acción da inicio un claro viraje retórico, en la agenda temática bilateral sobre las acciones conjuntas de combate al narcotráfico dentro de la Iniciativa Mérida, y un acento de ambos gobiernos en el fortalecimiento de la cooperación en materia comercial, económica, educativa y petrolera. En la conferencia de prensa organizada por EPN y BO, el presidente de Estados Unidos señala que continuará la “cercana colaboración” con las autoridades mexicanas y al reconocer que “decenas de millones de mexicanos enriquecen la vida de Estados Unidos”, se mencionó “optimista” sobre la posibilidad de “lograr una reforma migratoria integral” en el Congreso de la Unión Americana. En este contexto la presencia del presidente BO es positivo que al replantearse la configuración en la relación bilateral, que ha sido una subordinación total de las autoridades mexicanas a las estadounidenses, y marcan la intromisión creciente que ha caracterizado la colaboración en todos los ámbitos, que particularmente les compete a los mexicanos. El instrumento Mérida es un dispositivo político-comercial que debe volver a formularse sus criterios de colaboración en inteligencia, policíacos y militares, y que por los resultados obtenidos no ha servido para reducir las actividades de las bandas delictivas, al contrario las ha multiplicado, y además ha dado un marco al sostenido deterioro de la seguridad pública y del estado de derecho; lo que particularmente ha llevado a la abdicación de potestades soberanas en materia de inteligencia, seguridad, control del territorio, y procuración de justicia. Instrumento que a todas luces ha dotado a las autoridades del vecino país de una coartada para practicar un injerencismo no adecuado y sirve para atizar las divisiones, duplicar funciones y rivalidades de las dependencias mexicanas de seguridad y defensa nacional. En este hilo de información se vive un derrumbe del estado de derecho, problema que persiste más allá de los propósitos expresados por el gobierno de EPN, y cuya continuidad del ”estado fallido” se observa en buena medida, en acciones y omisiones de Washington. La inconsistencia entre el discurso y la práctica del gobierno del vecino país hace suponer la persistencia del narcotráfico en México y de la violencia relacionada con ese fenómeno no necesariamente son perspectivas indeseables para Estados Unidos, en la medida en que representan una excelente oportunidad de negocio para su industria armamentista, y el lavado de dinero; todo lo anterior proveen de un flujo de recursos constantes a sus instituciones financieras y dan a su gobierno un pretexto para el intervencionismo. Finalmente sería posible un cambio de giro en el ejercicio de la simulación, un recambio de prioridades, un abandono de la doble moral característica frente a este fenómeno y conviertan en acciones concretas el reconocimiento ya logrado de que los migrantes mexicanos constituyen uno de los factores principales de la competitividad de su economía. (La Jornada, política, p. 13, 10 de Abril, 2013).